La verdadera cara de Daniel Noboa
La República Bananera se encuentra en plena implementación. El manual de convencer al pueblo que él mismo es el enemigo interno, además de divergir la atención pública hacia las causas y no los orígenes de la problemática estructural, parecen posicionar a la dinastía bananera como problema y antídoto del estado de violencia autoinducida en el que se encuentra el Ecuador en estos momentos. Tras una disminución relativa de los índices de violencia al inicio del “Plan Fénix” y tantos títulos estruendosos que la clase capitalista inventa para justificar sus cortinas de humo, la problemática estructural de la violencia a manos de la burguesía, como también sus consecuencias, continúan siendo las mismas. El dios mercado, hambriento de cocaína y recursos primarios -extractivos- asegura sus mercados de sustancias en forma de oro puro u oro en polvo.
El Ecuador se ha convertido en el primer exportador de cocaína a nivel mundial, además de recrudecer la violencia extractivista, ligada a la exportación de oro, plata, cobre, zinc y coltrán. Aunque los productos no parecen tener concordancia, sus destinos, mercados y las lógicas que los entrelazan en la trama del capital transnacional, son las mismas. El Ecuador sirve de mercado barato de sustancias -extractivas en sí mismas- al menudeo. Mientras se exporta oro en lingotes y en polvo, los productos predilectos de importación son armas y violencia. El Ecuador se ha convertido -tan solo en un par de años- en centro de pulso de los mercados de muerte del capitalismo.
En medio de la trama transnacional y el alarido mediático que dio la burguesía local para la declaratoria de Conflicto Armado Interno, ni la militarización ni un toque de queda de alrededor de tres meses, parecen parar la violencia o el negocio ilícito. Las bananeras continúan exportando su producto predilecto -oro blanco- inmiscuido en sus cargamentos regulares de plátano, y tan solo en el feriado de Semana Santa, se registraron alrededor de 140 muertes violentas -en un lapso de tres días-.
Al retornar del feriado de Pascuas, la violencia explota de forma cotidiana, generalizada y estructural, indiferente al alardeo de las autoridades burguesas. Vivimos un feriado con abundantes masacres -tres en Guayas, dos en Manabí-, un repunte en muertes violentas, secuestros y sicariatos. El Ecuador representa el país con más muertes violentas en todo el continente -alrededor de 40 muertes por cada 100.000 habitantes en 2023-, lo que es aprovechado por las clases dominantes y parasitarias para imponer una cortina de humo ante la imposición neoliberal. Así, este 1 de abril entró en vigencia el incremento al 15% al IVA, además de un aumento en los precios de los combustibles, como el diésel, la gasolina extra y ecopaís, así como el gas licuado de uso doméstico. Alzas que contentan únicamente a los bolsillos del FMI.
Adicionalmente, en los siguientes seis meses, se implementará una política progresiva de shock económico, enfocada en eliminar completamente los subsidios a los combustibles. Así, en un periodo de seis meses, la gasolina extra pasaría a $3 y la diésel en $2.40. Paralelamente, la burguesía espera “amortiguar” el shock de precios de los alimentos, inundando al mercado ecuatoriano con productos -subsidiados- de China. El TLC con China entrará en vigor el 1 de mayo, dando un tiro de gracia a la clase trabajadora del campo. Al mismo tiempo, mediante la consulta y referéndum del 21 de abril, el Estado intentará abaratar el costo del trabajo para la clase capitalista, liberalizando los aportes al seguro social y de pensiones públicas. La burguesía se encuentra orquestando un golpe neurálgico en contra de la clase trabajadora.
El endeudamiento externo no parece dar respiro en el Ecuador. A tan solo 4 meses de asumir la presidencia, Noboa anunció un endeudamiento adicional del Estado ecuatoriano en 3.000 millones extra, situando la deuda externa -pública como privada- en alrededor de USD 88.000 millones, o casi el 90% del Producto Interno Bruto del Ecuador. No cabe duda de que los intereses de Noboa como de toda su clase parasitaria, son el convertir al Estado en una entidad en quiebra, provocando un default o una situación de impago en pocos años.
El estado de excepción fue renovado por 30 días el pasado 7 de marzo, lo que significa que el 7 de abril culminarán los primeros 90 días de la ejecución real del Plan Fénix en territorio nacional. Conjuntamente con la declaración del estado de excepción, Noboa decretó también el reconocimiento del Conflicto Armado Interno -CAI-, mismo que intentó -y logró por un breve periodo de tiempo- engañar a la población acerca de las verdaderas razones detrás de esta declaración. Una distorsión de la realidad, cuidadosamente orquestada desde el Estado, y sostenida por las corporaciones de comunicación, lograron generar un estado de pánico colectivo, que rápidamente pasó a ser un shock. Los altos niveles de criminalidad, conjuntamente con el abandono estatal y la profundización del neoliberalismo, generaron el terreno perfecto para imponer por la fuerza un estado de shock. Mismo que –por un breve periodo de tiempo- justificó la militarización de los espacios públicos, la brutalidad policial/militar y la criminalización de la pobreza.
Las escenas de militares y policías ejecutando castigos desproporcionados y humillantes, la persecución a jóvenes racializados de sectores populares se hicieron virales los primeros días de la declaración del CAI, así como los discursos fascistoides que lo justificaban o inclusive aupaban. Poco a poco el discurso de la lucha contra el crimen organizado se fue diluyendo, demostrando la realidad: 1. el Estado y sus instituciones están permeadas por el crimen organizado; y 2. la intención del estado de excepción y declaración del CAI esconden tras de sí, una guerra implacable en contra de la organización popular. A los 90 días de decretados el estado de excepción y CAI, no solo no se han reducido las cifras de criminalidad, sino que han aumentado los homicidios, los secuestros y extorsiones, la situación de las cárceles es cada vez peor con varias PPLs desaparecidas dentro de los centros penitenciarios y con cero acceso a derechos y contacto con sus familias. Lo que si se ha sostenido es la criminalización y la persecución a personas empobrecidas y organizadas.
La semana pasada cerró con una arremetida estatal de más de 15 días contra campesinxs y pueblos indígenas en Palo Quemado y Las Pampas en Cotopaxi, que además de dejar al menos tres compañeros en estado de gravedad con pronóstico reservado, a otras decenas mal heridxs, varixs niñxs traumatizadxs y al menos 70 personas criminalizadas bajo la figura de terrorismo; ayudó a demostrar la verdadera funcionalidad de las FF.AA. en el control interno, y a la Policía en total impunidad. En Palo Quemado y Las Pampas, los aparatos represivos demostraron con hechos a quienes son serviles: la empresa privada y los intereses de la burguesía en el poder. Así mismo se demostró la impunidad con la que gozan los aparatos represivos en la capital, con una represión desproporcionada en el plantón en solidaridad con ambas parroquias en la ciudad de Quito, el pasado 28 de marzo. Hasta donde se ha conocido, no existe ninguna acción de disciplinamiento o sanción sobre ningún agente del orden por la brutalidad aplicada en Palo Quemado y Las Pampas, solo impunidad.
La escalada de violencia no solo debe leerse desde los índices de criminalidad, sino también desde la permisividad que ahora tienen las fuerzas del orden para ejercer violencia y brutalidad en contra del pueblo y la clase trabajadora. Estos últimos 90 días han representado el primer ensayo de lo que Noboa quiere institucionalizar en la República Bananera: un territorio nacional militarizado, donde se garantice el crimen organizado y se persiga a la organización popular. En los últimos 90 días, el gobierno bananero no ha logrado -ni intentado- combatir al crimen organizado fuera y dentro del Estado, todo lo contrario, ha reforzado con más poder e impunidad, a las dos instituciones más permeadas por el narco: la Policía Nacional y el Ejército. Al mismo tiempo, inician las confrontaciones con líderes populares como Leonidas Iza, en un ejercicio evidentemente autoritario del poder por parte de Noboa, que se desenvuelve en la presidencia exactamente como lo que es: un niño rico con traza de mafioso y berrinches incontrolables.
Es precisamente en este contexto inicia la campaña por la consulta popular y referéndum, donde se proponen 11 preguntas divididas en bloques, que por un lado intentan institucionalizar y perpetuar la presencia de militares en el control interno, y por lo tanto los abusos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos y colectivos. Por otro lado intenta también radicalizar la explotación a la clase trabajadora, con la pregunta sobre el trabajo por horas, que definitivamente profundiza la precarización en la que ya vive la clase trabajadora. El último eje legal, en cambio se intenta imponer una forma de ejercer el Derecho en el que poco a poco se vayan perdiendo garantías en su ejecución, retirando mecanismos de acción legales a la organización popular y los movimientos sociales, al retirarle poder a la Corte Constitucional. Es decir, es una consulta y referéndum enfocado inequívocamente a reestructurar la vida social de todos y todas, imponiendo la militarización, la súperexplotación del trabajo y alejar aún más el poco Derecho al que accedemos como pueblo.
A tres meses de la teatral escenificación de un autoatentado provocado por la propia clase explotadora en el país, se develan los verdaderos intereses de Noboa en el poder: exprimir a la clase trabajadora, mientras se militariza y persigue a quien resista o se organice. Daniel Noboa lleva el proyecto de explotación burguesa a un nuevo nivel, profundizando una liberalización económica y comercial agresiva, mientras se precarizan derechos colectivos, laborales y territoriales, todo para acrecentar la acumulación del gran capital. El 21 de abril vota todo NO.
