Lo que nos deja el 2019
A pocos días de finalizar el año 2019, debemos plantearnos una serie de interrogantes y establecer un recuento respecto a los hechos políticos más relevantes y contundentes del año que llega a su fin. Estos procesos nos permiten establecer proyecciones para el año venidero, el cual presupone una exacerbación de los conflictos y problemáticas que definieron este 2019.
Este 2019 marcó el segundo año de gobierno de Lenín Moreno, el cual se consolida como uno de los más antipopulares de la historia del Ecuador. Este gobierno parece no dar tregua con la implementación de su política de shock en su sentido más ámplio y aplicado a todos los ámbitos de vida de la sociedad ecuatoriana. La privatización de CNT -la cual aún no concluye- parece dar un claro ejemplo de la intención de Moreno y sus acólitos de continuar con la subsecuente privatización de otras áreas de competencia y recursos del Estado. La terciarización o outsourcing de estos sectores y servicios públicos confluye y corresponde directamente con las condiciones creditícias a las cuales se ha sometido la economía y el aparato estatal ecuatorianos. Una recomendación que parece común dentro de estos paquetes de medidas es la privatización del Banco Central, la cual en nuestro caso dejaría sin poder de decisión alguno al Estado frente a una economía dolarizada y ya se encuentra sobre la mesa entre círculos cercanos al gobierno. Resulta certero aseverar que la entrega de concesiones de recursos estratégicos como las hidroeléctricas, la Refinería del Pacífico, telecomunicaciones y demás empresas públicas, continuarán durante el último año de gobierno de Moreno.
La misma lógica termina por confluir con la ampiación de la frontera ecológica. El año 2019 estuvo marcado por la materialización y expansión de la explotación de áreas de imporancia biológica como el Parque Nacional Yasuní, además de proseguir con el consecionamiento de proyectos mineros a gran escala en todo el territorio nacional. De tal manera nos convertimos en potencia minera, avalada de manera falaz por el gobierno como responsable. Mientras las primeras desastrozas consecuencias para el ser humano y la naturaleza parecen manifestarse, el cortoplasismo del gobierno legitima el despojo y la destrucción de la Pacha Mama. Este factor resulta fundamental al momento de comprensión de la lógica estatal actual, ya que más del 50% de la enaltecida inversión extranjera directa corresponde al sector minero, reproduciendo el patrón neoextractivista que siempre ha atravesado América Latina como proveedora de materia prima para el mundo.
Este año que termina se caracterizó también por el la fima de un paquete de rescate y deuda con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones, por más de 10.000 millones de USD, al mismo tiempo de perdonar más de 4.200 millones USD en impuestos a la banca y a los industriales ecuatorianos. Este acontecimiento tuvo y tendrá repercusiones que definirán de manera decisiva la política estatal respecto a inversión social y política pública en general.
Después de dos años del inicio de la gestión de Lenín Moreno, el sector público ecuatoriano se encuentra atravesando una situación desastroza. Una de las consecuencias directas de las medidas impuestas es el despido maviso en el sector público. Tan solo en este 2019, se estima que más de 20.000 empleados públicos fueron separados de su cargo. Estas medidas se complementan con recortes masivos en los sectores de asistencia y seguridad social. Entre los recortes aprobados para el siguiente año se eliminarán en un 100% el presupuesto para prevención del embarazo y más del 80% del presupuesto para el cumplimiento de la Ley para Erradicar la Violencia de Género, además de aproximadamente 120 millones USD en materia de educación. Estos hechos evidencian la clara intención del gobierno de Moreno de desinstitucionalizar sucesivamente al Estado desde adentro, afectándonos a cada uno y cada una de nosotros y terminando por entregarlo a la empresa privada.
La realidad política ecuatoriana estuvo definida este 2019 por un recrudecimiento de la persecusión política por parte del Estado. El discurso oficial -el cual parece mantener su vigencia hegemónica- dio paso a una confrontación directa y abierta con su némesis autofabricado, el espectro del correísmo, conllevando una regresión notable en materia de derechos y libertades civiles para todos. Sobredimensionando su poder de agencia y convocatoria, el gobierno de turno da crédito total a este movimiento como causante y responsable político de organizar a cientas de miles de personas en Paro Nacional. Esta clase de lecturas evidencian la pobre capacidad de lectura política y social que posee el gobierno de Moreno, además de su profunda ignorancia a la hora de entender al pueblo. La lógica estatal en este ámbito vislumbra una clara falta de visión e ineptitud completa por parte de las élitas políticas actuales de comprender, interpretar y traducir los procesos sociales y políticos recientes del país y la región. Como conclusiones claras del proceso popular en Chile, las movilizaciones en Haití, el golpe de Estado en Bolivia y el Paro Nacional en Ecuador, deducimos de aquello que las élites gobernantes han perdido todo vínculo con el pueblo, imponiendo agendas que atentan contra el mismo de la manera más vil y reprimiendo su clamor de justicia hasta las últimas consecuencias. Esta tendencia viene acompañada por un creciente autoritarismo de los gobiernos de derecha en América Latina y la crimicriminalización de toda disidencia. Sin embargo, mientras aumentan los costos humanos, la represión parece dinamizar las revueltas populares, encabezadas actualmente por el digno pueblo de Chile.
Indudablemente, el Paro Nacional de octubre marcó un hito para la política ecuatoriana contemporanea, visibilizando los puntos de ruptura en un sistema que precariza la vida en general, el cual socializa las pérdidas y simultáneamente privatiza las ganancias. Estos 12 días de organización y resistencia popular marcarán la dirección que tomará el proceso político a nivel de calle y pueblo en los próximos años. Esto en cambio si parece haber sido entendido por el gobierno de turno. El reciente anuncio del Ministerio del Interior de reabastecerse de indumentaria antidisturbios, la cual incluye compras valoradas en 1,7 millones USD, permite vislumbrar un panorama de recrudecimiento de la represión estatal para 2020. Entre el material adquirido se incluyen; 50.000 granadas de gas lacrimógeno, 1.000 carabinas, 12.000 cartuchos de goma, 30.000 perdigones de goma, 15.000 municiones aturdidoras y 1.000 máscaras antigas.
El 2019 cierra como el año en el que el gobierno de Moreno materializó el mandato autoimpuesto de destruir todo lo anterior, además de introducir y consolidar en la economia y sociedad ecuatorianas nuevas -y antiguas- dinámicas de explotación y expropiación, las cuales exacerban y profundizan las desigualdades sociales y económicas. Este año finaliza con una rampante desabrobación a la gestión de Moreno, con un rechazo generalizado que se ubica sobre el 80% en las últimas encuestas, convirtiéndolo en uno de los presidentes más antipopulares de la historia del Ecuador.
Sin embargo, no todo parece haber sido oscuridad en este 2019. Cerramos este año también con luz de esperanza. Los procesos populares de contestación y rechazo al neoliberalismo, al patriarcado, al capitalismo en todo el continente, seguirán desarrollándose y radicalizándose con el inicio de esta nueva década. Los pueblos de América Latina -ante la arremetida que supone volver a implementar las recetas y preceptos fallidos de la década de 1990- parecen haber aprendido de la historia para definirla por si mismos. El dicho: “un pueblo no debería temer a sus gobernantes, el gobierno debería temer al pueblo” adquirió este año un nuevo significado para las élites gobernantes en el continente. La organización popular presupone una amenaza al proyecto neoliberal en nuestros países. Como ya lo declaraba Piñera recientemente, las élites se encuentran “en guerra un enemigo muy poderoso”. En América Latina se respira lucha.
Este 2020 estará marcado por el inicio de la campaña electoral en Ecuador y presupone una pérdida aparente de apoyo político por parte de los grupos económicos representados por Guillermo Lasso y Jaime Nebot hacia el gobierno, en un intento de captar el descontento y apropiarse del mismo como capital político. El anuncio de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de no acatar el decreto 883 durante el Paro Nacional podría interpretarse como clara señal de que la derecha socialcristiana pretende deshacerse de una marioneta que le resulta cada vez más incómoda, ya que representa una premonición de la política venidera bajo un nuevo gobierno de derecha. Un factor político que se subestima hasta el momento en el Ecuador lo representan las fuerzas políticas evangélicas, las cuales ya contarían con una base electoral correspondiente a un 10% del electorado ecuatoriano.
Concluimos este año con la seguirdad y la singularidad de que resulta indispensable el desarrollo de una alternativa real a la extrema derecha por parte de la izquierda y la renovación necesaria que un proyecto de tal magnitud presupone con las actuales circunstancias políticas de persecusión, represión y amadrentamiento. Sin el desarrollo de una alternativa horizontal, antipatriarcal y solidaria, los grupos económicos de poder se volverán a salir con la suya, imponiendo un modelo caduco a la totalidad de la sociedad ecuatoriana. Tomando como referencia los procesos populares de este año, aseveramos la necesidad de iniciar un proceso de contestación generalizada al neoliberalismo, para conseguir sobrepasarlo de manera definitiva. Por un 2020 lleno de resistencia, por una década de cambios profundos, por un mundo en el que quepan muchos mundos.
