Narco-Estado: una alianza interburguesa
Los ocho meses transcurridos del 2022, imponen un panorama caracterizado por la extrema violencia en el Ecuador. Más de 2500 muertes violentas hasta agosto 2022, duplicando la cifra del mismo periodo en 2021, además del gatillo fácil del Estado burgués o la austeridad impuesta sobre salud y educación, representan mecanismos de dominación y exterminio capitalista, recrudecidos en el actual momento histórico neoliberal. Al mismo tiempo, Lasso declara cínicamente que en 15 meses invirtió más en las carteras sociales del Estado que en los últimos 14 años, transgrediendo todo juicio de sensatez política o incluso humana. Aunque el Estado burgués presuma encontrarse del lado contrario al crimen organizado, esta narrativa es cada vez menos sostenible ante la escalada vertiginosa de la violencia estatal de manera simultánea a la paraestatal.
En este sentido, uno de los primeros elementos que denotan un narco-Estado en el Ecuador es la obviedad con la que las fuerzas represivas del Estado -organismos que supuestamente deberían combatir las economías ilícitas como el narcotráfico- se inmiscuyen en las redes delictivas del crimen organizado. Tanto los escándalos de los Narcogenerales, denunciados por la embajada yanqui, el escándalo de la Armada, o como el caso Danubio, red delictiva por medio de la cual se vendían cargos por sumas millonarias en el Servicio Nacional de Aduana, develan un claro y abierto contubernio del poder burgués entre el poder del Estado y el poder de las redes delictivas y estructuras ilícitas, complementando la corrupción de la clase política enunciada desde el poder del libre mercado, la subasta del Estado y la cocaína -tanto en su forma simbólica como material-.
Al mismo tiempo y como estrategia política de revertir argumentos y acusaciones, el oficialismo y la maquinaria mediática burguesa posicionan la retórica de la cooptación del crimen organizado contra el pueblo, argumentando que la organización popular se encontraría financiada por dichas estructuras. Este discurso se visibilizó con las acusaciones infundadas y ridículas del financiamiento ilícito del Paro de Junio de 2022, primero supuestamente con 15 y después con 25 millones de dólares. Esta narrativa ignora que el poder empresarial en las periferias capitalistas, tanto como en sus centros, siempre se encuentra inmiscuido con el crimen organizado y el narcotráfico e indudablemente, jamás hubiese apoyado un paro popular. Las economías ilícitas representan uno de los pilares del sostenimiento del sistema capitalista y en la absoluta totalidad de los casos, forman parte del poder burgués. Claramente sectores de la burguesía ecuatoriana, como los grupos exportadores, las constructoras inmobiliarias y los círculos político-empresariales son comodines del narcotráfico, sus caras visibles en la esfera pública y sus manos invisibles para el sostenimiento del estatus quo.
Contrario a supuesto resquebrajamiento institucional por parte del crimen organizado, este proceso presupone un momento de fortalecimiento del orden burgués. Las economías ilícitas han logrado sostener la acumulación capitalista a lo largo de la historia, el carácter transnacional del narcotráfico siempre ha estimulado la economía mundial. Así mismo, el papel del imperialismo frente al narcotráfico -con especial énfasis en el tráfico de cocaína- ha sido la facilitación del control territorial a cambio de colaboraciones pérfidas: el crimen organizado alrededor del narcotráfico históricamente ha ejecutado una intervención terrorista contra la organización popular. La aclamada guerra contra las drogas, es en realidad la empresa por la cual se facilita las operaciones del crimen organizado alrededor del narcotráfico, a cambio de una buena porción de la ganancia -repartida transnacionalmente entre burguesías locales y del Norte-, y la carta abierta a la injerencia imperialista en territorios del Sur global. Así mismo, el fenómeno del narcotráfico actualmente carece de las figuras emblemáticas como lo fueron Escobar, El Chapo o Al Capone, para convertirse en organizaciones que se sostienen en su propia estructura, sobrepasando las figuras de líderes y por lo tanto dificultando su combate: el narcotráfico es el ejercicio más perfecto del libre mercado, y por lo tanto, prescinde de cualquier personalidad.
Las economías ilícitas no solo sostienen el circulante en las economías lícitas inyectando capital lavado de infinitas maneras, sino que representan una profundización de la dominación capitalista por parte del híbrido político criminal del narco-Estado. El orden burgués sobrepasa la figura histórica del Estado, enmarcado en el paradigma de la legalidad, constituyéndose en un accionar simultáneo entre dos Estados. Rita Segato plantearía que el orden del crimen organizado vendría a ser un “segundo Estado”. Sin embargo a la vista de la relevancia del narcotráfico en la economía y el mundo de la vida, quizás estemos entrando en una era en la que necesariamente deberíamos plantear que en términos prácticos, ese “segundo Estado” bien podría ser considerado el principal y más distinguido de las grandes instituciones rectoras de la vida, los territorios y las economías. O simplemente, frente a sus implicaciones transnacionales, sería más exacto hablar del crimen organizado y del Estado como un solo ente bicéfalo e inseparable.
El narcotráfico ocupa un espacio de poder paraestatal, que administra espacios que en términos históricos le corresponderían al poder popular. Consecuentemente, el crimen organizado destruye, infecta y mutila los espacios sostenidos por y desde las lógicas comunitarias. El Estado legítimo facilita el control territorial al crimen organizado, desde la inacción, la corrupción y el abandono: la persistente precarización de la vida facilita la colonización del mundo del mercado sobre el mundo de la vida, que subsecuentemente corroe el tejido social, al punto de tornarlo hostil en contra del propio pueblo. El capitalismo convierte los espacios antes comunitarios, en semilleros del crimen organizado, que ahora ocupa ese espacio de poder -antes ocupado por el poder popular-. Sumado a esta lógica perversa, el crimen organizado –mayoritariamente construido alrededor del tráfico de cocaína- utiliza una pedagogía de la crueldad (Segato 2016), que se convierte en un pasaje de consolidación no solo del control territorial, sino de la subjetividad criminal. La normalización de la extrema violencia, una vez más destruye sistemáticamente el tejido social y la capacidad de empatía de las poblaciones. La pedagogía de la crueldad se imprime de forma específica sobre cuerpos racializados, feminizados, animalizados y empobrecidos. El Estado bicéfalo emprende una guerra sin tregua contra el pueblo.
El crimen organizado y el Estado se encuentran en una alianza casi inseparable, ya que el primero no representa una amenaza real al poder de la burguesía. No es una amenaza ni en Ecuador, ni en Colombia, como tampoco en Centroamérica o México, ya que en ningún caso se ha propuesto la toma del poder político institucional. Claramente estas estructuras se engranan en las lógicas del capitalismo, constituyendo las redes delictivas ilícitas, uno de los pilares encubiertos del poder que coopera con el Estado burgués.
En definitiva, el narco-Estado es producto directo del capitalismo, y se justifica perfectamente bajo la premisa de la maximización de la acumulación. La burguesía, el libre mercado y su sistema financiero, precisan fundamentalmente del capital ilícito para sostener sus burbujas especulativas y multiplicar sus capitales. El crimen organizado es uno de los poderes que sostienen a la burguesía, su brazo paraestatal para la protección de sus privilegios de clase, además de una fuente central de inversión. La burguesía es la clase que aglutina al crimen organizado y al poder del Estado.
