Triunfó el pueblo
Con la firma del Acta por la Paz, entre el Gobierno Nacional y la CONAIE, FEINE y FENOCIN el pasado 30 de junio, concluyó uno de los procesos de lucha y organización popular más significativos de las últimas dos décadas en el país. Tras 18 jornadas antineoliberales consecutivas, apoyadas por medidas de hecho en todas de provincias del territorio ecuatoriano, se consiguió el triunfo más contundente en años de organización popular. Pocas son las paralelas a nivel mundial, en las cuales movimientos sociales, por medio de la lucha colectiva, triunfan frente a un gobierno antipopular, el cual utiliza la radicalización de la violencia -explícita y simbólica- para someter al pueblo, obligando a un Estado a escuchar y atender sus demandas más urgentes. Una vez más, el pueblo le demostró a la burguesía que la dignidad es inclaudicable y la movilización representa el único camino y estrategia para la consecución de cambios sociales, políticos y económicos.
La violencia estructural y sistemática, aplicada durante los 18 días de Paro Nacional por las fuerzas represivas, no cuenta con precedentes históricos en el Ecuador. Se implementó una estrategia de violación sistemática a Derechos Humanos con armamento potencialmente letal, misma que cuenta con paralelas en los estallidos sociales de Chile y Colombia entre 2019 y 2021, y corresponde a las tácticas militares de la imposición del genocidio sionista en contra del pueblo palestino. El Ecuador recibe cooperación militar y policial del Estado de Israel a partir de un acuerdo con el gobierno de Rafael Correa. El Estado policial perfeccionado e impuesto por Guillermo Lasso, representa una continuidad histórica de las relaciones militaristas afianzadas en 2014. Una de las exportaciones por excelencia del Estado israeli, como lo practica y perfecciona desde hace décadas en la población palestina, son las mutilaciones oculares y contusiones encefálicas con proyectiles “no letales”.
En el momento histórico actual, el Ecuador se enfrenta a un proceso de reacumulación primitiva, que se ejecuta mediante una agresiva política económica neoliberal. La doctrina del shock es el mecanismo de imposición del libre mercado: aprovecha la conmoción social de una crisis múltiple, para disponer de las reformas necesarias para la liberación total de la economía de un país. El duelo y la indefensión aprendida a los que se enfrentan el pueblo y la clase trabajadora durante un periodo de crisis -el estado de shock- son aprovechados por fundamentalistas del mercado para imponer una transformación capitalista extrema, que garantice a la burguesía local y transnacional, la maximización de la acumulación de capital.
La doctrina del shock se impuso a partir del 2017 con el gobierno de Moreno, en el que Lasso estuvo involucrado de forma directa. Según Milton Friedman -fundador de la escuela de Chicago y asesor económico de la dictadura sanguinaria de Pinochet- un gobierno tiene entre 6 y 9 meses para ejecutar las reformas legales necesarias para liberalizar por completo la economía de un país. En consonancia ideológica, Lasso intentó una reforma legal compleja e interdisciplinaria con la presentación de la Ley CREO, que planteaba modificaciones tributarias, laborales, comerciales y de inversión. Sin embargo, tuvo que fraccionarla en tres partes, de las cuales solo fue aprobada la sección tributaria; la reforma en materia de inversiones fue archivada y el Ejecutivo se abstuvo de enviar la reforma laboral, al no lograr hegemonía en el Legislativo. Por lo tanto, el plazo de 9 meses para la ejecución exitosa de la doctrina del shock ya expiró.
El siguiente paso que Lasso ya tomó, es convertir al Estado en un gigantesco órgano policial altamente represivo, invirtiendo en equipamiento y formación de los aparatos represivos del Estado, así como ejecutando convenios en materia de seguridad e inteligencia con las grandes potencias represivas del mundo, como EE.UU. e Israel. Esta lógica se encuentra en consonancia con los intereses imperialistas geopolíticos yanquis, que definen al Ecuador como un nuevo gran aliado en América Latina, frente a una nueva oleada progresista en la región. Así, desde presidencia se anunció con una profunda alegría lacaya, el proyecto de iniciar el Plan Ecuador, augurando graves consecuencias para el país.
La radicalización no solo de la violencia explícita, sino también de la persecución política y el amedrentamiento judicial del Estado burgués en contra de la organización popular, corresponde a la lógica del enemigo interno, eje estructurante de la estrategia burguesa de criminalización de la protesta social y la fascistización colectiva. La gente de “bien”, aupada por la prensa burguesa, demostró su profundo y recalcitrante racismo como elemento estructurante de la conciencia de clase de la oligarquía rentista ecuatoriana. La clase parasitaria en el Ecuador continúa convencida de que este país sigue siendo una gran hacienda. En esta lógica se inmiscuye la campaña de odio que sostiene el Gobierno Nacional en contra del Movimiento Indígena y concretamente contra Leonidas Iza, al arrestarlo de forma arbitraria el mismo 13 de junio, manteniéndolo secuestrado por más de 10 horas. Adicionalmente, el 18 de junio, Iza sufriría un atentado, al ser disparado el vehículo en el cual se movilizaba. En este contexto, este 4 de julio podría decidirse una eventual aprehensión y encarcelamiento del presidente de la CONAIE, acusado de paralización de servicios públicos en el marco del Paro Nacional.
Sin embargo, el gobierno de la banca -máximo representante nacional del capitalismo perverso- no logró prever ni prevenir la organización popular. Después de los sucesivos abusos contra el pueblo, que ha visto vulnerada de forma grave su calidad de vida: precarización extrema de las condiciones de vida con precios que hacen inaccesibles productos de primera necesidad, una ineficiencia autoinducida y desfinanciación crónica de los sectores de salud y educación; precarización laboral y la falta de acceso a empleo adecuado; violencia extrema y simbólica impuesta por el Estado con masacres carcelarias inatendidas y una creciente permisividad con el crimen organizado; una agresividad en la explotación minera y derrames petroleros constantes; una tasa de suicidio disparada, y una agudización de la violencia patriarcal contra mujeres y disidencias.
Frente a tanto desmán impuesto por el mal gobierno, la organización popular y la lucha en unidad, es el único camino que tiene el pueblo y la clase trabajadora para resistir contra la imposición de la doctrina del shock. Históricamente, esta es la única forma para la consecución de derechos, los cuales nunca se han logrado apelando a la moral de la clase opresora, sino en las calles, por medio de la movilización popular. En el Paro Nacional de junio de 2022, además de los importantes logros de los acuerdos firmados por los presidentes de la CONAIE, Leonidas Iza Salazar, de la FEINE, Eustaquio Tuala y de la FENOCIN, Gary Espinoza, con el Gobierno Nacional, se evidencian otras conquistas invaluables para el pueblo y la clase trabajadora:
1. El Movimiento Indígena se evidencia como un actor clave en la lucha contra la imposición neoliberal, que logró apelar a la organización popular en otros sectores. La claridad que se develó en el escenario político, ha inaugurado una nueva etapa en la historia del país en la que se agudiza la lucha de clases, con una conciencia de clase potencializada. La organización barrial y la repolitización del sector estudiantil es inevitable, tanto para dar respuesta a las arremetidas neoliberales, como para el sostén colectivo de la vida.
2. El gobierno de Lasso -como agente burgués imperialista- que se preparó para este momento en el poder por más de 30 años, ha demostrado una debilidad extrema en términos políticos y técnicos. Después de un año en el poder, solo ha logrado acumular fuerza represiva y alianzas transnacionales con el imperialismo. El poder político está repartido en el resto de actores de la organización popular, la sociedad civil y de los movimientos sociales. El Legislativo estuvo a 8 votos de lograr la destitución por medio del artículo 130.
3. A pesar del insistente discurso bélico en contra del pueblo, y de la persecución y criminalización de dirigentes y la protesta social en general, el gobierno tuvo que sentarse a dialogar y hacer acuerdos con quienes llamó terroristas desde el día uno de paro. La violación sistemática de Derechos Humanos y Civiles, conjuntamente con el creciente autoritarismo que se impuso desde el Estado durante los 18 días de movilizaciones, dejan secuelas inevitables contra Lasso, Carrillo, Salinas y Lara. Existen evidencias gráficas, testimonios e informes de DD.HH. que denuncian crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la Policía Nacional y las FF.AA. contra el pueblo.
Así mismo, se evidenció la fascistización de un sector importante de la población, que se corresponde perfectamente a la intención discursiva de los grandes representantes de la extrema derecha nacional, empezando por Guillermo Lasso y sus ministros, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y figuras políticas menores como Páez, Balda, Vivanco, Boscan y Fiallo. Tenemos toda la autoridad para hablar de un creciente fascismo en el país, que llegó a organizar grupúsculos fascistas que salieron a disparar a manifestantes en las calles de Quito, Tumbaco y Cuenca. Estos eventos, aunque aislados, también colaboran a la claridad del escenario político-ideológico altamente polarizado al que nos enfrentamos actualmente.
En el marco del Acta por la Paz, se expidieron los siguientes Decretos Ejecutivos:
- Decreto 452, el cual dispone a gobernadores a intensificar operativos para el control de precios, seguido por el decreto 454, mismo que declara en emergencia el sector salud. Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo 456, emite políticas compensatorias para el sector rural y por medio del decreto 462, se reduce el costo de gasolina extra, eco-país y diésel en 10ctv, y 5 más adicionales.
Medidas adicionales
- Derogar el decreto ejecutivo 95 referente a hidrocarburos, poniendo en jaque a la política extractivista de Lasso. Reformar el decreto 151, para la prohibición de explotación en áreas protegidas, territorios ancestrales, en zonas declaradas como intangibles, arqueológicas, y áreas de protección hídrica, de conformidad con artículo 407 de la constitución, Así mismo se garantizará la consulta previa.
- Proyecto de ley reformatoria del artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
- Políticas de focalización de subsidios y condonación de deudas de hasta 3.000 en Banecuador. De la misma manera, duplicar el presupuesto de la Educación Intercultural Bilingüe. Incrementar hasta $55 del Bono de Desarrollo Humano.
Estos 90 días, en los cuales se sostendrán las mesas de diálogo y seguimiento de los acuerdos alcanzados por el pueblo, son de vigilia y alerta absolutas. La creciente organización popular no admitirá el atropello al triunfo popular más contundente en décadas. Se ha evidenciado que la democracia burguesa permite su propia manipulación a conveniencia de clase. Confiar en la buena voluntad y de la clase capitalista sería ingenuo. El pueblo se mantiene vigilante, también frente a los procesos de judicialización a lxs perseguidxs y presxs políticxs del Paro Nacional de junio 2022.
La mayor y más invaluable lección del paro de junio es que los cambios -sean estructurales o de coyuntura- únicamente se consiguen por medio de la organización popular. La tarea a corto plazo consiste en sostener y elevar la organización de clase. En el Ecuador existe un pueblo digno en movilización constante en contra de la agenda neoliberal. Indudablemente, el motor de la historia es la lucha de clases. Por el uso progresivo de la conciencia de clase: todxs somos indixs.
