Una ley justa y reparadora, y el aborto disidente se defienden en las calles

El día de mañana -17 de febrero- se encontrará en el orden del día de la Asamblea Nacional, el informe de segundo debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación. La sentencia de la Corte Constitucional del pasado 28 de abril de 2021 reconoció la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en casos de violación, al mostrarse de acuerdo con que la penalización del aborto por violación, vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la integridad personal.

Del proceso de elaboración del proyecto de ley entre la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil, se planteó un proyecto legislativo que se posicionaba como una ley justa y reparadora. El proyecto de ley contemplaba esta oportunidad para generar política pública que garantice el mínimo requerido: el acceso a un derecho, que contemple las realidades materiales y las necesidades reales de las niñas, mujeres y personas en capacidad de gestar. Sin embargo, en el proceso dentro de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley ha sido poco a poco destruido, hasta convertirse –tanto en el caso del informe de mayoría, como en el de minoría-, en un proyecto misógino-patriarcal, que lejos de responder a las necesidades de las niñas, mujeres y personas gestantes, responde a los intereses mutilantes de los sectores más conservadores de la sociedad.

La desinstitucionalización de la política en el país, ha llevado a que el Legislativo ni siquiera comprenda el papel que tiene que cumplir frente a una sentencia de la Corte Constitucional. Los debates que se han dado en el pleno de la asamblea, han girado en torno a la pregunta filosófica acerca del inicio de la vida, del valor moral y político de la autonomía corporal de las mujeres, niñas y cuerpos gestantes, o inclusive de la penalización del aborto por violación. El cuerpo de la Asamblea Nacional ha demostrado su incompetencia inclusive para dar lectura certera a una sentencia explícita. Esta incompetencia se materializa negativamente sobre los cuerpos y las vidas de todas las personas, que verán vulnerado el derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación.

No es de extrañarse de que en los marcos del neoliberalismo -donde las instituciones se degradan hasta la incompetencia autoinducida-, la política resguarde a cualquier costo, los intereses de los grupos de poder y las élites misóginas, patriarcales y antiderechos. Evidencia de esta desinstitucionalización, representa la actuación del mismo Presidente de la República y miembro estrella de la secta ultraconservadora del Opus Dei, cuando antes de finalizados los informes y los debates, ha declarado ya que dará un veto total a la ley. El discurso de la democracia solo cabe en sus propias lógicas, mientras no atente contra sus pérfidos intereses. Como se perfila el panorama legislativo, resulta muy probable que se apruebe en segundo debate una ley que adeude con creces las necesidades de las niñas, las mujeres y las personas en capacidad de gestar, que han sido víctimas de violación.

Desde los movimientos feminista y transfeminista, rechazamos ambos informes y demandamos un nuevo proceso de debate donde se garantice que el dictamen de la corte se respete en su integralidad. El proyecto de ley debe debatirse desde la perspectiva de la salud pública, y no desde la perspectiva moral individual de lxs asambleístas o sus líderes. Esta ley no puede convertirse en la oportunidad para regresionar derechos. Le recordamos a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo y a la sociedad en general, que la maternidad forzada es una forma de tortura. Que el aborto por violación ya está despenalizado en el Ecuador. Que las raíces históricas de la prohibición del aborto responden a las necesidades de acumulación del capitalismo patriarcal colonial. Que no descasaremos hasta que se reconozca en su integralidad, la autonomía de nuestros cuerpos.