Ajuste antipopular y resistencia en tiempos de COVID-19 (Parte II)
El fin de los subsidios a los combustibles y liberalización de precios
Otra medida del morenismo, opuesta al sentimiento popular expresado en la rebelión de octubre es la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y diésel y la liberalización (controlada) de sus precios. En efecto -como si octubre nunca hubiera sucedido- en el decreto 10541, el gobierno de Moreno dispone liberar los precios de la gasolina extra y del diésel, los cuales desde mayo se registran en 1,75 y 1 dólar por galón respectivamente. En un futuro próximo, ests precios irán fluctuando -conforme se mueva el precio del crudo ecuatoriano- dentro de un margen de +/- 5% de variación de precio, pero con la salvedad de que nunca podrán ser menores a los precios iniciales decretados en mayo.
De hecho, si hay un repunte de los precios internacionales del petróleo, el precio de la gasolina extra y el diésel subirán, así sea a un ritmo controlado. Por ejemplo -tomando los datos y las fórmulas del decreto 1054- si se asume hipotéticamente que entre mayo y junio de 2020 los “costos de producción” de gasolinas crecen un 50% -debido a un aumento similar en el precio del crudo ecuatoriano, que sirve de referencia para que Petroecuador estime el costo de producción, y asumiendo todo lo demás constante- el precio de la gasolina extra se mantendría creciendo 5% cada mes hasta que, para enero de 2021, llegaría a 2.50 dólares por galón. Quizá este escenario no llegue a darse por la debilidad e incertidumbre del mercado petróleo a causa de la crisis global del coronavirus, pero ejemplifica cuál será la nueva dinámica del precio de la gasolina extra. Algo similar puede esperarse con la gasolina diésel.
Aunque es claro que se necesitaba replantear con urgencia los subsidios a los combustibles -pensando en clave integral, no solo fiscal- el mayor problema de la medida es que nuevamente se impone sin ningún debate ni consenso previo con sectores vulnerables que serán los afectados por la incertidumbre asociada a la flotación de precios y su potencial incremento. A eso se suma que, con la liberalización de la importación de combustibles, se crean las condiciones para crear poder de mercado en beneficio de comercializadores privados y grupos importadores incluso transnacionales.
Recortes, liquidación de empresas públicas y más deuda
Para completar esta panorámica de las medidas económicas del morenismo en tiempos de coronavirus, se pueden incluir múltiples recortes presupuestarios. En total, el gobierno ha anunciado que recortaría 4 mil millones de dólares de gastos: 980 millones por reducción de masa salarial; 400 millones por menores pagos de bienes y servicios; 1.300 millones de gasto de capital; y 1.300 millones por renegociación de la deuda pública. Sobre el recorte de la masa salarial pública, la medida se concentraría en: finalizar contratos ocasionales (3.500 contratos no se renovarían en junio) y reducir 2 horas a la jornada laboral de los empleados de la función ejecutiva (excepto salud, policía y fuerzas armadas) y 1 hora a docentes (con reducciones salariales de 16 y 8% respectivamente). Aunque la masa salarial pública es otra variable que requiere restructurarse, es –al menos– criticable que en su reducción no se dé mayor énfasis en el recorte de salarios dorados (incluyendo todos los sectores, como educación, salud, policía y fuerzas armadas) a cambio de preservar los salarios y los empleos de trabajadores del sector público de estratos medios y bajos.
Por su parte, el recorte de gasto de capital genera varias dudas, más cuando desde 2013 se vienen aplicado drásticas reducciones a ese rubro que han implicado una caída permanente de la inversión pública. Solo para dimensionar la magnitud del recorte, en la proforma presupuestaria de 2020 se presupuestaron 3.624 millones de dólares para el Plan Anual de Inversiones (donde más de la mitad se destinan a educación, salud y obras públicas). Así, el recorte planificado podría implicar más de un tercio del Plan de Inversiones, situación que ahondaría el estancamiento económico, dadas todas las actividades económicas asociadas a la inversión pública.
Junto a estos recortes -y otros aún en disputa, como el abrupto y nada consensuado recorte de 98 millones de dólares a las universidades del país- también se anuncia la eliminación de ferrocarriles del Ecuador, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos, la Unidad de Almacenamiento, junto con la liquidación de la aerolínea TAME. Asimismo, vuelven a emerger los “fantasmas” de la concesión –léase privatización– de otras empresas públicas (que ya se hacían visibles, al menos, desde 2016 cuando el correísmo anunciaba la apertura de las empresas públicas a capitales privados), como es el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. En total, de estas medidas se anuncia un “ahorro” de 350 millones de dólares, a cambio del riesgo de que una serie de activos del Estado terminen siendo vendidos a precios ínfimos en beneficio hasta de grupos transnacionales.
En medio de esta vorágine de medidas, no podía faltar el endeudamiento externo. Por parte del Fondo Monetario Internacional -FMI- el Ecuador obtuvo 643 millones de dólares de libre disponibilidad bajo la forma de Instrumento de Financiamiento Rápido -similar al crédito por 364 millones que el FMI otorgó al país en tiempos correístas luego del terremoto de abril de 2016-, con una tasa de interés de 1,05% a 5 años plazo más 3 de gracia. Por parte del Banco Mundial, en cambio, el país ha accedido a 500 millones de dólares, también de libre disponibilidad, con un plazo de 28 años, 11 años de gracia y un interés de 2,5%. A estos montos se agregan 300 millones de dólares que el Ecuador obtuvo de la Corporación Andina de Fomento -CAF-, 700 millones de dólares negociados con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, y el anuncio de posibles nuevos endeudamientos con China. Todas estas cifras parecen indicar que el gobierno de Moreno definitivamente ha preferido apelar a un endeudamiento externo agresivo, en vez de aplicar medidas potencialmente redistributivas -como las contribuciones eliminadas de la “Ley Humanitaria”- para obtener recursos y enfrentar la crisis del coronavirus.
¿Avivando un nuevo octubre?
La mayoría de las medidas económicas emprendidas por el morenismo –entre improvisaciones, movimientos erráticos y ninguna consulta a los potenciales sectores sociales perjudicados– junto con los efectos de la propia crisis y tragedia del COVID-19, llevan la frustración popular al límite. Aun en medio de la pandemia, cientos de personas han salido a las calles para exigir un cambio de rumbo en el manejo del país. Sin embargo, al menos por ahora, la sostenibilidad de esa acción popular en las calles parece estar limitada por la propia difusión del coronavirus.
Pero ese escenario puede cambiar, sobre todo si el gobierno insiste en acelerar su marcha de ajustes antipopulares. Se avivan las llamas para que una nueva rebelión emerja en el Ecuador. Esas llamas se encenderían en medio de una situación de extrema incertidumbre, con un virus que aún no alcanza su pico entre la población, una economía en crisis que intenta “abrirse” más allá de las recomendaciones médicas, las nada confiables estadísticas gubernamentales, el recuerdo de la tragedia humana vivida en Guayas (con gobernantes irresponsables que algún día deberán pagar por sus negligencias que incrementaron innecesariamente el número de víctimas), etc.
De todas formas, entre tanta incertidumbre, tenemos una certeza en la que ahora más que nunca debemos creer: en tiempos de crisis del capital, solo el pueblo salva al pueblo. Y hay mucho por hacer a más de la lucha en las calles, desde la conformación de redes comunitarias de productores y consumidores, cajas de ahorro, trueques, acciones de ayuda mutua y solidaria, y demás formas de organización popular anticapitalistas. Si no nos dejan democratizar la política económica y siguen acelerando el ajuste antipopular, tenemos que democratizar la economía con nuestras propias manos, desde abajo, con autonomía y, sobre todo, desde la resistencia y la esperanza.
Referencias bibliográficas:
