El expansionismo minero azota la Amazonía
Ecuador 2025, en pleno auge minero
10 de abril, 2025.- En el Ecuador la minería se ha convertido en una política de Estado y desde al menos 23 años atrás los gobiernos de turno han dado cabida de manera institucional, política y legal a empresas transnacionales de todas partes del mundo. El oro representa el 96% de las exportaciones de minerales del país y si bien hasta el 2018 la pequeña minería representaba el 90% de la producción de oro en provincias como El Oro, Azuay, Zamora Chinchipe, Loja y Morona Santiago, la demanda de minerales creció en los últimos años en naciones industrializadas que, como China, consume entre 6 y 7 millones de toneladas de oro al año, aumentando la demanda por este metal en el mundo.
En el 2016 el gobierno nacional reaperturó el catastro minero incrementando la presión de concesiones con un potencial del 15% del territorio nacional, si bien hasta el 2019 se encontraba concesionado el 8%, 2’342.713 de hectáreas, de las cuales el 93,4% corresponde a minería metálica, 4% a minería no metálica y 2,6% a minería pétrea, con un total de 17.956 concesiones legales. En la Amazonía, si bien la minería se remonta a varias décadas atrás en el sur de la región (Morona y Zamora), el epicentro del expansionismo contemporáneo se registra en el centro en la provincia de Napo, siendo necesario repasar brevemente esta problemática que la convierte en el foco del expansionismo moderno hacia el norte y sur y el centro de la emergencia ambiental en la Amazonía.
Napo, nuevo epicentro de la minería en la Amazonía
En un reporte del 13 de marzo del año en curso, la revista Vistazo alerta sobre el incremento de frentes de minería ilegal en los ríos de Tena, tras denuncia de pobladores de la Parroquia Talag, sector turístico de la provincia, específicamente en las concesiones Victoria 1, 2 y 3, que estaría contaminando las fuentes de agua y provocando daños en la salud, según testimonios de comuneros, ambientalistas y autoridades locales. Este no es un hecho aislado ya que en 2021 un sector contiguo a Talag pasó a convertirse en el epicentro de la minería ilegal en el país: Yutzupino.
El proyecto MapBiomas Amazonía brinda información actualizada del incremento de la actividad minera entre 1998 y 2021. Solo en Napo existen 288 concesiones mineras que ocupan el 3.14% de su superficie, la mayor parte dedicadas a la extracción de oro y material pétreos, concentradas en un 97% en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola. Entre 2005 y 2006 la minería ilegal se incrementa y para 2007 existe una diferenciación entre la minería artesanal practicada en las comunidades locales y la minería ilegal asociada al narcotráfico proveniente de grupos delictivos.
Diego Sánchez, fiscal provincial de Napo desde hace 3 años, nos comenta que esta actividad empieza hace 20 años disfrazada de minería pétrea, tratándose actualmente de un problema estatal, no gubernamental, con unas 60.000 hectáreas concesionadas en la provincia. “Antes de la pandemia se evidencia que la apertura de caminos vecinales camuflaba la existencia de retroexcavadoras que utilizaban como fachada la construcción de piscinas para el cultivo de tilapias, así como el arriendo de terrenos por cifras de entre 1000 a 3000 dólares”, refiere el funcionario. Esto detona durante la pandemia del Covid 19 con una explotación que desnuda la falta de control estatal.
“En 2021 se ejecuta el operativo Manatí I con el decomiso de 148 retroexcavadoras, pero se confirma la fuga de información desde la misma inteligencia policial-militar y desde los organismos de control como Ministerio de Medio Ambiente MAATE, Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM o Secretaría de Aguas pues se tenía previsto decomisar 300 maquinarias”, acota Sánchez. La delincuencia organizada pasa a controlar el territorio creando un monopolio que negocia las tierras o las arrienda decidiendo quién entra y quién sale. Este fenómeno genera una migración interna por la contratación de mano de obra barata de todas partes del país y deviene en el aumento de los índices de violencia en el sector, originando una fiebre del oro sin precedentes.
“Maquinarias que bordeaban los 200 a 300.0000 dólares fueron abandonadas, lo que hacía presumir su vínculo con gobiernos locales y en el operativo Manatí II se logra sancionar a autoridades que filtraron información, entre ellas el ex-director nacional de la ARCOM, destapando una estela de corrupción y la ineficiencia estatal por la falta de medios/recursos administrativos/financieros de las entidades de control como ARCOM o MAATE con un número limitado de funcionarios o guardaparques que incluso son amenazados de muerte, sumado a la falta de medios logísticos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”, comenta el fiscal.
Para el 2022-2023 cantones como Arosemena Tola dependían en un 90 a 95% de ingresos provenientes de la economía ilícita y la población se vuelca a esta actividad sin importar riesgos como accidentes, desmembraciones o incluso gente sepultada por las palas y cucharas de las excavadoras. La problemática se acrecienta con la entrega de 10.000 hectáreas más de concesiones durante el gobierno de Guillermo Lasso en 2023, situación que se agudiza en el mandato de Daniel Noboa con la declaratoria de conflicto armado interno en 2024, generándose una migración delictual que convierte a las comunidades de Napo en territorios totalmente violentos con comuneros desplazados y amenazados. Existen lugares donde la Policía no puede ingresar y se convirtieron en focos de problemas sociales como alcoholismo, drogadicción y prostitución pues se han reportado embarazos en niñas de 11 a 13 años y criaturas de 7 a 9 años con enfermedades como gonorrea producto de violaciones, según testimonio de la FGE. “Ante esta problemática hemos solicitado al gobierno nacional y a la mesa de justicia provincial la declaratoria de un estado de excepción focalizado, el estado de emergencia ambiental, la reducción de concesiones mineras en Napo e incluso la militarización de las estaciones de combustible que se han convertido en los proveedores de la minería afectando incluso al sector turístico”, concluye Sánchez.
Punino, la minería se extiende a Orellana
Lo narrado sobre la conflictividad minera en Napo con un alarmante incremento del 300% tiene su continuidad geográfica en los límites con la provincia de Orellana, procedentes de 3 focos mineros: i) Jatunyaku y Anzu, ii) Wambuno y Pusuno y iii) Punino entre Napo y Orellana. Sucesivas asambleas populares fueron realizadas para enfrentar esta problemática, relata Patricio Meza, biólogo y parte del Frente Nacional Antiminero. “Estuvieron presentes las autoridades de control: Gobernación, Comandancia de la Policía, MAATE, autoridades locales e incluso el Ejército; se firmaron acuerdos y establecieron mesas de diálogo que no se han concretado por la falta de voluntad de las autoridades para hacer un control efectivo de la minería en la provincia”, advierte Meza. Con el contexto de la coyuntura electoral en el Ecuador, el tema se ha estancado.
En Orellana la minería tiene una expansión en los últimos 5 años en el río Punino que prácticamente ha desaparecido y es un río muerto, ocasionando que varias comunidades sean desplazadas. “La minería ilegal está ligada al crimen organizado siendo un territorio donde no pueden ingresar las autoridades de control ni las organizaciones sociales por los altos niveles de riesgo y violencia, tornándose territorios liberados donde operan las mafias”, narra el biólogo. En la zona hubo enfrentamientos con la fuerza pública e incluso operativos con incautaciones de armas de grueso calibre, granadas, etc pero las pugnas existen también entre las bandas por el control del territorio.
Este río atraviesa el cantón El Chaco y desemboca en el río Payamino y posteriormente en el río Coca, afluente del Napo y el Amazonas. Los grados de contaminación son muy altos por el uso de químicos como el mercurio a lo largo de su trayecto con unos 3 a 4 focos mineros a través de 10 comunidades desde Ilayaku hasta Capirona. “El expansionismo minero no solo es hacia afuera sino también hacia adentro, por ejemplo, a la zona de Archidona en ríos como el Hollín, Jondachi o Misahuallí hacia donde las mafias buscan expandir esta actividad lucrativa. La fuerza de la población indígena ha podido frenar su avance, pero es un riesgo latente porque ya hay minería en los ríos Wambuno y Pusuno en la zona de Misahuallí y Ahuano que está afectando a los emprendimientos turísticos”, concluye Meza.
Pastaza, una amenaza latente
A diferencia de lo que ocurre en Napo, en Pastaza, la provincia más extensa del país, la minería ha sido esporádica y no ha logrado afianzarse. Así lo confirma Douglas Guzmán, director de Gestión Ambiental y Riesgos del Municipio de Pastaza quien nos indica que según el mapa de riesgos no existe formalmente minería metálica en el cantón Pastaza, salvo casos esporádicos y localizados, realidad que puede diferir de lo que acontece en otro cantón limítrofe con Napo, el cantón Santa Clara al norte de la provincia. En una mirada más fina y detallada del panorama local, Luis Canelos, Presidente de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza PAKKIRU nos da a conocer que Pastaza tiene presiones extractivas tanto del norte por la actividad petrolera, cuanto del sur y el norte por la minera.
En el interior de Pastaza en el cantón Arajuno se ubica la cuenca hidrográfica del río Curaray en la cual se asientan decenas de comunidades Kichwas pertenecientes a Pakkiru. En la zona han existido registros de mineros procedentes de la zona fronteriza con el Perú quienes se han implantado de manera puntual y ocasional con barcazas y dragas en los territorios del Pueblo Ancestral Kichwa del Curaray PAKIC o el Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha PAKKS. En ambas zonas se registraron incidentes y decomisos de maquinaría de pequeña minería, como reportara hace algunas semanas Iluku comunicaciones.
“En comunidades como Cotonayaku en el cantón Arajuno entre Napo y Pastaza se ha reportado enfrentamientos recientes entre militares y mineros ilegales y similar situación se ha escuchado en Puní o comunidades fronterizas con Napo en el cantón Santa Clara. Ya en la zona más alejada de acceso fluvial también hubo incidentes que condujeron al decomiso de maquinaria en Curaray e incluso la expulsión de socios vinculados a estas actividades en territorio de Kawsak Sacha”, relata Canelos al realizar un repaso de eventuales focos de conflicto en la provincia, si bien esta problemática en nada se asemeja a la narrada para la provincia del Napo.
PAKKIRU cuenta con un mandato que declara al territorio Kichwa libre de extractivismo minero y petrolero y cada uno de los pueblos a través de sus autoridades ancestrales han venido tomando decisiones colectivas en sus asambleas para controlar cada jurisdicción a través de las guardias comunitarias que han cumplido un rol destacado en la vigilancia del territorio. “Una de las ventajas es que nuestro territorio es global y la lucha es colectiva, gracias a lo cual nuestros territorios están casi intactos pues tenemos claridad en conservar la selva y no permitir que este tipo de actividades extractivas destruyan nuestros y si dañamos nuestros espacios territoriales estaríamos afectando la vida de nuestros niños y jóvenes y la vida de nuestra gente a futuro”, reflexiona Luis.
Si bien la minería no ha logrado implantarse en Pastaza, el panorama no es alentador en el ámbito extractivo con la existencia de sucesivos intentos de los gobiernos por ampliar la frontera petrolera a través de la ronda suroriente. Por ello, para la organización es fundamental fortalecer las estrategias de gestión y manejo territorial desde las propias actorías locales sin intervención de agendas externas, siendo una de ellas el fortalecimiento de la guardia indígena. Para Luis, “necesitamos formar, fortalecer el equipamiento y estar articulados entre nuestros pueblos, la nacionalidad y el Consejo de Gobierno en la estrategia de la guardia indígena en el marco de la defensa, la gestión y la administración territorial y en ese sentido la guardia comunitaria está en primera línea resguardando el territorio y velando por la seguridad de nuestros ayllus”.
En contraste con los planes gubernamentales o privados de afianzar el extractivismo en el centro de la Amazonía, destaca la biodiversidad de Pastaza, una de las mejores conservadas del Ecuador con un 80% de cobertura boscosa en buen estado de protección. Uno de esos espacios de diversidad biológica está al norte de la provincia en la cuenca del río Piatúa. Jéssica Grefa, bióloga del Pueblo Originario Kichwa de Santa Clara PONAKICSC y miembro del colectivo Piatua Resiste, fue parte de una investigación que registró más de 318 especies de herpetofauna y mastofauna en una zona amenazada en el 2019 por la construcción de una represa hidroeléctrica a la cual se opuso la población local impidiendo que el proyecto avance y afecte este relicto biodiverso. Actualmente, se encuentran en proceso de declaratoria como Patrimonio Natural de esta zona considerada parte de las Áreas Claves de Biodiversidad KBA, por sus siglas en inglés.
“En apegado a nuestro derecho a la autodeterminación, hemos declarado al Piatúa como patrimonio natural. Pero también hemos hablado con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC para formalizar la declaratoria. Más allá de las formalidades, los abuelos siempre nos han hablado del río desde la perspectiva de los conocimientos ancestrales y el vínculo entre el ser humano y el agua. Los mayores son los verdaderos portadores de conocimiento, de una ciencia misteriosa y oculta donde los pueblos, comunidades y la gente local convive a diario con la fauna y flora, pero además con los seres místicos, con los espíritus de la naturaleza, con los seres de los ríos y las montañas”, enfatiza la bióloga amazónica.
Este proceso que jóvenes y dirigentes de Santa Clara vienen llevando se podría ver afectado con la expansión de la minería proveniente de Napo, en franco proceso de expansión hacia el sur y el norte. Si bien la minería no ha logrado implantarse en la zona del Piatúa donde PONAKICSC resiste la arremetida de empresas, una amenaza se cierne sobre una comunidad limítrofe con el cantón Arosemena Tola que a pocos metros de distancia centra su economía en la actividad minera. “La minería logró ingresar hace unos meses a la comunidad Ishkayaku asentándose en el río Pincho, pese a la negativa de algunos de los socios de la comunidad, y valiéndose de las múltiples necesidades económicas de las familias, así como los ofrecimientos incumplidos de políticos y autoridades a lo largo de años de abandono” nos comenta Grefa. No tardaron en presentarse problema con los mineros ilegales que rápidamente ocuparon el territorio, como el no pago de precios justo y la proliferación de problema sociales como el alcoholismo.
Para Jéssica “la comunidad está abandonada, solamente se han puesto a tomar alcohol y los jóvenes de 11 o 12 años ya no quieren estudiar, entonces también ha habido conflictos familiares. Otro problema son las enfermedades resultado de la exposición de las personas a los químicos usados por la minería, lo que además perjudica la calidad del suelo y los cultivos de la yuca o el plátano expuestos a los metales. Ahora la comunidad ya no tiene chicha, se está perdiendo la identidad y la cultura”. Los relatos sobre Ishkayaku contrastan con la resistencia histórica de las organizaciones en otros lugares de Pastaza, pero no deja de ser preocupante por la posibilidad de que amplíe sus impactos hacia comunidades contiguas.
Una amenaza a tiempo de prevenir
Todas las fuentes consultadas y los expertos entrevistados coinciden en que los impactos de la minería son determinantes y generan un efecto a largo plazo que desestructura la dinámica socio cultural de la sociedad amazónica, por lo que acciones concretas y efectivas son indispensables.
La dramática emergencia de Napo no puede dejar de ser tratada bajo la lupa de la expectativa en que la movilización social generada durante los últimos años en levantamientos populares como en 2019 o 2022, así como en las masivas marchas antimineras de 2023 en Tena, pasando por el paro contra la construcción de la cárcel en 2024 en Archidona, abriguen una posibilidad de frenar un fenómeno que de no ser cortado provocaría más ecocidios como el de los ríos Yutzupino o Punino, así como el afianzamiento del crimen organizado vinculado al narcotráfico con las evidentes consecuencias que esto acarrea para la antes tranquila ciudad del Tena y otras localidades de Napo.
Por su parte para Pastaza se vislumbra la posibilidad de impedir la implantación de proyectos mineros, tanto por la resistencia histórica de las organizaciones de base, cuanto, por el potencial biológico y ecológico de la provincia más extensa y mejor conservada del Ecuador, una de las más biodiversas del planeta. La expulsión de empresas hidroeléctricas como Genefran en el río Piatúa o el triunfo de casos emblemáticos como Sarayaku o Resistencia Waorani que frenaron la entrada de empresas petroleras en lo más profundo de la selva amazónica, permiten avizorar que la lucha organizada y la movilización social serán las constantes ante cualquier intento de empresas públicas o privadas por establecerse en el territorio al margen de las decisiones de las comunidades, cuya vocación apunta a un horizonte muy distinto al del extractivismo y por el contrario, promueven cada vez más claramente el ejercicio de la autonomía, libre determinación y poder popular plurinacional para las actuales y futuras generaciones.
