Asamblea Nacional del Ecuador. Informe de gestión: entre demagogia y neblina

El 19 de febrero de 2017 Ecuador celebró la elección de 137 asambleístas (15 nacionales, 116 provinciales y 6 del extranjero) para conformar el pleno del tercer período legislativo de la Asamblea Nacional del Ecuador; las funciones de la Asamblea, como Institución Legislativa incluyen: fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público; expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas

Desde la posesión de la actual Asamblea del Ecuador el 24 de mayo de 2017, el pleno ha presentado 408 proyectos de ley de los cuales: 374 están en trámite, 9 no han calificado, 3 han sido archivados y 22 se han publicado.

La Constitución establece como funciones de la Asamblea “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes…”, en ninguna parte menciona proponer leyes. En este sentido, la evaluación de la gestión de la Institución debe basarse en las leyes publicadas, y no en las propuestas no tramitadas; por tanto, bajo este parámetro, la Asamblea Nacional del Ecuador tiene una evaluación de 5.39/100, es decir, este organismo colegiado cumple con apenas el 5,39% de la gestión para la que fue elegido y por la que sus miembros, tanto asambleístas como asesores, cobran un sueldo.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra fiscalizar tiene como significado: “criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien”, en este sentido, la gestión de la Asamblea ha sido marcada por varios episodios vergonzosos de los cuáles hemos sido testigos, entre los más sonados: el retiro de le investidura de Vicepresidente a Jorge Glas Espinel, la destitución del Presidente de la Asamblea Nacional José Serrano y del Fiscal General Carlos Baca, debido a la exposición de un audio donde se escucha que Serrano negociaba la caída Baca, el debate sobre la pertinencia de entregar la nacionalidad a Julian Assange, análisis de varios casos de abuso sexual infantil descubiertos previamente a una Consulta Popular en la que se preguntaba a la gente acerca de este delito, aceptación del paquete económico (Ley Trole III) que permitió al ejecutivo aumentar precios de algunos rubros a nivel nacional, como la gasolina de mayor octanaje o el diesel industrial, el pronunciamiento de apoyo a la gestión del CPCCS-T, el juzgamiento a asambleístas que exigían dinero a sus colaboradores de despacho, entre otros.

Evidentemente la Asamblea es un organismo de origen político, sin embargo, por representatividad, es la institución más importante del Estado, aquí confluyen las opiniones y necesidades de los representantes de las 24 provincias del Ecuador y los habitantes ecuatorianos del exterior; por ende, las propuestas de ley y gestiones propias de cada uno de los asambleístas, deberían ser el eco de los habitantes a cuyas regiones políticas la dignidad representa.

¿Han sido expuestas las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas?

Trabajo, vivienda, seguridad, salud, educación; entre muchas otras, son las necesidades no satisfechas del pueblo; en una lógica básica, el o la asambleísta debería estar trabajando en el territorio, en el lugar donde fue elegido, y no solo por quienes votaron por él, sino por todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan en su división política, para ello, tiene derecho a varios profesionales que le ayuden en la parte técnica para cumplir sus funciones, estos profesionales deberían ser quienes, técnicamente, ayuden a canalizar adecuadamente las necesidades de la gente.

Lastimosamente lo descrito en el párrafo anterior es una utopía que jamás se cumplirá, todo en absoluto funciona mal o no funciona, y el país costea por 4 años el salario, transporte y viáticos de un grupo de personas que evidentemente (5,39%) no cumplen con lo que deben, y por el contrario, se ufanan del poder mal otorgado por el soberano y lo usan para sus protervos intereses o para crear una especie de ambiente de show permanentemente en el Ecuador

En un sentido ideal, este organismo de Estado, debería tramitar a diario, durante 4 años, los mecanismos legislativos que nos  permitan evolucionar hacia una sociedad sana que se auto depure constantemente, que permitan cristalizar las necesidades de salud, empleo, vivienda etc., generando la obligación al sistema de  implementar  leyes de alta valía para la gente,  como políticas públicas que den resultados a corto, mediano y largo plazo; se deberían establecer y socializar herramientas de fácil acceso y no escondidas, que permitan al mandante revocar a quienes se rehúsen a trabajar para lo que fueron electos, etc.

No podemos seguir viviendo en un país en el que la transparencia, eficacia y eficiencia del mayor organismo político del Ecuador es una fábula, donde las tan publicitadas rendiciones de cuentas de los asambleístas, se reduzcan a una sesión de discurso político sin fundamentos ni criterios de pertinencia para una evaluación objetiva de la gestión realizada. No podemos seguir habitando en un país en el cual sus representantes políticos y autoridades obedezcan prioritariamente a su disciplina partidista e intereses personales, antes que a sus representados, a quienes solo les permiten visualizar una capa de neblina y demagogia, que impide evaluar la gestión de su dignatario.