Despido a profesores vulneró derechos laborales y perjudicó la calidad de la educación superior en la UCE

Hace meses, con mucha zozobra y desazón, le doy vueltas a la siguiente pregunta: ¿Se puede tener salud mental cuando estructuralmente no existen las condiciones para tener una vida digna? La interrogante surgió en medio de la situación laboral que atravesamos, alrededor de 80 profesores, en la Universidad Central del Ecuador.

El día 4 de septiembre de 2024 se filtró el oficio Nº UCE-DTH-2024-5045-O, en el cual la Dirección de Talento Humano solicitaba a la máxima autoridad de la Universidad –Rector Patricio Espinosa- la no renovación de 79 profesores a contrato. Ese fue el inicio del calvario que empezamos a vivir varios docentes de diferentes facultades de la Universidad. Ante la incertidumbre sobre nuestra situación laboral, decidimos acercarnos a conversar con las autoridades de cada una de las facultades –Decanxs y Directorxs de Carrera-. Las autoridades señalaron que no tenían conocimiento al respecto de los listados de desvinculación y, por tanto, era nuestro deber continuar asistiendo a nuestro puesto de trabajo a timbrar la asistencia.

Luego de una semana, el 11 de septiembre de 2024, el señor Rector informó al pleno del Honorable Consejo Universitario (HCU), su disposición de renovar todos los contratos de manera automática. De igual manera, el 16 de septiembre de 2024, ante la solicitud de la estudiante Nathaly Carvajal, Presidenta de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Psicología, el señor Rector le informa mediante correo electrónico sobre su decisión de que los contratos “continúan vigentes y, por lo tanto, si deben ser renovados para este inmediato periodo académico 2024-2025.

Posterior a la disposición de rectorado, los docentes sentimos un alivio en función de que la máxima autoridad nos aseguraba la continuidad de nuestros contratos. Sin embargo, y a pesar de la negativa del Rector de desvincular profesores, lxs Directorxs de Carrera y lxs Decanxs hicieron caso omiso y no se nos asignó carga horaria para el periodo 2024-2025. El argumento de las autoridades se basó en que las facultades no tenían la necesidad institucional de contar con nuestros servicios y que, en su defecto, nuestras materias pasarían a ser dictadas por los docentes con nombramiento. En este punto se reflejó varios errores:

1. Sí existió y existe la necesidad institucional de contar con nuestros servicios. Precisamente por eso, en algún momento, la institución realizó la convocatoria a concurso, mismo que ganamos legítimamente pasando por el debido proceso: entrega de documentación, entrevista formal con las autoridades y clase demostrativa. Es decir, lxs profesorxs ganamos por nuestros propios méritos la cátedra que estaba desierta y que la facultad requería.

2. Lxs docentes con nombramiento fueron sobrecargados de horas. Esto perjudica la calidad de la docencia universitaria; en función de que por cada hora de clase que un profesor ejerce, requiere de –al menos- una hora para su planificación. Por otro lado, los docentes con nombramiento no solo se dedican a la docencia, también tienen actividades de investigación, vinculación con la sociedad y tutorías de tesis. En definitiva, al sobrecargarlos con nuestras materias –mismas que en ocasiones no calzan con su perfil profesional- decae la calidad educativa. Los grandes perjudicados, sin duda, son lxs estudiantes.

3. Las autoridades mencionaron que no requerían de nuestros servicios, no obstante, la segunda semana de septiembre solicitaron “Técnicos Docentes” debido a que notaron que con los profesores de nombramiento no alcanzaban a cubrir todas las necesidades académicas de la facultad. Cabe recalcar que los Técnicos Docentes, por ley, no pueden dar clases en las aulas, pero si pueden realizar las otras actividades de vinculación con la sociedad, salidas de campo, etcétera. En efecto, se vislumbra que, si existía la necesidad institucional de contar con nuestros servicios, sino que al contratar Técnicos Docentes se precarizaba el trabajo. Un Técnico Docente gana lo mismo que un profesor a Medio Tiempo, pero trabajando a Tiempo Completo.

4. Varias materias que requerían de un profesional especializado en dicho campo disciplinar, fueron llenadas con profesores de la Facultad de Filosofía que no cumplen con los criterios para el ejercicio de una cátedra en una Facultad que ofrece una formación científica diferente a la de pedagogo, educador o licenciado en educación. Es menester mencionar, que en la Facultad de Filosofía se aglutinan los militantes del partido que está en el poder en la Universidad: el MPD o actualmente Unidad Popular.

En ese momento, nuestra incertidumbre creció. Por un lado, la máxima autoridad de la Universidad autorizaba la renovación de los contratos. Por otro, lxs directores de carrera y lxs decanos de las facultades decidieron dejarnos a un lado de los distributivos académicos y de la carga horaria. Se empezó a reflejar una pugna de poderes a la interna de la Universidad. Surgieron varias preguntas: ¿Por qué lxs decanos de la Universidad no acataban la decisión del rector? ¿Qué intereses políticos y económicos existen detrás de la desvinculación de los 80 profesores a contrato? ¿El rector y las autoridades de las facultades representan al mismo partido político o hay una escisión interna? Sería irresponsable de mi parte tratar de elaborar respuestas a estas preguntas sin las pruebas suficientes, empero, si es mi responsabilidad denunciar los atropellos posteriores que cometieron las autoridades con los docentes a contrato.

Primero, a pesar de que no se nos asignó actividades para el periodo 2024-2025 tampoco nos llegó una notificación oficial de despido por nuestros canales institucionales. En ese sentido, entendimos que debíamos continuar asistiendo a timbrar, de lo contrario los perjudicados seriamos nosotros por abandono del puesto de trabajo. Lxs docentes timbramos desde septiembre hasta inicios de diciembre. Septiembre y octubre se nos pagó, pero el mes de noviembre ya no nos pagaron. Somos conscientes, gracias a la asesoría legal que recibimos, de que en algún momento la Contraloría General del Estado podía iniciar una investigación por mala utilización de fondos públicos; en función de que la Universidad nos pagó y no teníamos asignada una función. No obstante, los docentes asistíamos a timbrar y todas las semanas enviamos Quipux solicitando a las autoridades inmediatas la asignación de carga horaria o, en su defecto, la notificación de despido. Ni la una, ni la otra llegaron hasta ese momento. Es decir, en caso de una auditoria los responsables directos son los jefes que no nos asignaron trabajo y tampoco nos despidieron en su debido momento.

Segundo, muchos docentes de la Universidad encontramos que no estábamos afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En mi caso personal, descubro el hecho porque en una ocasión me enfermé y al asistir a un hospital del IESS se me negó la atención porque no estaba afiliado. Ingresé a mi cuenta del IESS y, en efecto, solo se visualizaba mis aportaciones de los anteriores trabajos y no el de la Universidad Central. A pesar de no estar afiliado, todos los meses se me descontó de mi salario el proporcional al seguro social. Me acerqué a las oficinas encargadas de ese asunto en la Universidad y manifestaron que era un trámite que estaba en proceso y que tuviera paciencia.

Finalmente, un 20 de diciembre de 2024, las autoridades se dignaron en enviarnos la notificación de despido. Nos obligan, además, a poner como fecha de cese de funciones un 30 de octubre; a sabiendas de que timbramos hasta los primeros días de diciembre. Lo hacen para no pagarnos el mes de noviembre y porque a muchos compañeros los cesaron del IESS desde el mes de octubre.

¿Por qué tanta vulneración a los derechos de los trabajadores? ¿Por qué no hubo claridad al menos en el despido y nos decían directamente que no contarían con nuestros servicios para poder iniciar la búsqueda de otro trabajo? ¿Por qué no nos garantizaron nuestros derechos básicos como trabajadores, al respecto de la afiliación a la seguridad social y el pago de los honorarios correspondientes? ¿Por qué vulneran los derechos de los estudiantes que merecen una educación digna y de calidad? ¿Por qué los profesores siempre somos la última rueda del coche ya sea en la educación pública o privada?

Los docentes que fuimos desvinculados arbitraria e ilegítimamente de la Universidad Central contamos con los requisitos necesarios para ejercer la docencia universitaria. Tenemos títulos de cuarto nivel, publicaciones científicas y méritos académicos. Las evaluaciones docentes, que realizan los estudiantes, nos favorecen. De hecho, contamos con el respaldo estudiantil y en facultades como la de Ciencias Químicas y Psicología se han realizado acciones y plantones solicitando a las autoridades la reintegración de los profesores desvinculados. El daño que recibimos durante estos tres meses los profesores de contrato no solo es económico, también vimos afectada nuestra salud mental. Vivir en la incertidumbre de si se tiene o no trabajo es violencia y maltrato institucional. Revisar cada segundo la cuenta bancaria para saber si se nos pagó lo adeudado genera ansiedad. Es violento, a pesar de haber asistido a la Universidad, no tener dinero para alimentar a nuestras familias en navidad. Las autoridades, durante esos tres meses, mantuvieron un pacto de silencio o lo que en términos jurídicos se conoce como silencio institucional y administrativo. No nos respondieron los Quipux donde solicitábamos asignación de carga horaria o la notificación de despido. Cuándo preguntábamos directamente a las autoridades, se lavaban las manos y culpaban a otras autoridades.

Hago responsable a la actual administración de la Universidad Central del Ecuador por el deterioro de mi salud mental y por la vulneración de mis derechos como trabajador. ¡Ya basta de jugar con la educación de los jóvenes! Al fin y al cabo, las y los profesores despedidos, en algún momento encontraremos otro trabajo, pero los grandes perjudicados son los alumnos que no podrán acceder al conocimiento; porque las autoridades creen que las cátedras son un botín político.