El periodismo al servicio del poder
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la libertad de expresión es un derecho fundamental en una sociedad democrática”. Con los atentados a la comunicación perpetuados por el gobierno de Lenín Moreno durante los últimos dos años, se evidencia que la comunicación en Ecuador no es un derecho, sino un privilegio para quienes no cuestionan al poder y únicamente repiten los discursos oficiales.
La semana pasada, el medio público provincial Radio Pichincha Universal salió del aire inesperadamente. La frecuencia de esta emisora fue desconectada de manera arbitraria e ilegal bajo argumentos confusos. Pero más allá de los aspectos administrativos, existe una clara intención por parte del gobierno de silenciar a criterios diferentes e independientes, lo cual evidencia su doble discurso respecto a la tolerancia de opciones diversas, respeto a la libertad de expresión y otras de sus versiones que a partir de este hecho resultan inverosímiles. No cabe duda de que la acción del gobierno representa una violación a la Constitución y vulnera los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión.
El hecho de silenciar a Pichincha Universal evidencia la persecución reiterada y sistemática por parte del gobierno para acallar y amedrentar a periodistas y medios que son críticos frente a su agenda y medidas neoliberales. Los medios que promueven agendas e invitados diversos, demuestran que es posible un ejercicio plural de la profesión.
Hace casi año y medio, el Primer Mandatario mencionó de manera casi heroica: “Ahora vivimos en un país más libre, sin miedos. La prensa no puede llamarse así si no es libre, sino cuenta con los mecanismos para trabajar sin represiones”. Pichincha Universal no es el único medio que ha sufrido los impases del poder, los ataques a medios de comunicación y periodistas se han multiplicado, contradiciendo las declaraciones oficiales del Ejecutivo y sus cómplices.
El medio digital ecuadorinmediato.com y su Director, Francisco Herrera Arauz, crítico abierto a este obierno, ha estado bajo asedio del mismo por ser un medio no alineado al discurso oficial. Seguido a esto se ejecutó el cierre de la agencia ANDES – Agencia de Noticias del Ecuador y Sudamérica- y el debilitamiento de los medios públicos de nuestro país, cerrando los espacios para la participación de organizaciones de la sociedad civil en medios que ahora responden a la agenda neoliberal de Moreno.
Frente a esta arremetida violenta y a la censura que han sufrido y están sufriendo los medios de comunicación no alineados y la persecución a periodistas que realizan investigaciones y develan los intereses del poder para informar de manera verídica a las y los ciudadanos, resulta preocupante el silencio acólito de los periodistas y organizaciones en defensa de los derechos de la comunicación que, en otros tiempos, hacían alharaca por lo mismo o la mínima cosa.
De igual manera llama la atención la falta de reacción de instituciones gremiales como la Unión Nacional de Periodistas (UNP) o de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), gremios que por su naturaleza, debieron ser los primeros en pronunciarse en rechazo al intento de silenciar a un medio.
Ante lo sucedido con Pichincha Universal, ciertos sectores de la ciudadanía han convocado a defender la comunicación pública bajo las consignas Somos Pichincha Universal, A romper el silencio, No nos callarán, y otras expresiones que llaman a la ciudadanía a movilizarse frente a este tipo de arremetidas. Ante este tipo de coyunturas políticas cobran vital relevancia la comunicación popular, los medios de comunicación alternativos y las expresiones de medio-activismo. Estas resultan ser fundamentales en aportar a visibilizar la realidad que es camuflada por los medios tradicionales de comunicación tras programaciones que reproducen la desigualdad, la discriminación, la violencia, entre otras problemáticas sociales que invisibilizan las atrocidades de un gobierno abiertamente neoliberal.
Queda claro, que estas acciones atropelladas e ilegales encaminadas por el gobierno no hacen más que clarificar y poner al descubierto su rostro verdadero. La caída en la aceptación y credibilidad de Lenín Moreno acentúa una política de persecución brutal contra todo el que piense diferente. La complicidad de los grandes poderes mediáticos blinda al gobierno y a los grupos de poder y vulnera los derechos de las grandes mayorías populares, que cada vez encuentran menos espacios libres e independientes de expresión e información.
