Humillaciones racistas y crímenes de lesa humanidad marcan el Paro Nacional en Ecuador
Tras 18 días de paralización y represión por parte del gobierno del banquero Guillermo Lasso, las partes firmaron un acuerdo para reducir el precio de los combustibles y detener la actividad extractiva petrolera y minera. ¿Logró la represión contener al poderoso Movimiento Indígena? La historia reafirma el papel de esta organización en el proceso de conquista de derechos sociales. La Misión de Derechos Humanos que estuvo de visita en Quito, denunció el cometimiento de crímenes de lesa humanidad que deben investigarse.
Un día antes de que inicie el Paro Nacional, se instaló una cámara de vigilancia 360° en la avenida principal de la sede de Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Los muros externos fueron pintados con las leyendas: “Quito no se destruye, CONAIE terrorista”, como estrategia de una guerra psicológica o guerra sin fusiles, que se había iniciado contra el Movimiento Indígena.
La CONAIE se fundó en 1986, y cuatro años más tarde impulsó entre mayo y junio de 1990, el primer levantamiento indígena que paralizó al país durante una semana. En el tiempo andino, estos meses son época de celebración de la fiesta mayor, el Inti Raymi. “Tierra, Cultura y Libertad” fue y es la voz de lucha. El añejo conflicto cambia el nombre del presidente y bandera política, pero mantiene a la CONAIE como el opositor natural a la imposición de políticas neoliberales desde el Palacio de Gobierno. Las élites políticas intentan manipular su capacidad de convocatoria y de “tumbar” presidentes, que es la misma razón por la que le temen.
CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas, Evangélicos del Ecuador (FEINE) hicieron público un listado de 10 pedidos al Poder Ejecutivo, luego de un año de infructuosos intentos de diálogo. Esto motivó la convocatoria a un paro nacional.
El primer día de paro, el gobierno de Lasso desestimó el poder de convocatoria del Movimiento Indígena. En la madrugada del 14 de junio, grupos de élite de la policía y FF.AA. detuvieron de forma arbitraria e ilegal al presidente de la CONAIE, Leonidas Iza Salazar. Tras varias horas, el Estado dio cuenta de su lugar de detención. El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por el delito de paralización de servicios públicos y dispuso su libertad provisoria. Esta sería la mecha para avivar la suma de más colectivos y gremios que culminó con la firma de un Acuerdo el jueves 30 de junio con la mediación de la Conferencia Episcoal Ecuatoriana en Quito.
Las cifras: 2 estados de excepción, 6 muertos, más de 500 civiles heridxs , 238 policías heridos. La Misión de solidaridad Internacional y Derechos Humanos en su informe preliminar, determinó el cometimiento de delitos de lesa humanidad en “ataques de “caracter sistemático, generalizado y dirigido a la población civil”: desapariciones forzadas, homicidios, privación ilegal de la libertad, tortura. Quedan todos estos casos en la necesidad de obtener verdad y justicia para las víctimas.
Narrar Paros y periferias sociales
No se trata del caso del Ecuador en particular, el de su crisis permanente. Es necesario establecer el desarrollo del Paro Nacional de junio de 2022 en un contexto regional y global, que responde a los precios de los combustibles y el encarecimiento de la vida, esto genera reclamos en la región. ¿Son el resultado de la aplicación de políticas neoliberales que profundizan exclusión y enormes diferencias entre la clase gobernante y lxs trabajadorxs? En Perú, el paro de transportistas demanda bajar el precio del diésel y la restitución del transporte de mercancías como servicio público; mientras que en Argentina, el desabastecimiento de diésel afectó a 19 de las 23 provincias.
El encarecimiento de los combustibles es un hecho, la demanda mundial de diésel excede la oferta mucho antes de que la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022. La pandemia por COVID-19 y las políticas de reajuste económico afectaron la producción, elevando el precio de los alimentos y por tanto, dificultando el acceso a la canasta básica por parte de los sectores más empobrecidos. En Perú, el precio del diésel promedia los $4,54 por galón; mientras en Ecuador, el precio está congelado en $1,90 desde octubre de 2021.
El Acuerdo firmado entre el gobierno de Lasso y el Movimiento indígena logra la derogación del Decreto 95 de producción petrolera, la reforma del Decreto 151 sobre minería, y la reducción del precio de los combustibles en 15 centavos de dólar. Un precio ínfimo por las pérdidas económicas y en vidas humanas de la actual crisis, expresan voces en ambos bandos. “En 2019 hubo un detonante para las protestas, pero ahora no hay detonante” dijo el mandatario, sin reconocer la gravedad de la situación donde siete de cada 10 ecuatorianxs están desempleadxs. Francisco Jiménez, Ministro de Gobierno, explicó que el Gobierno ha aceptado "el llamado de la ONU, de la Unión Europea y de más de 300 organizaciones de la sociedad civil para que, mediante el diálogo" se discutan abiertamente las posturas.
Al análisis del contexto debe sumarse el análisis de la inversión armamentista en tiempos de paz y pandemia. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del año 2021 alcanzó su máximo histórico con un total de $2.133 billones de dólares, mientras que los gobiernos optaron por reducir la inversión en sectores sociales y hasta de la salud en plena pandemia.
La CEPAL señaló, que la tasa de pobreza extrema en América Latina habría aumentado del 13,1% de la población, en 2020, al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años. Esto significa que 86 millones de personas viven en extrema pobreza en nuestro continente y el número total de personas en situación de pobreza es de 201 millones. Por su parte, la FAO alerta sobre 60 millones de personas pasan hambre en nuestro continente, situación que seguirá empeorando bajo el neoliberalismo.
Un fantasma recorre América Latina
El enemigo a combatir y anular viste poncho y baja de los cerros. El principio “Ni niñxs, ni mujeres” pierde importancia. Las fuerzas del orden intentan disuadir con gas lacrimógeno y romper a toletazos el fantasma de Octubre de 2019. Once días de luto y rabia dejaron una estela de horror con heridos y muertos que estalló tras el retiro de subsidios a los combustibles del ex presidente Lenín Moreno.
El Paro Nacional de 2022 también ha dejado una huella imborrable, sobre todo en lxs niñxs de los pueblos indígenas. La socorrista por la Paz, Joyce Soto, narró en el pleno de la Asamblea, que lxs niñxs son las principales víctimas del ataque por perdigones. “Cuando ven un policía, tienen miedo. Nosotrxs (lxs socorristas) debemos prestar el apoyo psicológico”.
¿Qué genera la implementación de la vieja receta de ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional (FMI) en América Latina? Ecuador acaba de recibir un nuevo desembolso por 1.000 millones que son parte del programa de crédito por USD 6.500 millones. Ecuador ya ha recibido USD 4.800 millones de ese monto.
En 2019, Colombia y Chile se agitaban con grandes marchas, y la respuesta fue la misma por parte de las fuerzas públicas: mutilaciones oculares por impacto de bombas lacrimógenas. El temor al retorno de prácticas de la vieja Escuela de las Américas renombrada como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (Whinsec, por sus siglás en inglés), ha puesto en alerta de las organizaciones de defensa de derechos humanos.
Nombres de graduados de Whinsec retumban en la sociedad civil en episodios vergonzosos: el General Jaime Lasprilla aparece en el informe de la Corte Penal Internacional sobre el caso de falsos positivos en Colombia. Whinsec también genera cooperación bilateral con Ecuador. El 17 de enero de 2021, Patricio Carrillo, actual Ministro del Interior y excomandante general de la Policía en el gobierno de Lenín Moreno, dirigió una carta al comandante de Whinsec, Jhon Dee Suggs, a propósito de su 20 aniversario. “Es un honor servirles y asistir a su capacitación profesional para continuar en el desarrollo de nuestras naciones”.
Agregado de policía, adjunto en la embajada de Ecuador en Colombia y profesor e instructor policial, Carrillo tiene 40 años de servicio en la Policía Nacional, anhela crear la universidad para policías, para “las misiones futuras que van a enfrentar: ciberdelincuencia, delitos financieros y ambientales”. De lograr su meta, sería la primera en América Latina en su tipo ¿una que pueda reproducir el entrenamiento de Whinsec?
El fantasma de Octubre 2019
Para combatir y anular el fantasma de Octubre 2019, ¿cuánto invirtió el gobierno en capacitación antidisturbios y compra de armamento y armas?
La investigación regional titulada “El negocio de la represión” evidenció que el gobierno ecuatoriano recibió bombas lacrimógenas de Colombia y Perú, e hizo una compra declarada confidencial de armas no letales: “A Colombia le devolvió el préstamo con granadas brasileñas de un modelo controversial, pues varios lotes habían sido desaprobados por la policía de Sao Paulo”.
Fotografías hechas por los manifestantes registraron la fecha de caducidad de las bombas lacrimógenas haciéndolas más nocivas. Al respecto, Amnistía Internacional observó algunos componentes que se sabe están presentes: agentes irritantes como CS, CN o PAVA, nitrato de potasio, cloruro de potasio, silicio, carbonato de magnesio, sacarosa, nitrocelulosa, carbón. No hay regulaciones de uso apropiado o formulaciones estandarizadas de toxicidad y hace “cuestionable la toma de decisiones de quienes controlan las operaciones policiales y la falta de capacitación de muchos oficiales policiales”.
De la misma forma, Ecuador prestó a Bolivia bombas lacrimógenas y balas de goma para contener las protestas que desencadenaron el golpe de Estado contra Evo Morales, y el nombramiento de la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, como presidenta. Las municiones en préstamos a Bolivia no han sido devueltas al gobierno ecuatoriano.
Bajo los acuerdos de cooperación en el marco de Ameripol -un organismo que reúne a 35 instituciones policiales de la región- sólo en dos días de octubre 2019, la Policía de Colombia entregó a la Policía ecuatoriana: 7.140 cartuchos calibre 37 mm, 2.000 calibre 40 mm, 8.000 granadas de mano trifásica, 2.000 granadas multimpacto y 10 fusiles lanza gases. El material era de fabricación estadounidense, de las marcas Combined Systems y Safariland, según corrobora otro documento del Ministerio de Gobierno. Por su parte, Perú prestó: 1.000 granadas lacrimógenas, 5.000 cartuchos lacrimógenos de calibre 37 mm y 6.000 cartuchos de perdigones de goma.
Con estos antecedentes, en junio de 2022, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley de Uso progresivo de la Fuerza con lo que probablemente, se alentó la brutal represión del Paro Nacional en 2022.
Ojo por ojo
El 24 de noviembre de 2020, la ex Ministra de Gobierno, María Paula Romo, eligió despedirse en el juicio político en su contra, vía zoom, desde el salón de banquetes del Palacio de Gobierno, junto al alto mando de la Policía. Fue censurada y destituida por su responsabilidad en el uso de bombas lacrimógenas caducadas y “ataque” en las zonas de paz durante el Paro Nacional de Octubre de 2019.
Integrante de Ruptura de los 25, hizo política cercana al ex presidente Rafael Correa. En 2011, cuando marca distancia con Correa, la revista Foreign Policy la escogió como uno de los nuevos rostros comprometidos con las mujeres y los Derechos Humanos. En el contexto del Paro Nacional de Octubre 2019, señaló falsos positivos y exacerbó la xenofobia contra personas venezolanas, como señala la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador.
Romo cuestionó el trabajo de la CIDH que responsabilizó a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas de cometer “graves violaciones a derechos humanos en contra del Movimiento Indígena”. Bajo su gestión se llamaron a más de 500 dirigentes y miembros de organizaciones sociales a declarar. Romo reconoció que la Policía usó gases lacrimógenos caducados para repeler las protestas, y pidió disculpas por la serie de bombardeos contra las zonas de paz que se establecieron entre los campus de Universidad Salesiana, PUCE y Universidad Politécnica.
Solo un mes después -aún abierta la herida- la ministra Romo posó para la portada de una revista local con una blusa que mostraba una mujer sin un ojo. La opinión pública rechazó la imagen como burla a la represión de Octubre. ¿Es Romo la gran ejecutora de la estrategia política para combatir al enemigo interno? El gobierno de Lasso cuenta entonces con dos viejos expertos en el combate al Movimiento Indígena: Carrillo y Romo. ¿Lograrán posicionar la tesis del enemigo interno al que catalogan como narco-guerrilla? Mucha gente añora al ex presidente León Febres Cordero, bajo cuyo régimen autoritario se persiguió, torturó y asesinó a miembrxs de las Fuerzas Revolucionarias del Pueblo (FRP) “Alfaro Vive ¡Carajo!, Montonerxs, y cientxs de militantes y disidencias más.
El enemigo interno
“Ustedes solo representan a una pequeña parte del 3% de indígenas. Vuestro líder no es más que un terrorista. Piojosos, Apestosos. Primero aprendan a bañarse…” expresó un político en redes sociales, sin recibir reprobación ni sanciones por incitar a la violencia o promover el odio por origen o identidad en los días de Paro Nacional.
En 2015, Rafael Correa calificó como “indios fracasados” a lxs dirigentes indígenas de la del levantamiento y el Paro Nacional convocado por el Frente Unitario de los Trabajadores, la CONAIE y las demás organizaciones del Colectivo de Organizaciones Sociales. En ese año, más de cien campesinxs, indígenas, trabajadorxs y estudiantes fueron detenidos en el Ecuador por protestar contra las medidas económicas y la falta de consulta previa.
Desde entonces el acoso judicial es una de las estrategias que se emplea para estigmatizar y perseguir a la oposición política bajo los delitos de paralización de servicios públicos, otros de incitación a la discordia entre ciudadanos, ataque o resistencia (a agentes de la fuerza pública), y más grave, terrorismo.
En el Paro de octubre 2019, la alcaldesa Cynthia Viteri mandó a cerrar los accesos a Guayaquil por el puente de la Unidad Nacional para impedir la llegada de indígenas. El líder socialcristiano, Jaime Nebot calificó: “El golpista, el saqueador, no es malo por su raza, por su ideología, por su procedencia, son malos por su actitud delictiva. Aquí los vamos a castigar” y advirtió “que se queden en los páramos”.
Del ministerio de propaganda a la táctica de desinformación
Es importante reflexionar sobre el papel que tienen los medios de comunicación. En el Paro Nacional de junio 2022, periodistas así como varios medios alternativos y comunitarios denunciaron ataques cibernéticos a sus webs y cuentas en redes sociales: Apak tv de la Asociación de Productores Kichwas de Otavalo, Revista Crisis, Hoja de Ruta, Asamblea Popular de los Pueblos de Chimborazo, Radio La Calle, Indymedia sede Ecuador, Wambra. CONAIE y CONFENIAE, así como ciudadanos reportaron la “censura de contenidos” por infringir las normas de comunidad mientras compartían registros de abuso policial y represión estatal.
Memes, audios y fotos, videos y documentos (auténticos y falseados) inundaron las redes sociales. La propaganda, en ambos bandos, estaba orientada a crear y reafirmar opinión pública, a favor y en contra del Paro Nacional, y por lo tanto, sobre sus protagonistas, el Movimiento Indígena y el oficialismo.
“Dirigentes de la Conaie se hospedarán en el Swissotel en Quito” y “Ni albergue ni comida para manifestantes en Quito” se leía en dos imágenes que circularon en redes. Una investigación de AFP Actual determinó las imitaciones de gráficos del diario El Comercio para desinformar sobre las protestas en Ecuador. Un grupo político necesitaba construir el relato clasista y diferenciador entre el pueblo llano y la dirigencia a la que se refieren de forma despectiva como “ponchos dorados”.
La gente clamaba al “gobierno del encuentro” (slogan presidencial) por un diálogo. Sybel Martínez, miembro de la Comisión de la Verdad y miembro del Consejo de Protección para la Niñez, explica que “dialogar pasa por reconocer al Otro como actor legítimo. Leonidas Iza, actual presidente de CONAIE, pide ‘Reconózcannos como actores políticos y sociales’. El discurso nacional pasa por racismo, por colonia".
Pero, cada vez que el presidente Lasso llamó al diálogo se producía un nuevo episodio de represión, del cual dan cuenta crónicas, reportajes, entrevistas y testimonios de los manifestantes registrados en 18 días de Paro Nacional. El 28 de junio, Lasso desconoció la representación legítima de los pueblos y nacionalidades indígenas de Leonidas Iza frente a CONAIE.
¿Puede ser considerado enemigo interno el Movimiento Indígena y/o cualquier colectivo que emprenda acciones de resistencia o protesta contra el neoliberalismo? Bajo esta hipótesis, las políticas de seguridad y administración del gobierno continúan respondiendo al Plan Militar de Defensa Interna de 1983, observador por constituir el marco de violaciones a los derechos humanos.
Las muertes de seis personas en el contexto del Paro Nacional de Octubre 2019 siguen impunes. Se conformó una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ) -incluyó a la defensoría del Pueblo- verificó que 22 civiles sufrieron lesiones permanentes y a largo plazo por municiones no letales, 470 policías fueron agredidos y 208 secuestrados. El informe de la Alianza habla de nueve fallecidos, muertes violentas en contexto de protesta social y represión estatal.
En junio de 2021, el informe de la Alianza de Organizaciones por los derechos humanos en Ecuador muestra que la criminalización de la protesta social, persecución y estigmatización es una constante para las personas y colectivos defensores de la naturaleza. Señala que 18 de los 22 casos documentados están relacionados con industrias extractivas o en el sector energético. Una de las causas principales de estos conflictos es el incumplimiento de los estándares de garantía del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; así también del derecho a la consulta ambiental por parte del Estado en complicidad con las empresas.
Según el Frente Nacional Antiminero, 21 territorios se levantaron en el Paro Nacional de 2022 porque 2 '278.817 hectáreas fueron entregadas a compañías mineras sin consulta previa. El gobierno de Lasso ha militarizado comunidades para imponer la megaminería con violentos operativos en Buenos Aires de Imbabura o en Cóndor Mirador donde los comuneros de Tundayme fueron desalojados y se reporta un líder asesinado.
Los reportes de agresiones en contra de personas y colectivos defensoras de derechos humanos, de la naturaleza y de pueblos originarios van en aumento, a pesar de progresar en el marco normativo internacional como el Acuerdo Escazú, a pesar de miles de personas protestando en las calles durante 18 días, a pesar de una violencia simbólica y física que solo evidencia la persistencia del racismo y la exclusión. Urge a los gobiernos en trabajar seriamente por lograr la anhelada paz con justicia social.
Fotografías: Josué Araujo
Recursos Multimedia: Alexis Olivo
