La política migratoria de la Unión Europea y la guerra en Ucrania
El día 5 de marzo, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional denunciaron la “extrema brutalidad” desplegada por las fuerzas de seguridad españolas, en la represión de los intentos de entrada en el país de migrantes africanos, por la valla de la ciudad fronteriza de Melilla. Un video ampliamente compartido en las redes sociales muestra la paliza que un grupo de agentes de la autoridad española propinan a un joven migrante que acababa de saltar la valla, antes siquiera de preguntarle si se encontraba en una situación que convirtiese en legalmente obligatoria su protección internacional, ya fuera por su edad o por su hipotética condición de refugiado o asilado político.
Paralelamente, el día 4 de marzo, la Unión Europea informa públicamente de que procede a activar una previsión incorporada en una Directiva comunitaria del año 2001, ideada para una situación de catástrofe y urgencia humanitaria, por la que se concede a los refugiados que puedan alcanzar sus fronteras huyendo de la guerra en Ucrania una situación legal de “protección temporal” de un año, prorrogable a al menos otros dos años más. Dicha norma, que no otorga el derecho de asilo y refugio sino tan sólo la ya mencionada “protección temporal”, concede a los ucranianos los permisos de residencia y trabajo, el acceso a la vivienda, la asistencia social y médica, y, en el caso de menores, también el derecho a la educación. Esta norma no se aplica a los ciudadanos no ucranianos residentes en Ucrania que puedan haber huido de la guerra y alcanzado territorio comunitario, sino sólo a los nacionales de ese país.
Es indiscutible que la población civil ucraniana que huye de la brutal conflagración bélica desatada en su país es merecedora de toda la ayuda humanitaria que sea necesaria para garantizar su seguridad y su salud. Se trata de refugiados de una guerra extremadamente sangrienta e, incluso, algunos de ellos y ellas serán también merecedores del estatuto de asilo político en función de quien resulte ganador de dicha guerra. Es también cierto que la Directiva europea de 2001 está pensada para una catástrofe de grandes dimensiones como esta y que resulta ético, justo y legal que la misma garantice la protección temporal, en suelo comunitario, de los ciudadanos y ciudadanas ucranios que huyen de la guerra.
Sin embargo, no deberíamos olvidar toda una serie de datos que contextualizan esta activación de la Directiva por parte de las autoridades de la Unión Europea:
En primer lugar: en la frontera comunitaria del Estrecho de Gibraltar se están produciendo numerosos casos de “devoluciones en caliente” de migrantes, a los que no se les permite ni siquiera alegar que están en situación merecedora de asilo o refugio, en contravención de lo que indica la legalidad internacional. Se trata de una práctica reiterada que se intenta amparar en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional español de 2020, que permite los “rechazos en frontera”, pero con las excepciones de colectivos en riesgo, como los menores, las mujeres o los solicitantes de asilo. Lo cierto es que las devoluciones se están produciendo de manera descontrolada y rutinaria, llegándose al extremo de devolver a menores migrantes sin respetar el procedimiento legalmente indicado para ello, como ocurrió con algunos de los niños que entraron en Ceuta en los días en que Marruecos abrió la valla para presionar políticamente al gobierno español porque este había permitido el ingreso hospitalario en España de un dirigente del Frente Polisario, hace cerca de un año.
Los migrantes que llegan a España por la frontera Sur son también, en muchos casos, refugiados que huyen de la guerra. Es el caso de los ciudadanos malienses, chadianos, nigerinos o de Burkina Fasso, países en los que se están produciendo recurrentes golpes de Estado militares, y se está desarrollando una cruel contienda bélica entre diversos grupos yihadistas y tropas europeas y gubernamentales. La guerra del Sahel, que nunca aparece en los medios de comunicación europeos o españoles, está provocando un enorme desplazamiento de poblaciones amenazadas y una brutal estela de muerte y destrucción. En ella están embarcadas las Fuerzas Armadas de países como Francia o España, sin que pueda afirmarse que, en estos momentos, estén logrando limitar o detener el avance las fuerzas yihadistas en la región.
En segundo lugar: el Mediterráneo Central y el Oriental son también fronteras europeas en las que, en las últimas décadas, se ha producido un masivo intento de entrada de solicitantes de asilo y refugiados, procedentes de guerras, tan brutales como la de Ucrania, como las de Libia, Siria o Afganistán. Miles de migrantes y refugiados han perecido intentando cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Otros muchos miles han sido hacinados en campos de refugiados en Grecia que no son otra cosa que centros de detención superpoblados, mientras se les deniega el derecho de asilo pese a tener derecho a él, se les ahoga en trámites administrativos irresolubles o, simplemente, se les retorna a los países de tránsito mediante “devoluciones en caliente” abiertamente ilegales.
La reacción europea a la oleada de solicitantes de asilo provenientes de la guerra de Siria contrasta fuertemente con la que se ha producido con respecto a los ucranianos. Las sirias y los sirios fueron vistos socialmente como “enemigos” o mínimo, como un “cuerpo extraño”. Percibidos como radicalmente ajenos por su tono de piel y su cultura musulmana fueron tratados como un “problema” por los medios y los políticos de Europa, lo que provocó enormes limitaciones para su entrada en la Unión y no pocas muertes en frontera. Lo mismo ocurre ahora con los afganos, meses después de que la “solidaridad inquebrantable” de Occidente con las mujeres afganas, discriminadas por los talibanes, haya desaparecido de los telediarios. Lo cierto es que las afganas y afganos han de enfrentarse a los mismos dramas para obtener protección en Europa que el resto de refugiados asiáticos o africanos.
Una prueba de ello es la reacción europea a los ingresos de refugiados afganos y sirios en Europa por la frontera bielorrusa en estos últimos meses. Más allá de que este acceso fuera, o no, promovido por Lukashenko como una maniobra política, lo cierto es que la visión geopolítica ahogó, en ese momento, a toda razón humanitaria. Las instituciones europeas se olvidaron de los derechos de los refugiados y permitieron a Polonia profundizar en la estrategia de las “devoluciones en caliente” y de la construcción de vallas defensivas.
En tercer lugar: las “devoluciones en caliente” de que tanto hemos hablado, son una práctica que entra en abierto conflicto con la conformación de la Unión Europea como un espacio articulado por las normas legales y los procedimientos jurídicos. La persona que es devuelta sin poder acceder a tutela judicial alguna, sin ser asistida legalmente y o por traductores, sin que quede registro alguno de tal actuación, es sometida a su nulificación como sujeto de derecho; se convierte, así, en una “no-persona”, y es precisamente, quien más necesita la protección del Derecho y la solidaridad internacional. Desaparece para la civilización. Esta práctica, cada vez más común en nuestras fronteras del Sur, y cada vez más justificada por los órganos judiciales europeos, contrasta fuertemente con la activación de la Directiva de protección temporal para los ciudadanos ucranianos (protección no válida, ya lo hemos indicado, incluso para los ciudadanos extranjeros residentes en Ucrania).
La activación de la Directiva de protección temporal para los ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra está plenamente justificada, ya lo hemos dicho. Pero, si esto es así, ¿por qué no lo está, por ejemplo, para los sirios, afganos, malienses o chadianos que también huyen de la guerra? Es más, en muchos casos estas poblaciones huyen de enemigos que los occidentales mismos han combatido (yihadistas del Sahel, talibanes, El Asad…) ¿Cuál es la razón para que no tengan acceso al mismo mecanismo de protección temporal?
Para los que toman las decisiones en Bruselas, los habitantes de las colonias y excolonias son algo menos que hombres y mujeres. Podrían decirnos: “Acostumbrados al dolor y el sufrimiento, son abiertamente prescindibles. Además, normalmente son negros, o casi negros. O peor aún, musulmanes. Nada que ver con las mujeres rubias y de ojos azules que huyen de un rincón de la vieja Europa asaltado por un autócrata de un país que se considera casi asiático”. Esta narrativa, más o menos conscientemente, atraviesa toda la lectura del fenómeno migratorio por parte de los medios de comunicación y de los dirigentes políticos de Occidente. Se llama racismo, pero siempre se puede envolver en un lenguaje humanitario que conmueva a las multitudes.
Tomemos nota de ello, ya que tenemos que encarar el inicio de las grandes bifurcaciones caóticas que nos tiene reservado el capitalismo senil en su época de colapso civilizacional y climático.
