Los márgenes del Estado, la ley y la trampa

El pasado 17 de mayo del 2018, se publicó en el Registro Oficial No. 243  de “la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo”, un clamor popular de las provincias, cantones y parroquias asentadas en las periferias del territorio ecuatoriano. La normativa tiene como objetivo “beneficiar” a las poblaciones fronterizas y propone:

a) La igualdad, cohesión e integración social y territorial.

b) Fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía de frontera.

c) Mejoramiento de la calidad de vida de la población de frontera.

d) Conservación, protección y manejo sustentable del patrimonio natural y la biodiversidad… en un ambiente sano y sustentable.

e) Mantenimiento de la paz.

f) Garantía de trabajo estable, justo y digno de las poblaciones de frontera en todas sus formas.

g) Construcción de espacios públicos interculturales.

h) Construcción de la plurinacionalidad y la interculturalidad.

i) Crecimiento económico, solidario y sustentable a través del fortalecimiento y ampliación de la infraestructura básica.

j) Incremento de la inversión fronteriza pública y social que incorpore tecnología, desarrolle la industria, genere valor agregado y aproveche la integración.

k) Creación de proyectos de desarrollo binacionales.

l) Armonización y equivalencia de la legislación con los países vecinos.

m) Desarrollo del intercambio comercial. 

n) Priorización de las políticas, estrategias y lineamientos del plan nacional de desarrollo.

Otros beneficios estimados son: la exoneración total o parcial de tributos y aranceles para la importación de equipos y maquinarias, abrir accesos a líneas de créditos preferenciales en entidades financieras públicas, protección especial para la producción agropecuaria y pesquera, impedir el contrabando y la especulación. Además prevé que estos territorios marginados tengan preferencia para convertirse en Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), como destino aduanero, turístico y cultural.

Hasta aquí, la propuesta irradia un halo esperanzador para los menesterosos de la frontera. De no ser porque la ley, al parecer, se ha escrito en hostias sacramentales, pues se desvanece entre la asamblea y el pueblo, entre el texto y su aplicación, entre la realidad y la ficción. Hasta la fecha, septiembre de 2019, la Ley no cuenta con un reglamento para su aplicación. Se estableció que será de aplicación inmediata luego de la publicación en el Registro Oficial, pero nadie, ni gobierno, ni instituciones, ni GADs, ha promovido intento alguno para su aplicación. Aunque las disposiciones transitorias suscriben que: entre plazos de 90, 180 días o un año,  se elaborará programas de fortalecimiento institucional para los gobiernos de frontera. Se implementarán acciones inmediatas para programas de transporte o acciones que permitan determinar los límites aduaneros para el intercambio de bienes para el consumo de las poblaciones fronterizas, entre otras.

Esta falta de acción del centralismo estatal tiene su lógica. Les preocupa más descorreisar  el país que atender las periferias del Estado. Crear distractores semanales y desviar la atención de las necesidades poblacionales realmente importantes. Ejecutar despidos masivos en todo el país aun cuando su propia ley señale “garantizar el trabajo estable, justo y digno de las poblaciones de frontera”. Les interesa más encarcelar niñas violadas si piensan en abortar, obligarlas a parir más menesterosos sociales, antes que ofrecer “una vida digna para toda la población” como reza la carta magna ecuatoriana.

Esta desviación de la mirada estatal reproduce desigualdades categoriales como pobreza/subversión, migración/explotación, violencia/aparato represivo del Estado, analfabetismo/frontera. Condiciones sociales que reconfiguran en la población, prácticas laborales vinculadas al contrabando, la violencia de género, educación deficiente o explotación infantil. Bajo ese paraguas de deficiencias estatales, la única opción es la presión poblacional a los gobernantes, cuyo fin es llamar la atención del centralismo económico y político, que tiene como prioridad la restitución del poder a las élites tradicionales del Ecuador.

A pesar de que la ley está escrita, en la práctica su ejecución es un eufemismo. Nos dan la ley pero sus vacíos reglamentarios impiden su aplicabilidad.  No por nada coloquialmente se dice  “hecha la ley hecha la trampa”. Ha transcurrido un año cuatro meses desde su publicación y aún no se concretan acciones claras a favor de las provincias periféricas. Por ello, es bueno seguir el ejemplo de Carchi y como dice la canción, <<desde el Carchi al Macará>> hacer temblar la estructura estatal, si realmente queremos la atención pertinente a las necesidades prioritarias de nuestra población.