Tía María: Radiografía del capitalismo extractivista y contaminante en Perú
Luego de aprobarse la construcción del proyecto Tía María -de Southern Copper y el Grupo México (GM), de la que es subsidiaria-, por unos US$ 1400 millones, los comuneros del sur de Perú retomaron una plataforma de lucha que viene desde el 2011, cuando Islay (Arequipa) fue escenario de una huelga de hambre frente a la represión policial cometida contra los agricultores y trabajadores del Valle de Tambo. Tres pobladores fueron asesinados: Andrés Taipe recibió un balazo que le perforó el pulmón, Aurelio Huarcapuma fue baleado en el abdomen y Néstor Cerezo fue impactado en la cabeza con una bomba lacrimógena disparada desde un helicóptero policial.
En dicha jornada, los comuneros protestaron porque el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María que fue aprobado por el Estado, recibió 138 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos. Además, la Southern pretendía realizar su actividad extractiva en una zona agrícola usando agua del río Tambo. Dos años después, la transnacional presentó un nuevo EIA aduciendo que ahora utilizaría agua de mar y en 2014 el gobierno de Ollanta Humala aprobó tal estudio.
Y frente a la posibilidad del inicio de la construcción minera, el pueblo de Islay volvió a salir a las calles entre marzo y mayo del 2015. Y nuevamente, el saldo fue trágico: el agricultor Victoriano Huayna, el obrero Jenry Checya y el comerciante Ramón Colque, fueron asesinados por las balas de la policía.
Antecedentes nefastos
En el escenario actual, hay que precisar que en julio de este año, dirigentes sociales en Arequipa acordaron realizar la protesta con marchas populares hasta que el Gobierno anule la reciente autorización del desarrollo del proyecto Tía María por el terrible impacto medioambiental y la precarización que se impone en dicha región. Y no olvidemos que al día siguiente que Southern anunciara que el Ministerio de Energía y Minas de Perú (Minem) le dio luz verde para explotar los yacimientos de cobre Tía María y La Tapada, el GM derramó 3000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés (de enorme riqueza biológica) en México, por lo que la experta en agua de la UNAM, Elena Burns, lo consideró un ‘crimen ambiental por las sustancias que envenenan la fauna marina’.
En 2014, GM derramó 40,000 m3 de sulfato de cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora (México). La Comisión Permanente que se formó consideró que este es un caso de ecocidio, ya que el derrame también ha afectado las actividades ganaderas y agrícolas en la zona. En 2015, el semanario mexicano Proceso publicó un artículo titulado ‘Grupo México exporta a Perú huelgas, muertos, contaminación y corrupción’, refiriéndose al conflicto en Arequipa.
Además, hay que tomar en cuenta que la Southern Perú afronta sendas investigaciones y multas por contaminación ambiental, pues desde que fue creada en 1952, esta empresa siempre actuó en el sur en las minas Toquepala y Cuajone. De 1960 hasta 1996, la empresa vertió 785 millones de toneladas de relaves mineros en la bahía tacneña de Ite, en el 2015 se denunció la contaminación en la zona de los humedales y se exigió que Southern remedie los daños. La empresa se comprometió a ejecutar el ‘drenaje y recuperación de tierras’, pero lo incumplió. Antes, en 2013, en Moquegua, se denunció un sobreíndice de contaminación por dióxido de azufre en la fundición de Southern con un nivel superior a 190 ug/m en la zona (el límite máximo permisible es 80 ug/m3).
La lucha continua
En tanto, cabe precisar que actualmente entre las 14 observaciones del Ministerio de Energía y Minas al expediente de la concesión del proyecto Tía María, existen dos consideradas como ‘absueltas parcialmente’. En el informe técnico que aprueba la licencia de construcción, se le da un plazo a la empresa para que cumpla con la totalidad de requisitos, que vence este 6 de agosto. De incumplirse, no se autorizará el funcionamiento de la ‘planta de beneficio’ (en la que se procesan los minerales hasta obtener el metal deseado). Uno de los puntos pendientes es la presentación del estudio hidrológico, pieza clave para el proyecto y uno de los principales reclamos de la población de Islay.
Ahora que se vienen desarrollando casi dos semanas del Paro Indefinido, se han registrado nuevos enfrentamientos con la policía. Los manifestantes rechazan cualquier tregua, pues exigen la cancelación del proyecto minero. En medio de esto, el presidente Martín Vizcarra anunció medidas favorables a la minera, en contra de la protesta popular a la que se criminaliza desde los fueros del Estado y la derecha mediática (la Cámara de Comercio de Arequipa dijo que las pérdidas económicas por las protestas llegan a US$ 14 millones, pero no hablan del costo social, medioambiental y humano). Las mesas de diálogo han sido observadas y cuestionadas por los dirigentes comuneros pues solo buscan paliativos y no la solución del problema de fondo. La huelga comunera continua en pie de lucha y esta vez pretende poner fin a los intentos corporativos de contaminación minera de Tía María en dicha zona.
