2018: año reprobado en economía. ¿Qué queda para el 2019?
El 2018 es un año reprobado en materia económica. A diferencia del 2017, el 2018 es el primer año fiscal con un presupuesto elaborado y ejecutado exclusivamente por el gobierno de Lenín Moreno, lamentablemente, el resultado ha sido malo. En el 2017 la economía tuvo un crecimiento económico del 2,6%, mientras que para 2018 la economía se desaceleró y no crecerá más allá del 1%, esto pese a que el precio del petróleo promedió 60 dólares cuando inicialmente se presupuestó en 42 dólares.
La explicación a los malos resultados radica en la falta de un horizonte claro en materia económica y por la complacencia del gobierno con intereses corporativos que no necesariamente coinciden con la consolidación de un proyecto económico de corte popular y nacional. El gobierno de Lenin Moreno, en el mes de mayo, posesionó a su tercer ministro de economía, Richard Martínez, quien sin ninguna experiencia previa en el sector público renunció a la dirección del Comité Empresarial Ecuatoriano para asumir una de las más importantes carteras del Estado.
La entrada de Richard Martínez al gabinete se explica por las divergencias que tuvieron los exministros Carlos de la Torre y María Elsa Viteri con grupos empresariales vinculados al negocio de la importación y con miembros del ala más derechista del propio gabinete de Lenín Moreno. La disyuntiva sobre si el principal problema económico del país en términos de crecimiento y sostenibilidad se sitúa en el sector externo, para lo cual se necesitan restricciones comerciales y monetarias; o en el sector fiscal, para lo cual habría que elevar impuestos o reducir gastos; terminó erradamente definiéndose por lo segundo y dando paso a una importante reducción del gasto en inversión pública.
La política económica se centró entonces en eliminar las salvaguardias que el gobierno anterior había impuesto ante la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar de los años 2015 y 2016, sin reemplazarlas con ninguna otra herramienta que proteja la incipiente producción nacional y controle la salida de divisas vía importaciones de consumo. El resultado fue un deterioro de 1.405 millones de dólares en la balanza comercial no petrolera, una disminución de la actividad interna que se ve reflejado en un débil crecimiento del IVA interno del 1% y en un insostenible crecimiento del IVA de importaciones del 20%, un escenario sumamente complicado para la pequeña y mediana empresa nacional generadora del 90% del empleo privado.
La obsesión por posesionar que la política fiscal había sido mal manejada en el gobierno de Rafael Correa, y que las cuentas fiscales son insostenibles y poco transparentes o que “la mesa no estaba servida” llevó a que Contraloría diera paso a una auditoría de la deuda con claros tintes políticos. Ya en retrospectiva, este proceso solo consiguió que pese al incremento del precio del petróleo experimentado en el 2018, lo que debería haber influenciado positivamente las perspectivas crediticias de la economía, se incrementara el Riesgo País, es decir el costo de la deuda, al punto en que el de Ecuador sobrepasa los 700 puntos y es el segundo más alto de la Región, superando al de Argentina y sólo superado por el de Venezuela, con lo cual el costo de una futura emisión superaría el 10% en la tasa de interés.
Pese a que la “veeduría” de Contraloría General del Estado debería haber clarificado el tema de la deuda, su resultado fue el contrario. Tanto así, que la segunda exministra de Economía y Finanzas del actual gobierno, María Elsa Viteri, afirmó que Ecuador es el único país del mundo en donde el marco legal para contabilizar la deuda se convierte en un simple accesorio y se tienen tres tipos de deuda: la consolidada, la agregada y “la del contralor”, haciendo alusión que para la tercera no existe ningún sustento conceptual técnico, de hecho, es la primera y la segunda contabilidad de endeudamiento las que constan en los presupuestos de 2017, 2018 y ahora más recientemente 2019.
En el presupuesto para el año 2019 el dato correspondiente a la deuda agregada es del 44% del PIB, con la novedad de que en la Ley de Fomento Productivo, el principal “logro” del ministro Martínez fue eliminar el límite del 40% en el endeudamiento público, por lo cual la Asamblea Nacional no realizó control político sobre esta variable, que bajo la anterior metodología de endeudamiento consolidado, en la cual se netean las deudas intra estatales, se situaba para mayo del 2017 en el 27,7% del PIB.
La proforma 2019, que por primera vez en más de 10 años fue observada por el Legislativo y devuelta al Ejecutivo para su corrección, devela claramente el fracaso de la política económica implementada durante el 2018. Cifras inconsistentes en los indicadores macroeconómicos e importantes reducciones en las perspectivas del gasto público que terminarán perjudicando a las clases populares y medias del país. El Sistema Nacional de Salud tendría una reducción de 193 millones de dólares con respecto al presupuesto que fue aprobado para 2018. Lo propio sucede con los recursos destinados para Educación Inicial, Básica y Bachillerato cuyo presupuesto se ve mermado en 376 millones de dólares.
Pese a que la Asamblea Nacional observó la proforma presupuestaria de 2019 por dar paso a importantes reducciones en el campo social, cuando esta fue reenviada al legislativo con “correcciones”, los rubros sociales no se alteraron significativamente. En donde sí existió un importante cambio es en la reducción del precio del petróleo, que pasó de 58 a 50 dólares el barril obligando a que el gobierno tuviese que revisar el precio del diésel premium en 19% y la gasolina extra en 46%, para compensar los ingresos petroleros sobreestimados. Bajo este escenario, la proforma para el 2019 no fue aprobada y entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, con lo cual, si ya en 2018 el gobierno perdió el año en materia económica lo que le depara al 2019, en caso de que no se rectifique y se controle el sector externo, es un escenario de caos e incertidumbre, en la que muy difícilmente se podrá generar empleo y reducir la pobreza.
