Estado en venta: las falacias de las privatizaciones

Nos encontramos en la segunda semana de julio de 2021, cuando los productores de arroz de la Costa ecuatoriana anuncian una movilización para presionar al gobierno. Se sienten desoídos, y exigen medidas gubernamentales en apoyo a su sector, pues los precios internacionales del arroz -tan bajos actualmente- no les permiten seguir produciendo. El gobierno responde diciendo que las paralizaciones serán penadas con la cárcel, y que, los 45 días que lleva en el cargo son insuficientes para solucionar sus problemas. Sin embargo, al mismo tiempo, el 7 de Julio de 2021, el gobierno firmó el Decreto Ejecutivo No. 95, que establece la política petrolera a ejecutar en los próximos 100 días a partir de la firma. Se anuncian concesiones de pozos, privatización de refinerías, venta de gasolineras estatales. Al parecer existen otros sectores menos pacientes, más apurados, y con más influencia sobre las decisiones gubernamentales que los productores arroceros. Adicionalmente, el Gobierno Nacional anunció conceder al sector privado las tres refinerías del Ecuador, así como a la única empresa telefónica móvil estatal. También se mencionó una posible concesión de “miles de kilómetros de carreteras”, y la venta del Banco del Pacifico.

Todas las empresas antes mencionadas generan importantes entradas al Estado. El sector petrolero tiene precios al alza; el Banco del Pacifico presenta elevadas ganancias; las hidroeléctricas exportan energía; la telefónica estatal, CNT, que, como explicaba el Observatorio del Gasto Público en 2019, ocupaba el segundo lugar por ingresos de las operadoras en el Ecuador y mostraba un crecimiento sostenido desde 2014. Las falacias de las privatizaciones son bastante evidentes, pero puede que no para todos. Por tanto, vale explicarlas.

Suponen sus impulsores que las privatizaciones alivian de gastos al Estado, pues este se deshace de sus empresas que trabajan a “pérdida”, que prestan servicios ineficientes, o, que solo funcionan mediante subsidios. Visto así, vender aquel tipo de lastres para el Estado suena muy lógico. Pero, la praxis siempre muestra dos falacias. La primera falacia comienza cuando, al ofertar los paquetes de privatizaciones al sector privado, este comienza a interesarse, no por aquellas empresas alicaídas, sino precisamente por las que ya están generando ganancias. Por tanto, las privatizaciones tienden, no a liberar al Estado de gastos, sino, a despojarlo de ingresos. Esto es bastante fácil de intuir, siguiendo precisamente los postulados neoclásicos de la economía sobre el comportamiento y racionalidad de los agentes económicos, que se supone profesan los auspiciantes de las privatizaciones.

Resulta obvio que los inversores preferirán aquello que ya esté operando con ganancias sobre aquello que tenga pérdidas, y, algo igual de importante, preferirán aquello ya construido pues así evitarán costos hundidos y largos periodos de espera por ganancias. De ahí se deriva la siguiente falacia de las privatizaciones: si el sector privado es mas eficiente que el público, ¿por qué no construye aquellas hidroeléctricas y carreteras en vez de comprarlas una vez que el Estado ha cubierto con los costos iniciales y asumido los riesgos? Las privatizaciones, simplemente son imposibles sin que el Estado previamente haya construido, erigido, emprendido alguna actividad que luego pasa a privatizarse. Por tanto, las privatizaciones en general presuponen pérdidas para el Estado y no ganancias.

No hay duda de que ciertas actividades son más eficientes cuando el sector privado las ejecuta: la producción de bienes de consumo, la innovación en tecnología productiva, etc.: la experiencia histórica así lo demuestra. Pero, asimismo, la evidencia demuestra que el Estado es mas eficiente cuando se trata de emprender grandes proyectos de elevado costo inicial y riesgo que, el sector privado no está dispuesto a asumir, como grandes hidroeléctricas, investigación científica de largo plazo, oferta de servicios para pobladores de bajo ingreso, etc. Por tanto, reconocer que cada sector tiene su lugar adecuado y así maximizar los beneficios de la población, es en verdad la meta del estadista, no el atender las demandas de hambrientos, improductivos y ociosos captadores de renta que quieren los bienes del Estado como botín.

Por supuesto, debe reconocerse también, que algunas de las propuestas de estímulo al sector privado planteadas por el gobierno son necesarias, además de justas, pues no comprometen ingresos estatales. Esto es así porque serían verdaderas inversiones, no reconversiones de propiedad. En ese orden está la propuesta de crear una “zona franca de turismo”, que eximiría de impuestos por 30 años a los inversores en esta rama, cuyo potencial aun no se ha explotado como se debería en un país como el Ecuador.

Adicionalmente, debemos considerar el conflicto social que podría desencadenarse con la ejecución de los planes de ampliar las fronteras petrolera y minera. Los grupos sociales opuestos al extractivismo, que, en algunos casos, irónicamente, respaldaron a Lasso en la segunda vuelta presidencial, tendrán que tomar una decisión sobre si permitir o no la ejecución de aquellos planes. Es bastante evidente que, si se aplica aquella política, el gobierno tendrá inevitables roces con esos movimientos, encabezados por el Movimiento Indígena en la Sierra y por los agricultores montubios de la Costa. De hecho, los roces ya comenzaron, aunque aún no pasan de las palabras. Ya en el foro "Desafíos de la Libertad", impulsado por el escritor y activista de derecha, Mario Vargas Llosa, Lasso dejó claro su respaldo a la represión aplicada por el presidente colombiano Iván Duque, pues manifestó que, a su juicio, las movilizaciones en Colombia “no eran espontaneas”. Es decir, Lasso adhiere a la teoría del complot, y no reconoce las demandas de la población colombiana ante uno de lo sistemas más excluyentes del planeta.

Por lo tanto, las privatizaciones anunciadas, podrían enervar nuevamente la lucha social, que la pandemia dejó en pausa, y desencadenar una nueva ola de represión estatal. Sin duda, el gobierno tiene fuertes dilemas que enfrentar, y la vía para enfrentarlos definirá su éxito, su fracaso, o el juicio de los pueblos en el futuro sobre sus acciones.