Argentina: las cárceles sin cuarentena
Las cárceles y lugares de encierro del sistema penitenciario argentino se encuentran, desde hace décadas, en una situación de emergencia que ningún gobierno atiende. Declarada la pandemia, y con la sociedad puesta en cuarentena, el encierro en estas condiciones constituye un factor de riesgo altísimo. Los focos de protesta en los últimos días en distintas penitenciarías exigen medidas urgentes. ¿A quién le preocupa la salud y bienestar de los y las presas?
“Estamos enterados de lo que está viviendo la humanidad, de las medidas que se están tomando a nivel mundial para salvar las vidas. Pero acá todo sigue igual, desde antes de que se pronunciara este virus mortal (…) No tienen explicaciones para darnos y menos los suministros. No han habido controles médico (…) qué nos queda para nosotros acá olvidados”.
Comunicado de presos de Bouwer, 21 de marzo de 2020
En medio de la vorágine de noticias en días de cuarentena, llegan los ecos de revueltas en cárceles y de represiones como respuesta: en Bouwer (Córdoba), con heridos de balas de goma; en Florencio Varela (Buenos Aires); en Batán (Mar del Plata); en Las Flores (Santa Fe), con cuatro muertos y en Coronda (Santa Fe), donde un preso murió y otras cinco personas resultaron heridas. En La Modelo, de Bogotá, hubo un intento de fuga que dejó 23 presos muertos y 90 heridos, 32 de gravedad, y se registraron revueltas en, al menos, diez penales colombianos. En Brasil, se registraron motines y fugas masivas, recapturas, cacería y asesinatos a manos del servicio penitenciario. Del centro de detención de San Carlos, Venezuela, escaparon 80 presos, diez de ellos fueron fusilados mientras huían. En Santiago de Chile, hubo intento de evasión masiva del penal Santiago y se conocieron acciones de presos en la cárcel de Anuradhapura en Sri Lanka, y en más de 20 establecimientos italianos.
Existen tres denominadores comunes de todos estos episodios. Por un lado, que la causa de estas acciones es la falta de recursos para afrontar la pandemia del COVID-19 y el reclamo de mayores medidas de prevención y mejores condiciones de alojamiento ante la propagación del virus. Por otro lado, que el estado de los establecimientos penitenciarios ya era desfavorable y, en muchos casos, se encontraba en emergencia. Por último, en todos los países, las medidas preventivas fueron escasas, sino nulas, y la respuesta fue la represión brutal, dejando cientos de presxs muertxs y heridxs, y soluciones tardías o a medias.
“Los presos están completamente olvidados, si escuchamos los discursos parece que no existen, son los invisibles”, nos dice Adriana Revol, militante anticarcelaria que forma parte del Movimiento Hacia la Libertad que nuclea a ex presxs, familiares de presxs y organizaciones anticarcelarias.
Más allá de la coyuntura actual por la pandemia del COVID-19, hay una situación en el sistema penitenciario que se viene denunciando desde hace décadas. En diálogo con La tinta, Adriana explica que lo más grave es el grado de hacinamiento que hay “sobre todo, en Córdoba, que es una de las provincias más represivas y con mayor cantidad de presos per cápita”. Mientras que el poder judicial dicta prisión preventiva “sin contemplar lo que está sucediendo con el hacinamiento, y por delitos no graves, a personas que no son peligrosas ni que se vayan a fugar”.
La falta de derechos humanos es una constante de las cárceles argentinas, “entran allí y pierden automáticamente todos los derechos, por ejemplo, el derecho a la salud. De las 21 muertes que alcanzamos a registrar en 2019, la mayoría fue por falta de asistencia médica”. Esto trascendió gracias al registro personal de Adriana, pero es así desde hace décadas. “Los médicos están muy ocupados recetando cuántas horas por día tiene que estar atada una persona en una cama de sujeción o aplicando chalecos químicos que los dejan knockout por varios días, o dando medicación más o menos al 50% de la población”. Con ironía, retrata lo terrible: “Se ve que todos tienen la misma patología, es el mismo medicamento, a la misma hora, todos igual, es una locura”.
Por otro lado, la educación en el servicio penitenciario, explica Adriana, es tomada como un premio, no como un derecho, y menos del 5% de las personas acceden al área educativa. A su vez, las restricciones de visita a los penales en Córdoba empezó mucho antes de declarada la pandemia y la cuarentena. “Está impuesto un régimen de visita que es sólo para familiar directo y que no tenga antecedentes, eso deja a muchas personas sin visita, es cruel, y eso porque el hacinamiento es tan alto que, cuando ingresa la visita, tenés miles de personas adentro, entonces, no lo pueden manejar”.
Adriana milita hace décadas y registra lo que sucede en las cárceles en sus cuadernos de apuntes que, a veces, salen a la luz. “Siempre digo que antes, durante y después de la dictadura, las cárceles han sido iguales, pasan los gobiernos, pero, ahí adentro, nada cambia”.
Como parte de las pocas medidas adoptadas, una fue la represión, “en Bouwer, a un pabellón que exigía sus derechos, le dieron balas, ellas estaban pidiendo elementos de limpieza, mejoras en la alimentación y prisión domiciliaria para quien le corresponde. Hay un decreto que dice que tenemos que estar a un metro cuadrado por persona y lavarse las manos, y no lo cumple el mismo Estado, que viola sus reglas y sus leyes, porque, en Bouwer, falta el agua, entonces, ¿cómo carajo se van a lavar las manos?”.
Adriana suena tranquila e indignada al mismo tiempo, se traslucen los años de recorrer penales y ver violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Cuenta que, en estos días, el sistema penitenciario proveyó de algunos artículos a los presos y presas, quienes quedaban asombradas, y estima que se trata de medidas para que no estallen protestas dentro del penal. “Si sucede algo terrible, seguramente, los castigados van a ser los presos, las condenas son a ellos, pero no se busca el motivo que produce los motines, por qué se desencadenan así”.
El interior del interior
Por otro lado, conversamos con Valeria Plaza que es investigadora del CIECS CONICET, coordina el programa de extensión “Seguridad y derechos humanos” y es docente de la FCS-UNC. Explicó a La tinta que “si bien muchas de las organizaciones de Buenos Aires tienen diálogo con las distintas instancias del gobierno nacional y del sistema penitenciario, donde más se dificulta es en las provincias, porque la mayoría son decisiones que tienen que tomar las provincias”.
En esta línea, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se sumó a la Red Nacional de Organizaciones Contra la Tortura. Desde este espacio, elevaron una nota al Comité contra la Tortura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ante la preocupación por el “impacto que puede tener el avance de la pandemia del COVID-19 en la población privada de la libertad, alojada en cárceles, comisarías e institutos de menores, por ser más vulnerables a causa del hacinamiento y la falta de atención médica de urgencia”. Instan a que se tomen medidas urgentes y excepcionales.
En la nota presentada, “se pide que se evalúe reducir la cantidad de personas presas al 30%, que puedan cumplir domiciliaria, porque es una población de grave riesgo de salud en general y agravada por estas condiciones”. Proponen una serie de medidas, entre las que se destacan la efectivización de las libertades de personas en riesgo para distanciamiento social, evitando el hacinamiento, la revisión de prisiones preventivas y de condenas por delitos leves o no violentos, el otorgamiento de libertades asistidas o condicionales a quienes están en condiciones de obtenerlas. Además, en caso de propagarse el virus en los penales, instan a garantizar un espacio adecuado y aislado, y piden por derechos básicos como el acceso a la alimentación adecuada, a elementos sanitarios de higiene y a la salud. Para evitar dilaciones y priorizar las decisiones que se tomen, demandan la existencia de un esquema de emergencia del Poder Judicial y la existencia de un organismo, institución o comité que centralice, coordine y monitoree la aplicación de medidas preventivas y de contingencia.
“A nivel local, entre sábado y domingo, se generaron diálogos desde la facultad por teléfono con el sistema penitenciario, sin avances por ahora. El aislamiento y la emergencia sanitaria genera complicaciones para pensar acciones rápidas. Esperamos que, el miércoles, jueves y viernes, se retome el diálogo y tener un panorama más certero en términos cuantitativos, a ver qué significa esto en las cárceles de Córdoba”, concluye Valeria.
La situación de las mujeres presas es particular
La Red Nacional de Organizaciones contra la Tortura solicita el otorgamiento “de prisión domiciliaria a las mujeres con hijos en unidades penitenciarias y embarazadas”. Adriana Revol nos relata hechos que no han sido difundidos en los medios de comunicación. En los últimos días, las presas hicieron reclamos en el marco de la pandemia “y terminaron varias atadas en la cama de sujeción, castigadas. Uno de los castigos que más se utiliza es el traslado, porque te sacan de Córdoba y te alejan de la familia, como para decirles ´acá, nadie puede reclamar´”. Este punto resulta importante, ya que las mujeres reciben menos visitas que los varones, “tienen menos del 10% de la visita de la que reciben los hombres y, a la vez, los hombres son el 10% de la visita”, explica.
Actualmente, en el penal de Bouwer, cuenta Adriana, hay 13 mujeres con sus niños y dos embarazadas, “que tampoco se les ha dado la prisión domiciliaria. En este mes, por ejemplo, se le ha dado domiciliaria al represor Carlos “Tucán” Yanicelli, pero los niños continúan presos, esta es la realidad de esta Córdoba tan fascista, tan conservadora”.
La comparación es un botón de muestra del sistema penitenciario: mientras la situación en las cárceles es de desborde constante y la pandemia no parece ser un motivo para que esto cambie, en los últimos días, se conoció que el juez Alejandro Sánchez Freytes habilitó el beneficio de prisión domiciliaria a Carlos “Tucán” Yanicelli, ex policía provincial, alojado en Bouwer, que integró la patota del D2 y cumple condena perpetua. Lo solicitó por tener 67 años y padecer afecciones cardíacas.
Para las presas, sin embargo, la respuesta sigue siendo la tortura. “La situación es gravísima, el Estado tiene que tomar medidas y una es empezar a darle libertad o prisión domiciliaria a quien corresponda, el poder judicial no se puede ir a su casa tranquilamente y cuidarse mientras deja a miles de presos que podrían estar en su casa también”.
Fotografía:
latinta.com.ar
NOTA: Este artículo fue redactado por Andrea Antonelli publicado originalmente en el medio LaTinta el 25 de marzo de 2020
