Escenario y límites del nuevo gobierno en España
En España acaba de ser investido un nuevo gobierno. Se trata de un gobierno de coalición entre los dos partidos principales de la izquierda a nivel estatal -Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos-. Esta es la primera coalición gobernante desde la Guerra Civil, y la primera vez que un partido a la izquierda del PSOE llega a participar en un gobierno. Parecería que se podrían echar las campanas al vuelo. Pero lo cierto es que termina imponiéndose la prudencia. Nuestro gobierno actual -débil y acosado- no va a ser nada más que otra criatura de la vieja estirpe europea del social-liberalismo.
El PSOE -que cuenta con hegemonía absoluta dentro del nuevo gobierno- representa un partido social-liberal desde hace décadas. Adicionalmente, el presidente Pedro Sánchez ha procurado que las carteras ministeriales clave -como Economía o Seguridad Social- queden en manos de tecnócratas vinculados muy estrechamente con la burocracia europea que gestiona el control del déficit de los países de la Unión, para garantizar el cumplimiento del neoliberal Tratado de Maastricht. El acuerdo con Unidas Podemos impone el cumplimiento futuro de este límite de déficit público, lo cual implica -en un país que aún mantiene un déficit excesivo según este patrón- un aumento de ingresos o un recorte en gastos públicos.
Lo principal de la propuesta del aumento de ingresos acordada por el gobierno de coalición -la cual básicamente consiste en aumentar impuestos- está vinculada directamente a determinados acuerdos internacionales que tardarían en materializarse -como el Impuesto a las tecnológicas, la Tasa Tobin, etc.-. Aunque en la propuesta claramente no se llegue a hablar de recortes, habrá que esperar que tipo de resistencia puedan presentar ministros social-liberales de la talla de Nadia Calviño a las presiones de la Comisión Europea, en el caso de complicarse la situación económica.
Y la coyuntura en términos económicos sin duda puede llegar a un escenario complejo. El presente año arranca para la economía española con una tendencia de desaceleración en un contexto de parálisis de las actividades industriales en Europa -a raíz de las guerras comerciales desatadas por Trump- y de tensiones crecientes en el mercado petrolífero, del que termina por ser dependiente el suministro energético español. Además, la quiebra del operador turístico global Thomas Cook y la tendencia a una recuperación en términos de seguridad de determinados destinos turísticos del Sur del Mediterráneo -que compiten directamente en precios con el turismo en España- han aumentado las tensiones en un sector que representa cerca del 15 % del PIB.
Unidas Podemos obtuvo una vicepresidencia -de las cuatro que existen en este gobierno- y cuatro ministerios con un limitado peso y poder político. De hecho, algunos de los ministerios existentes en el presente gobierno formaban parte de otros ministerios anteriormente e implican competencias menores, habiendo cercenado gran parte de su área de competencias previa a estos ministerios. El único ministerio en manos de Unidas Podemos con incidencia en la política económica general -el Ministerio de Trabajo- ha perdido las competencias con las que contaba hasta ahora en materia de Seguridad Social y migraciones. Adicionalmente, este ministerio se encontrará fuertemente encorsetado por el acuerdo previo con el PSOE que sólo permite modificar -de momento- algunos de los aspectos más lesivos de las reformas laborales aprobadas durante la crisis económica de la pasada década.
Además, la coalición gobernante no cuenta con una mayoría en el parlamento, lo que le obligará a negociar nuevamente cada decisión importante -como los futuros presupuestos estatales- con un abanico de grupos nacionalistas, independentistas y regionalistas. Este panorama podría llegar a provocar una debilidad extrema del gobierno. Por una parte, el Partido Nacionalista Vasco -PNV- buscará limitar todo giro económico a la izquierda. Por otra parte en cambio, los partidos regionalistas pedirán su cuota de competencias y gasto público en cada negociación. Finalmente, los partidos independentistas catalanes exigirán una solución al conflicto que actualmente enfrenta a Cataluña con el Estado Español.
Precisamente la actitud frente al conflicto catalán terminará siendo una de las grandes piedras de toque del presente gobierno. Pedro Sánchez necesitará la abstención recurrente de Esquerra Republicana de Catalunya -ERC, uno de los principales partidos independentistas- para mantenerse en el poder. Y ERC en cambio necesitará las cesiones suficientes por parte del gobierno en torno a la cuestión catalana para implementar su estrategia emergente de convertirse en el principal partido de Cataluña y devolver a las multitudes que reclaman por la autodeterminación en las calles de vuelta a sus casas. Las exigencias actuales de ERC son claras: mesa de negociación entre gobiernos -algo que ya ha sido aceptado por el gobierno-; amnistía para los presos del proceso independentista – exigencia que en aspectos legales no le compete de manera directa al gobierno, aunque lo puede facilitar mediante medidas penitenciarias); y referéndum de autodeterminación –punto que ante la actual coyuntura social y política no puede llegar a permitir el gobierno bajo ninguna circunstancia-.
Pedro Sánchez y los dirigentes de ERC parecen haber aceptado que el referéndum no se realice. En su lugar, proponen una consulta referida a los acuerdos que se alcanzarían en la mesa de negociación, en la que el PSOE nunca permitiría que se acuerde la independencia. Queda por verse si un escenario tal sería aceptable para la masiva multitud de catalanes que se han manifestado estos últimos años en las calles, y si se podrá implementar realmente bajo la brutal presión de una derecha que -desde el primer momento- ha hecho una apuesta decidida por intensificar de manera exponencial la tensión política actual.
El bloque parlamentario de la derecha ha decidido presionar con todo al gobierno desde su primer día. Con una retórica extrema y guerra-civilista -llegando a pedir incluso una intervención del Ejército- los diputados y periodistas de la derecha y la ultraderecha coinciden en llamar prácticamente a la insurrección cívica contra un gobierno al que se le acusa de “estar en manos de los herederos de ETA”, de “romper España”, o de estar formado por “bolivarianos y comunistas”.
Ante este panorama los movimientos sociales parecen encontrarse en una situación de parálisis, debilidad y carencia de objetivos. Únicamente los jubilados vascos o los trabajadores del transporte madrileño han protagonizado luchas con un cierto impacto en los últimos meses. La onda expansiva del Movimiento 15-M parece haber acabado, aunque haya dejado tras de sí un reguero de iniciativas sociales de pequeño tamaño diseminadas en todo el territorio. El movimiento por la vivienda continúa su presión constante en los barrios, aunque este actualmente ya no reciba la atención de los medios vinculados con la progresía, que prefieren narrar el minuto a minuto de la vida parlamentaria.
Se inicia un nuevo ciclo, en el cual los movimientos tendrán que aprender a resistir en muchos frentes simultáneos. Estos tendrán que ratificar su autonomía frente a un gobierno que intentará cooptarlos sin contrapartidas apreciables. Resulta fundamental diseminar una narrativa discursiva y prácticas antifascistas con la suficiente profundidad para cambiar la situación y evitar el ascenso de la ultraderecha emergente.
Fuente fotográfica:
www.elconfidencial.com
