España: una semana de disturbios por Pablo Hasél

Un estallido de rabia e indignación recorre las calles españolas esta última semana. El encarcelamiento del rapero Pablo Hasél por “enaltecimiento del terrorismo” -y otros delitos de opinión cometidos al cantar- ha provocado manifestaciones en gran parte de las ciudades del Estado español.

Adicionalmente, muchas de estas protestas han acabado en violentos disturbios, duros enfrentamientos con la policía y saqueos. Una joven de 19 años perdió un ojo al recibir el impacto de un proyectil de espuma disparado por los agentes antidisturbios de la policía autonómica catalana. Cientos de chavales de los barrios de extrarradio y militantes sociales han sido apaleados y detenidos, mientras innumerables barricadas han ardido noche tras noche en las principales calles de Cataluña, Granada o Madrid.

Las manifestaciones tienen una motivación evidente: la defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, estas se producen en un contexto social tremendamente tensionado por la confluencia del despliegue de diversas crisis paralelas que ponen en riesgo el modelo social, político y económico que ha regido en el Estado Español desde la aprobación de la Constitución de 1978.

El impacto económico de la pandemia de Covid-19 tiene consecuencias devastadoras en una economía basada en el monocultivo del turismo y en la generación de recurrentes burbujas inmobiliarias. Cientos de miles de trabajadores se agolpan ante los bancos de alimentos y despensas solidarias de la Iglesia, los municipios o los movimientos sociales. Casi un millón de personas, continúan en los ERTES -Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, otro instrumento más de precarización y despidos-, con los contratos de trabajo suspendidos, cobrando la prestación de desempleo, y acuciados por una Administración Pública al borde del caos que es incapaz de gestionar los pagos. Cientos de miles de trabajadores autónomos y pequeños empresarios no saben que hacer con sus empresas, cerradas y quebradas. Gran parte del tejido empresarial nacional, incluso en sectores como el turismo, cae en manos de los grandes fondos de inversión globales.

El impacto político también es enorme. El llamado “Régimen del 78” languidece ante una creciente deslegitimación de la monarquía y las cada vez más apocalípticas tensiones territoriales -por vez primera, los independentistas obtienen la mayoría en voto popular en las elecciones catalanas-. A todo esto se le suman la inanidad cruel de un gobierno incapaz de poner en marcha una campaña de vacunación creíble o un sistema de Ingreso Mínimo Vital que ha resultado simplemente incobrable para la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en situación de exclusión social.

En este escenario, el derecho a la libertad de expresión se ha convertido en uno de los rehenes principales de las clases dirigentes que ahondan -cada vez más- en un deslizamiento irreversible hacia un modelo plenamente autoritario. La Judicatura tiene una gran importancia en este proceso: el control por los sectores conservadores de los más altos tribunales ha generado una dinámica de creciente recorte de las libertades públicas y los derechos civiles. Hace un mes, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, consideraba aceptable la llamada “Ley Mordaza”, diseñada específicamente para reprimir las protestas sociales, o declaraba legales las “devoluciones en caliente” de inmigrantes irregulares.

De esta manera, el Estado español se ha convertido en un territorio en el cual artistas, cantantes, tuiteros, y periodistas, pueden dar con sus huesos en la cárcel por lo que escriben, opinan o difunden. Titiriteros, raperos, rockeros, actores, sindicalistas, etc., se han visto ante el banquillo de los acusados por delitos inexistentes en la mayor parte de Europa como el de injurias a la Corona, a los símbolos nacionales como la bandera, a los sentimientos religiosos, o el del “enaltecimiento del terrorismo”. El ingreso en prisión de Pablo Hasél ha sido la gota que ha colmado el vaso de una indignación creciente.

Además, la indignación se ha convertido en rabia en un contexto aún más concreto: las autoridades han procedido, en muchas ciudades, a derogar de facto el derecho constitucional de reunión de los movimientos sociales. El Delegado del Gobierno en Madrid -el socialista José Manuel Franco- ha prohibido, en los últimos meses, todas las manifestaciones comunicadas por las plataformas en las que participan los sindicatos combativos, como la convocada el 14 de febrero por la defensa de los servicios públicos o varias que se intentaron realizar en defensa de la sanidad.

Pero Franco no ha prohibido todas las manifestaciones. Sí permitía recientemente, que un grupo de neonazis se manifestaran, en defensa del legado de la División Azul enviada por Franco en la Segunda Guerra Mundial -el otro, Francisco- a luchar junto a las tropas de Hitler en el frente ruso. Al finalizar esta manifestación permitida por el gobierno “progresista”, el cual al mismo tiempo prohíbe las convocadas en defensa de los servicios públicos, una joven expresaba lo que pensaban la gran mayoría de los asistentes: “el culpable de todo es el judío”.

Así se ha formado un bonito cóctel en estas últimas semanas en España: crisis económica y social, colas ante los bancos de alimentos, auge del independentismo, autoritarismo a raudales del aparato judicial, prohibición de las manifestaciones populares, reuniones públicas de los neonazis, gritos antisemitas, encarcelamiento de opositores y cantantes. ¿Alguien se puede extrañar de ver contendores en llamas, de la violencia represiva, de los jóvenes airados de los suburbios corriendo ante la policía?

En lo más profundo de la decadencia del sistema capitalista, actualmente vivimos lo más oscuro de la decadencia del régimen político y económico español, sin que aún se pueda vislumbrar una salida al caos. Tenemos que estar en una situación de degradación intelectual, humana y social brutal, para que se encarcele a raperos que poetizan la rebelión y no se pretenda denunciar a jóvenes fascistas que enuncian discursos de odio. Si se teme que un rapero haga canciones incendiarias, es porque ya no hay posibilidad alguna de defender -desde la racionalidad- el caos y la apuesta por el individualismo extremo que están en el corazón del régimen. Si se prohíben las manifestaciones del sindicalismo combativo y los movimientos sociales es porque nuestra democracia está tan degradada que un simple soplo de debate público podría derribarla.

Nos encontramos en el centro de la gran crisis del capital: los monstruos pasan a manifestarse con vehemencia, mientras “demócratas de toda la vida” despliegan sus tendencias más autoritarias y movimientos sociales navegan en la confusión, los jóvenes de los suburbios quieren quemarlo todo. Tenemos un régimen herido y en decadencia, aunque este mismo siga siendo capaz de las mayores violencias represivas y despliegue propagandístico. Una juventud proletaria airada y tensionada, pero desorganizada y sin la visión suficiente para tener conciencia de su momento histórico. Una izquierda parlamentaria que ha decidido no hacer absolutamente nada, aunque siga cobrando el sueldo. Y unos movimientos sociales que aún siguen admirando, en gran medida, los brillantes oropeles y el fulgor mediático de quienes les han vendido en las últimas batallas.

En medio del caos, lo importante es la luz y el trabajo. Los sindicalistas combativos, los y las jóvenes, los revolucionarios, las mujeres en insurgencia permanente, tienen que pasar a organizar la resistencia que construya un mundo futuro. Defender la libertad de expresión, de manifestación, de organización, de la clase trabajadora, al mismo tiempo de afirmar una nueva civilización sobre este desastre creciente.