La situación española, en guerra (julio de 2022)
La guerra en Ucrania ha sacudido completamente todos los equilibrios internos de la economía y la sociedad europea. Tras la sorprendente rapidez con que las autoridades de la Unión Europea decidieron apoyar la estrategia norteamericana de buscar una guerra larga de desgaste, que intentara descomponer el régimen ruso, había una fuerte dependencia frente al aparato militar de la OTAN y las finanzas de los grandes fondos de inversión del otro lado del Atlántico.
Pero la guerra se alarga, y Europa ha descubierto, con estupor, que Rusia no parece camino de descomponerse. Las fuertes sanciones europeas y norteamericanas apenas han hecho mella en la economía rusa. El intento de forzar un default de la deuda pública ha tenido un éxito muy limitado, y el rublo mantiene su cotización sin excesivos problemas. La salida de empresas y capitales occidentales de Rusia es limitadamente compensada con un programa decidido de sustitución de las importaciones, que, pese a sus lagunas, ha impedido, de momento, el caos industrial. El bloqueo de determinados elementos tecnológicos quizás tenga algún efecto a largo plazo, pero de momento sólo parece empujar al reforzamiento de las relaciones comerciales de la Federación Rusa con China y otros países emergentes, como ha sucedido con los limitados embargos al petróleo, el carbón o el gas. Putin parece hoy tan firme en su trono, como antes de que empezaran a embargar los yates de los multimillonarios rusos en los puertos españoles. Quizás más.
Hasta ahora Europa había entrado en una guerra por delegación contra Rusia, en la que no esperaba sufrir realmente. Sancionaba, entregaba armas a Ucrania y se hacía con las divisas depositadas por el Banco Central Ruso en los bancos del continente. Pero, en el último mes, la sociedad europea ha empezado a ser consciente de que una guerra es un intercambio de golpes. Y de que Rusia tiene un buen par de armas contra Europa: la inflación y el gas.
La inflación empezó a apuntarse tras la reapertura de las actividades económicas, al dar por finalizada la pandemia. Se pensaba que iba a ser un fenómeno transitorio y sin gravedad, relacionado con bloqueos logísticos de fácil solución. La guerra, sin embargo, la ha multiplicado, extendido y profundizado. Rusia y Ucrania son dos de los principales productores de grano del mundo, y el bloqueo de su producción por las sanciones y la guerra no sólo amenaza con provocar una brutal crisis alimentaria en los países del Sur global, sino que también ha empujado al alza los costes de la actividad agraria en toda Europa, impulsando tasas de inflación no vistas en los países europeos desde los años setenta.
Además, Europa depende en gran medida del suministro energético ruso. Países como Alemania, Hungría o Polonia reciben la mayoría de su suministro de gas por los oleoductos que les conectan con las terminales rusas de Gazprom. Las sanciones elevan verticalmente el precio del gas en el mercado mundial y Rusia juega al gato y al ratón, exigiendo el pago en rublos -lo que debilita las propias sanciones financieras europeas- y cortando o limitando el suministro a determinados países de la UE. Esto multiplica el precio y obliga al gobierno alemán a rescatar a Uniper -la principal energética del país- y al francés a hacerse con la mayoría del accionariado de EDF.
La inflación en Europa, pues, está desbocada. En España supera el 10 % por primera vez en treinta años. El Banco Central Europeo decide intervenir subiendo los tipos de interés, por primera vez en una década. Esto le obliga, simultáneamente, a poner en marcha un mecanismo para evitar la fragmentación de la Eurozona (TPI), para evitar que los ataques especulativos pongan en peligro la misma existencia del euro, mediante la multiplicación de la prima de riesgo de los países del Sur, como sucedió en la crisis de 2008. El mecanismo vendrá, por supuesto, acompañado de condicionalidades para las economías periféricas, es decir, por la vuelta de los halcones de la austeridad y las privatizaciones a los puestos de decisión de la Unión Europea.
Además, la simple hipótesis de que la Federación Rusa pueda cortar el flujo del gas hacia Europa, provoca la histeria en las instituciones comunitarias. Esta misma semana, la Comisión Europea adelanta un plan para hacer frente a un hipotético corte del flujo del gas ruso, que implica recortes del consumo de un 15 % para todos los países miembros. El plan provoca el primer conflicto interno en la Unión Europea. España, Portugal y Grecia se oponen a los recortes, mientras el primer ministro alemán indica que “ha llegado la hora de la solidaridad”.
La economía española pende de un hilo en estos momentos. Las perspectivas para el verano -de finales de junio a finales de septiembre- son de un crecimiento sostenido. La vuelta de los turistas extranjeros tras la pandemia ha provocado un fuerte auge de los hoteles y la restauración. Pero la inflación se ha disparado y amenaza con seguir creciendo, encendiendo las alarmas de las clases populares, que viven de sus salarios y percepciones sociales. La negociación de los convenios colectivos de los últimos meses se ha transformado en un campo de batalla. Las y los trabajadores pretenden mantener su poder adquisitivo, reclamando alzas de salarios equivalentes al alza de la inflación.
Los sindicatos mayoritarios tratan de calmar las aguas, mientras negocian con la patronal un “pacto de rentas” que garantice que los salarios no suben más de lo necesario para que la política económica social-liberal del “gobierno progresista” no se descomponga. Los núcleos más combativos del sindicalismo plantean conflictos, cada vez más comunes, en los lugares donde tienen presencia -la fábrica de Mercedes en Vitoria, el sector del Metal en Galicia o Cádiz, la limpieza viaria de algunas ciudades, etc.-, con resultados desiguales.
El gobierno español afirma que la reducción del consumo de gas del 15 %, planteada por la Comisión Europea, es innecesaria para España. España no produce gas, pero lo importa por dos vías: por un gasoducto que le une con Argelia, y por buques metaneros que lo trasladan desde Estados Unidos, Qatar y otros lugares. España tiene una ventaja sobre el resto de Europa: tiene seis grandes plantas re-gasificadoras que el permiten recibir el Gas Natural Licuado que traen los metaneros y volcarlo en la red. Alemania, a día de hoy, no tiene ninguna. Así que España no va a tener, previsiblemente, problemas de suministro. Sin embargo, la estructura oligopólica de su mercado eléctrico hace que los precios de la luz estén desbocados. Por eso, el gobierno no quiere restricciones en el consumo, y se ampara en el hecho de que dichas restricciones no servirían para nada al resto de Europa, dado que el gas ahorrado no podría destinarse al continente en su totalidad, por la falta de resgasficadoras en otros países y por la limitada conexión por ductos con Francia.
El otoño, que comienza a finales de septiembre, está lleno de grandes nubarrones para las clases populares españolas. La inflación no da tregua, y el alza de la energía tampoco. Está por ver si los turistas extranjeros seguirán viniendo, en el caso de que Rusia congele a la clase media europea cortando el gas. El alza de los tipos de interés presionará sobre la actividad económica y sobre los trabajadores hipotecados, que pueden encontrarse ante una nueva ronda de desahucios. Un hipotético “pacto de rentas” entre los sindicatos mayoritarios y la patronal, limitará la subida de los salarios y condenará a la pérdida sostenida de poder adquisitivo a la clase obrera. La fuerte subida del gasto militar, acordada en la OTAN, y de los magros subsidios puestos en marcha para sostener mínimamente a los sectores más vulnerables, sin subir sustancialmente los impuestos a los ricos, incorporará nuevas presiones hacia la degradación de los servicios públicos. Los recortes en las pensiones acordados con Bruselas pasarán a ser legislación vigente.
Mientras tanto, el sindicalismo combativo, los movimientos barriales y las organizaciones populares pasan por un período difícil de reorganización. Titubeando entre recuperar la autonomía, y lanzarse a la batalla, o ser amables ante el gobierno progresista -ya que la alternativa puede ser un gobierno en el que tenga voz la ultraderecha-, los movimientos se anulan a sí mismos, nadando en la confusión ideológica y la anomia activista. La reorganización sólo puede pasar por una reconstrucción del imaginario revolucionario y de la independencia de clase, y por la conformación de fuertes tramas que articulen a los movimientos en frentes amplios de combate, edificados entorno a reivindicaciones directamente comprensibles por las masas, como la subida de los salarios, la defensa de la sanidad pública o el derecho efectivo a la vivienda.
Para ello es necesario establecer una cesura entre la política progubernamental y la acción autónoma de los movimientos. Hacer que los movimientos recuperen un proyecto político y social propio que puedan imponer a las instituciones, y que favorezca la generación de nuevas instituciones populares al margen del Estado y del Capital, como fueron las asambleas barriales del 15-M o como podría ser un hipotético anarcosindicalismo unido o capaz de implementar la unidad de acción en su seno, y con el resto del sindicalismo combativo.
Además, la lucha contra la guerra se convierte en un elemento estratégico de primer orden en el contexto europeo. La guerra impondrá mayores recortes sociales y salariales y sufrimientos para las clases populares, así como una deriva fuertemente militarista y autoritaria del poder político. No se puede hacer la guerra con oposición interna. La democracia puede entrar en estado de “hibernación” en Europa, mientras se determina el futuro en los campos de batalla de Ucrania, donde los jóvenes trabajadores dejan sus vidas para mayor gloria de los hacedores de imperios de uno y otro bando.
Tras un inconsecuente entusiasmo inicial, más preñado de solidaridad humana con los que sufren los bombardeos que con real identificación con las finalidades estratégicas de la Alianza Atlántica, las y los trabajadores están recordando, cada vez más, una gran verdad: la guerra siempre la paga la clase trabajadora. Ya sea en sangre, en pobreza, en frío o en cárcel. La guerra es un asunto de los señores, no de los trabajadores.
Como afirmó Albert Camus en una entrevista que le realizaron en 1949: “Yo apuesto por la paz. Soy optimista. Pero hay que hacer algo para conseguirla y eso será duro”.
