Perú, la rebelión de los pueblos

El último intento de democratización en el país, fue el gobierno del General Juan Velasco Alvarado. Ese proceso revolucionó y modernizó al país oligárquico y feudal. Nacionalizó el Petróleo y la gran minería del fierro, redistribuyó la propiedad agrícola, abrió las puertas a la propiedad social en el agro y la industria, oficializó el quechua, instauró la reforma de la educación, socializó la prensa. Esto, solo por mencionar alguna de las medidas  fundamentales.

La conducción del General Juan Velasco era indispensable. Su enfermedad lo debilita tremendamente y a través de  un Golpe de Estado, es sustituido por el “felón”, El General Francisco Morales Bermúdez. El proceso se fue extinguiendo hasta ser reemplazada toda reforma por el entreguismo más vil, terminando en el neoliberalismo radical que hoy gobierna al Perú.

La guerra interna, con el triunfo del gobierno fujimorista, consolidó el experimento de libre mercado orientado por los poderes oligárquicos, las transnacionales, el narcotráfico infiltrado con gran éxito en el gobierno y sectores de mando de la FFAA. La dirección de la CIA, y el Mossad a través de Montesinos dio el necesario rumbo para el manejo de lo militar y  de medios de comunicación, y todo lo ligado a la guerra sicológica. Parte de este éxito fue la reducción a lo mínimo de la izquierda legal, los sindicatos y las direcciones populares.

El triunfo electoral de Pedro Castillo enervó al máximo a la oligarquía y puso de vuelta y media a las FFAA y a la embajada de los EEUU. Trataron desde antes de la investidura del Presidente electo de anular las elecciones denunciando un pretendido fraude. Luego desde el primer día el Congreso comenzó a sabotear su accionar. A Castillo le faltó coraje, firmeza, manejo de gobierno. Rápidamente abandonó el programa por el que fue elegido y el partido que lo llevó al campo electoral, no estuvo a la altura de dirigirlo. Su sectarismo lo llevó a descalificar al primer gabinete y así sucesivamente fue incapaz de orientar al recién elegido mandatario, quien al poco tiempo formó su propio grupo y bancada en el Congreso. Su gobierno fue incompetente, y permanentemente saboteado por la derecha cavernaria. La lumpenoligarquía que gobierna al Perú no cejó en su esfuerzo hasta tenderle la trampa del golpe y lograr defenestrarlo. Nada importante había hecho Castillo. Su único delito fue ser un Presidente campesino, de origen pobre, un maestro rural. Jamás esa lumpenoligarquía y los desclasados que defienden a los ricos iban a perdonar semejante afrenta.

Los pueblos del Perú se han levantado

No en defensa del Gobierno de Pedro Castillo, sino en defensa de su voto por el maestro rural y en contra del saqueo a la Patria. Conscientes o no, en contra del neoliberalismo depredador, del territorio y de sus habitantes. El asesinato de 62 ciudadanos ejecutados con armas de guerra, y otras armas letales en manos de la Policía Nacional ha elevado la protesta a un plano definitivo. Es una Rebelión Popular que incluye a todos los pueblos y nacionalidades que conforman el territorio nacional. Incluye por supuesto, diversos sectores de clase, con transversalidad de edades y de género. Esta vez con un componente de conquista de la identidad nacional a partir del Ande.

Es decir, todo mundo repudia al gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola, que son una lamentable fachada titiritera, manejada con los hilos de los grandes terratenientes, empresarios, propietarios mineros, militares, policías y, por supuesto, el Imperio.  

Oligarquía sin misericordia

Entre los años 80 y 2000, el asesinato de peruanas y peruanos fue brutal. Exterminio de comunidades enteras, asesinatos selectivos, coches bomba, detenidos lanzados desde helicópteros, presos matados en las cárceles del Frontón y Lurigancho. Era la reacción del Estado contra Sendero Luminoso y el MRTA.

En ese periodo, se da la esterilización forzada de mujeres peruanas, en las zonas de mayor población andina. Son cifras propias del régimen nazi en la Alemania de Hitler: 314,605 mujeres y 22,004 hombres. Indígenas todas y todos.  Nada de ello horroriza a la oligarquía, ni a la burguesía. “Son terroristas, hay que matarlos. Mientras menos hijos tengan, mejor es, les sirve para salir de la pobreza”.

Hoy se está repitiendo un accionar similar. Asesinatos a mansalva, 62 muertos por armas de la policía, de manera comprobada. Detenciones arbitrarias contra  personas que con acusaciones  de  terrorismo (verdaderas o no) purgaron largas condenas, hoy son encarceladas por la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE), para poder justificar que con sus vínculos anteriores son los que manejan a la población que se manifiesta. De esa manera buscan la evidencia de que hay grupos “terroristas”, manejando las protestas nacionales.

Esta es la guerra sucia que ya conocemos y forma parte de la estrategia para mantenerse en el poder. Mismo estilo, mismos argumentos, misma basura mediática que durante el fujimontesinismo, sirvió para esconder los crímenes de Estado y la corrupción dominante.

El Congreso juega a permanecer hasta 2026, así se ha evidenciado en las sucesivas sesiones que han mantenido en los días pasados. Boluarte y Otárola juegan a lo mismo. El guión ha sido entregado por la derecha cavernaria, defensora no del Estado de Derecho, como alegan, sino defensora de sus propios y mezquinos intereses. El Almirante retirado, Montoya, miembro del Congreso -que con su sola presencia insulta la memoria de Miguel Grau Seminario-, ha reiterado en todas sus intervenciones que no piensa dejar el Parlamento hasta culminar su periodo, es decir en 2026. Argumenta que no dejará al país “en manos de los comunistas”. Si las movilizaciones fueran de “los comunistas”, sería uno de los partidos más grandes del mundo. Somos los peruanos y peruanas en las calles y carreteras de todos el país e incluso en las capitales del mundo, que exigimos que la Patria sea rescatada de las manos ensangrentadas y corruptas y, por fin dirigida por quienes amamos al país.

Qué defiende esta lumpenoligarquía: los contratos expoliadores de las empresas mineras y de gas; la vergonzosa relación salarial en la agricultura, la agroindustria y la industria; la explotación ilimitada de los recursos madereros y pesqueros; las mafias construidas en las estructuras del Estado en todos sus niveles, desde el más pequeño hasta el central; la libertad de tránsito y tráfico de la cocaína que se produce, amparada por la DEA; y, si todo ello fuera poco, defienden la presencia irrestricta de las bases militares estadounidenses, y la subordinación de nuestras FFAA a los instructores de ese país.

Eso es lo que defienden, es decir la entrega total de nuestra Soberanía, que incluye los bienes del territorio y a sus gentes.

Una salida indispensable

Las movilizaciones continuarán. Dina Boluarte  debe renunciar y el Congreso debe elegir una nueva mesa directiva, un Presidente interino, quien convocará a nuevas elecciones. En esa convocatoria debe estar incluido el referéndum para que decidamos si queremos una nueva Constitución o no. Esa es la salida que se busca como la más viable.

De no ocurrir esto iremos hacia una confrontación mayor, indeseada por todas las peruanas y peruanos, salvo por aquellos que se aferran al poder para seguir vendiendo la Patria.

Solo la ultraderecha clama sangre, el resto queremos democracia verdadera, Patria para todos y todas, Soberanía con todos y todas.