Leonidas Iza: “La política electoral es una extensión de la lucha popular”

En esta entrevista con Jacobin América Latina, Leónidas Iza, dirigente indígena y candidato presidencial en Ecuador, analiza la profunda crisis económica, social e institucional que atraviesa el país, marcada por el avance de las políticas neoliberales, la represión estatal y la precarización de las condiciones de vida.

Iza reflexiona sobre el impacto de las movilizaciones en la coyuntura electoral y la necesidad de construir un proyecto político desde los sectores populares, reivindicando la plurinacionalidad, la defensa de lo público y la soberanía nacional. Además, aborda las tensiones y desafíos de la izquierda ecuatoriana, el rol de la Revolución Ciudadana y su estrategia de cara a las elecciones.

Frente a un escenario político dominado por la derecha, el auge del narcotráfico y la fragmentación de las fuerzas progresistas, el líder indígena apuesta por una alternativa que no renuncie a la calle, sino que integre la disputa electoral como parte de una lucha social y política más amplia por transformar el Ecuador.

IB: En el último año, Ecuador ha atravesado una serie de situaciones complejas. ¿Podrías describir cómo estaba el contexto del país al inicio de esta campaña, un poco más de un año después de que Daniel Noboa asumiera la presidencia?

LI: Desde que se instaló la idea de la «obesidad del Estado» y la supuesta excesiva burocracia, el modelo impuesto por el Fondo Monetario Internacional —implementado sucesivamente por los gobiernos de Moreno, Lasso y ahora Noboa— ha dejado como resultado un Estado frágil, sin políticas sociales para fortalecer sectores clave de la economía y la sociedad ecuatoriana. La educación, la salud y el empleo han sido gravemente desatendidos, al igual que el apoyo a la economía popular y solidaria. Esto ha generado un drástico deterioro en las condiciones de vida de los ecuatorianos.

Como consecuencia, en los territorios más empobrecidos, muchos han terminado viendo en el narcotráfico, el crimen organizado o en actividades ilegales su única salida. Para la mayoría de los ecuatorianos, esto representa un problema, pero para las élites políticas y económicas, para las oligarquías, es una oportunidad: han instrumentalizado este dolor social para impulsar sus proyectos de siempre.

Nos encontramos ahora en un escenario doloroso. Luego de la declaración del “estado de guerra”, que ya lleva un año, estas élites han logrado construir una hegemonía en el pensamiento y en la discusión pública. No existe tal Plan Fénix, ni una verdadera intención de acabar con la inseguridad; lo que vemos es la utilización de esta crisis como un mecanismo de control.

En términos económicos, la declaración de guerra ha golpeado duramente al país. Ha ahuyentado la inversión y ha afectado sectores estratégicos como el turismo, que ha caído tanto en la costa, como en la sierra y la Amazonia. Además, debido a la crisis energética, hemos registrado pérdidas que superan los 8.000 millones de dólares, según estimaciones de los propios grupos económicos.

Por otro lado, estamos viviendo una grave violación de los Derechos Humanos. Casos como el de los cuatro niños de Maldivas son solo un ejemplo de una política sistemática. Se estima que, en el marco del estado de guerra, se ha procesado a más de 20.000 jóvenes, pero los datos indican que solo entre 350 y 500 de ellos tenían alguna vinculación real con actividades ilegales. ¿Qué ha pasado con el resto? No lo sabemos.

A esto se suma un clima de racismo estructural. En la sociedad ecuatoriana actual, si alguien ve a un afrodescendiente, lo considera delincuente; si ve a un indígena, lo tilda de terrorista y “quemador de Quito”; si ve a una persona pobre, la estigmatiza y la racializa. Este es el escenario que la derecha ecuatoriana ha sabido aprovechar muy bien, y con el que nos toca lidiar.

Hoy enfrentamos violaciones sistemáticas de derechos humanos, un Estado que opera con una lógica monárquica, el quiebre de las condiciones básicas de convivencia democrática y el incumplimiento de la Constitución y del Código de la Democracia. Los cuatro poderes del Estado se han subordinado al Ejecutivo, y este, a su vez, está sometido a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

En el último año, Ecuador ha accedido a un nuevo crédito de 5.500 millones de dólares, aún no desembolsado, pero destinado exclusivamente a pagar deuda previa. Mientras tanto, las élites económicas y políticas siguen controlando el escenario nacional, profundizando una crisis que afecta cada vez más a la mayoría del pueblo ecuatoriano.

IB: El mes pasado hubo una movilización importante en la Amazonía contra la construcción de una súper cárcel. ¿Crees que esto marca una reactivación del movimiento social tras el impacto que tuvo la política de seguridad de Noboa? Y, en ese sentido, ¿crees que esto puede influir en la campaña, generando un nuevo clima político?

LI: Mira, los ecuatorianos somos, por naturaleza, un pueblo luchador. A lo largo de la historia, todos los gobiernos han intentado frenar esa rebeldía y desarticular los procesos organizativos de distintas maneras: criminalizando y persiguiendo dirigentes, inventando organizaciones paralelas o intentando vincularnos con el crimen organizado y el narcotráfico. Hemos visto estas estrategias una y otra vez. Pero la resistencia popular es más fuerte, y jamás van a lograr quebrarla.

Cuando nos hemos movilizado, lo hemos hecho con contundencia, como ocurrió en 2019 y 2022. Antes del levantamiento de junio de 2022, hubo 28 eventos de protesta; antes de julio del mismo año, 38 eventos. Actualmente, ya sumamos entre 5 y 10 movilizaciones, lo que indica que se están acumulando acciones concretas de distintos sectores. Primero son luchas dispersas, luego se articulan y, finalmente, desembocan en estallidos sociales. Esto es un proceso cíclico, y no me preocupa: los gobiernos pueden seguir intentando reprimir, pero tarde o temprano las problemáticas se unifican y la lucha resurge.

Lo que ocurrió en la Amazonía es un golpe para el gobierno de Noboa. Él gobierna con prepotencia, con una visión monárquica, creyéndose dueño de una hacienda. Y en este caso, tuvo que retroceder porque la resistencia le afectó electoralmente. No suspendió la construcción de la cárcel porque le preocupara la vida en la Amazonía -para él, esa región representa solo un 3% del electorado nacional, no le interesa-, sino porque temía que esto impactara en su imagen en otros territorios.

Por ahora, el proyecto está suspendido y han prometido que no lo retomarán. Sin embargo, no han entregado ningún documento oficial que lo confirme. Seguiremos atentos a lo que suceda.

IB: ¿Cómo influyen las movilizaciones en el clima de campaña?

LI: Creo que todas las movilizaciones terminan llevando a una toma de posición. Lo primero que debemos entender es que las élites políticas y económicas han logrado instalar la idea de que la política es algo negativo para los sectores populares y sus dirigentes. Han construido el discurso de que si nosotros participamos en política, lo hacemos por intereses individuales, que estamos “aprovechando” la movilización para postularnos a cargos.

Dicen, por ejemplo, “Ahí están otra vez los ponchos dorados, usando la lucha para entrar en elecciones”. Pero cuando ellos se postulan, entonces sí es democrático, sí es legítimo. Y lamentablemente, muchas personas han caído en esa trampa.

Nosotros, en cambio, hemos sido claros: sin renunciar a la calle, vamos a disputar las elecciones como una extensión más de la lucha. No abandonamos la movilización, sino que la complementamos con la participación electoral. Por eso, las bases organizadas que hemos estado en las calles tomamos ahora una postura en esta coyuntura electoral.

Un ejemplo concreto: nuestros compañeros que han estado defendiendo los cerros y los páramos del extractivismo. Ayer vi una declaración que decía: “Vamos con Leónidas Iza”. No porque crean que las elecciones son un fin en sí mismo, sino porque entienden que el espacio electoral es una herramienta más para canalizar la fuerza construida en las calles.

Nuestra lucha no se reduce a la política electoral; es una dimensión más dentro de un proceso más amplio. Luchamos en las calles, en los tribunales nacionales e internacionales, en la construcción y reforma de leyes, en los gobiernos seccionales. Lo que aún no hemos logrado plenamente es consolidar todas esas luchas bajo un proyecto unificado. Estamos en camino hacia eso.

Por eso, creo firmemente que en este tiempo lograremos alinear la lucha hacia una propuesta que represente los intereses del pueblo en este proceso.

IB: ¿Y cuáles son los temas principales de su plataforma de gobierno?

LI: Bueno, cuando me preguntan por “mi” plataforma de gobierno, volvemos a los mismos relatos que he estado combatiendo estos días. ¿Cuál es el programa de gobierno? ¿El de Leónidas Iza? No, porque eso es individualizar la política, hacer creer que se trata de un interés personal. No se trata de mi programa, sino del programa de gobierno del pueblo, el programa de los pueblos indígenas, de los cholos, de los indios, de los mestizos, de los afroecuatorianos estigmatizados.

Nuestro programa de gobierno no es producto de un escritorio, sino de la lucha popular. Es el resultado de lo que levantamos en 2019, de lo que llevó a las calles en 2022. Y eso quedó claro: alivio financiero para el pueblo, no a la minería en zonas de recarga hídrica y en áreas productivas, implementación real y profunda de la plurinacionalidad, y rechazo total a las privatizaciones.

En nuestro gobierno, fortaleceremos la capacidad productiva de las empresas públicas ecuatorianas y defenderemos la producción nacional. ¿Qué significa esto? Que vamos a impulsar políticas de apoyo al agricultor y al ganadero, a quienes el Estado ha abandonado pero que fueron los primeros en salir a las calles cuando la crisis nos golpeó. Este es un programa de gobierno construido desde el pueblo y para el pueblo.

Uno de los temas centrales es la inseguridad. Nos han hecho creer que la solución es poner más armas y más policías en las calles. No. En nuestro plan de gobierno hemos sido claros: sí, hay sectores de la juventud que han caído en redes criminales y que quizá no podamos rehabilitar socialmente, y habrá que enfrentarlos. Pero la inseguridad no se combate solo con represión, sino con una política social sólida vinculada a los barrios, las comunas y los territorios.

Necesitamos fortalecer educación, salud y generar condiciones mínimas de empleo. ¿Para qué? Para evitar que niños de 12 o 13 años, cuyos padres trabajan en condiciones precarias y no pueden cuidarlos, sigan siendo captados por el crimen organizado. Esta es la visión de los sectores populares, no la de los que piensan que la inseguridad se resuelve con una mentalidad guerrerista, con más armas y represión.

¿Y qué ha pasado? Se ha debilitado deliberadamente al Estado, reduciendo su capacidad bajo el pretexto de combatir su supuesta «obesidad». Pero cuando desmontas al Estado, desmontas las políticas básicas que sostienen a cualquier sociedad, sea del primer, segundo o tercer mundo.

En términos de institucionalidad, vamos a respetar la democracia. ¿Para qué escribimos la democracia en la Constitución, si luego cada gobierno de turno la interpreta a su antojo para convertirnos en una monarquía? ¡No!

La democracia no puede ser un concepto manipulado por los grupos políticos y económicos según su conveniencia. Debe ser una democracia enraizada en el pueblo, no en los intereses de una élite que la usa como un instrumento para perpetuar su poder.

IB: A mediados del año pasado, en Pachakutik, en la CONAIE, creo que ustedes intentaron unificar o al menos acercar a las distintas corrientes y grupos de izquierda. Hasta donde entiendo, se logró al menos un acuerdo mínimo: no atacarse mutuamente y apoyar a quien llegue mejor posicionado a la segunda vuelta. ¿Ese acuerdo, aunque sea mínimo, se mantiene? ¿Cómo ves la situación actual y cuál es tu postura hacia una posible segunda vuelta?

LI: Sí, existe un programa de gobierno general que algunos sectores aceptaron, asumiendo que debía ser la base de un acuerdo. Sin embargo, hay temas centrales que muchos de los que se dicen progresistas aún no están dispuestos a sostener con firmeza. Cuestiones como la minería, la educación bilingüe, la redistribución de la riqueza, la defensa de la producción nacional y lo público siguen siendo puntos de disputa.

Por ejemplo, en el tema minero, hay quienes preguntan: “¿De dónde vamos a sacar la plata?” La respuesta es clara: hay que cobrar a quienes no pagan. Pero muchos sectores carecen de la determinación necesaria para enfrentar estos debates. Son asuntos pendientes que siguen abiertos y que, en caso de que seamos una opción en la segunda vuelta, podrían servir para unificar aún más la lucha desde la perspectiva de los sectores populares.

Ahora, ¿por qué no se han logrado acuerdos más pragmáticos y de largo plazo? Justamente por los antecedentes de cómo han gobernado ciertos sectores. No han entendido qué significa realmente la plurinacionalidad ni han asumido que los derechos de los pueblos indígenas no son una concesión del Estado ni un favor de los gobiernos, sino derechos colectivos fundamentales.

La consulta previa, libre e informada, la aplicación de la justicia indígena, la educación intercultural bilingüe, la defensa de la soberanía alimentaria, de nuestra cultura y de nuestros idiomas… todos estos temas han quedado a merced de la voluntad política del gobierno de turno, sin un verdadero compromiso. Y esa deuda histórica ha impedido una verdadera unificación en este proceso. Son puntos que aún necesitan resolverse en cualquier espacio de debate.

Hasta ahora, se ha respetado el pacto de no agresión. Pero en términos políticos e ideológicos, debemos tomar como referencia los problemas estructurales que cualquier gobierno debe superar, sin importar quién llegue al poder.

En este momento, hay candidatos que dicen representar a la izquierda y otros que se presentan desde la derecha. Todos intentan mostrarse como “nuevos”. Pero la verdadera cuestión es cuánta sensibilidad y cuánta memoria tienen los pueblos para reconocer quiénes realmente pueden ser una opción real para el Ecuador.

IB: Perdón, Leónidas, pero concretamente, si ustedes llegan a la segunda vuelta, obviamente van a querer que las demás corrientes de izquierda los apoyen. Ahora, si el escenario fuera distinto y la disputa final fuera entre Luisa González y Noboa, ¿ustedes llamarían a votar por la Revolución Ciudadana?

LI: En este momento, no puedo adelantar qué pasará en una segunda vuelta. Estamos concentrados en construir nuestra opción en la primera vuelta. Si desde ahora comenzamos a discutir escenarios hipotéticos, la gente podría terminar votando en esta primera vuelta por una opción con la que no está realmente de acuerdo.

Por eso, lo responsable en este momento no es especular sobre la segunda vuelta, sino consolidar nuestra propuesta y nuestra fuerza en esta etapa. Ahora bien, si llegamos a la segunda vuelta, como estoy seguro de que seremos una de las opciones, en ese momento tendremos que evaluar la capacidad de integrar a los distintos sectores del Ecuador y avanzar en función de ese escenario.

Publicación original en Jacobin América Latina

Entrevistador: Iain Bruce