Entre la ausencia y la lucha: Lxs desaparecidxs nos siguen faltando

El término “desaparecidx” continúa siendo la herida abierta de miles de familias, pero también de un continente entero, de América Latina. El término, que empezó a ser acuñado por familiares de personas desaparecidas en el cono sur, se mantiene con vida en las calles: solo hace falta abrir bien los ojos para encontrarse con una amalgama de carteles con el título de “desaparecidx”, junto con la fotografía de una persona pegada en un poste eléctrico, en una pared, en una tienda, en un autobús. El número telefónico que es adjuntado al cartel se convierte en la esperanza de lxs familiares que buscan a sus seres queridos. La esperanza se convierte posteriormente en una posible llamada, en una posible pista que de con el paradero del/la “desaparecidx”.

América Latina y sus brutales dictaduras militares han sido tierra fértil de desapariciones forzadas dirigidas por el Estado. En el caso argentino, se estima que durante la dictadura militar de Rafael Videla desaparecieron alrededor de 30.000 personas, las cuales fueron torturadas, retenidas en centros clandestinos o arrojadas vivas al Rio de la Plata. Bajo la mano fascista de Augusto Pinochet en Chile,  la cifra de desaparecidxs contemplaría alrededor de 3.197 personas y 28.000 personas torturadas, según datos oficiales del Estado. En Colombia, se estima que aproximadamente 80.000 personas fueron declaradas como desaparecidxs en medio de un conflicto armado que perduró por más de medio siglo. Sin embargo, estas cifras continúan siendo discutidas continuamente debido a las dificultades presentadas en la recolección de estadísticas. En el caso colombiano, por ejemplo, algunxs hablan de 80.000 desaparecidxs, otrxs de 120.000. Mientras tanto, las fosas clandestinas continúan apareciendo, y cabe recalcar que en ya sea en Argentina, Chile o Colombia, miles de denuncias por desaparición forzada nunca fueron hechas ya sea por miedo, intimidaciones, dificultades económicas, interminables trámites burocráticos o por la ausencia de un Estado que maneje con seriedad esta problemática social.

En la actualidad, uno de los casos más sonados fue el de Santiago Maldonado (Argentina). Santiago, quién desapareció el 1 de agosto de 2017 en la comunidad mapuche Pu Lof la provincia de Chubut durante una manifestación en contra de la incidencia de la multinacional Benetton en territorio mapuche, fue encontrado sin vida en las orillas del rio homónimo 77 días después, el 17 de octubre del mismo año. Su hermano Sergio Maldonado y la misma comunidad mapuche señaló a la Gendarmería Nacional como la principal responsable de la desaparición de Santiago mucho antes de encontrar su cadáver. De igual manera, la comunidad mapuche fue reprimida por la Gendarmería, quien actuó - como es de costumbre desde hace décadas - empeñando la violencia. El gobierno de Macri no tardó en lavarse las manos, y tampoco tardaron en estigmatizar a Santiago. Mientras al principio se negaba que Santiago fue detenido por las fuerzas del Estado, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, declaró semanas después de su desaparición que “por ahí a algún gendarme se le fue la mano”, mientras medios de comunicación señalaban que Maldonado se encontraba en territorio chileno o que se había alistado en alguna célula “terrorista” mapuche. Esta realidad, al igual que las declaraciones estigmatizantes, son una realidad cotidiana en el continente.

En el contexto ecuatoriano, uno de los casos más recordados es el de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi, quienes desaparecieron en la ciudad de Quito el 8 de enero de 1988 a manos de las fuerzas policiales durante el gobierno de León Febres Cordero. Sin embargo, el fenómeno de las desapariciones continúa más vigente que nunca. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), desde el año 1940 en el Ecuador la cifra de registros de personas desaparecidas sumaria un total de 42.965, de las cuales - según la misma entidad-  la mayoría ya estarían resueltos. En su último informe, emitido en abril del presente año, la FGE declara que actualmente se registran 1577 casos abiertos en proceso de investigación. En el mismo documento, en la parte inferior, la entidad estatal concluye que se tratan de 1557 casos, demostrando la inconsistencia y la falta de veracidad de sus estadísticas, sin llegar a conclusiones claras y contundentes para lxs familiares.

Algo similar ocurre con las estadísticas de la DINASED, ente encargado de manejar denuncias e investigaciones especificas en casos de desaparición. Entre las inconsistencias publicadas por la FGE y la DINASED es evidente el poco accionar estatal frente a la problemática; mientas la FGE explica que en años anteriores al 2013 se presentan 662 denuncias por desaparición, la DINASED atribuye la misma cantidad de denuncias a años posteriores.

La Asociación de Amigos y Familiares de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC) mantiene un registro de más de 4000. personas desaparecidas desde el año 2012 hasta la actualidad, negando rotundamente las cifras emitidas por el Estado, a quien acusan de no capacitar a lxs agentes encargados de las investigaciones y tampoco a lxs Fiscales encargados de los casos. Las familias, quienes son víctimas de estigmatizaciones y declaraciones como “ya debe de volver”, “ha de estar con el novio”, “debe de estar embarazada” o “seguramente tiene algún problema con drogas”, piden al gobierno que se tipifique el delito de desaparición, ya sea voluntaria o involuntaria, pero que, sobre todo se trate con eficacia los casos, ya que mayoritariamente quedan en un simple trámite burocrático o siguen el mismo protocolo de búsqueda que se utiliza con un auto extraviado.

En el Ecuador, un 67% de las denuncias efectuadas corresponden a mujeres desaparecidas. Este dato, verdaderamente espeluznante y preocupante, denota la verdadera problemática; mientras que el Estado atribuye una gran cantidad de desapariciones a fenómenos como problemas psicológicos, familiares, sociales e incluso afirma que las desapariciones de niñxs son a causa de la pérdida de un año escolar, es evidente que factores como la  violencia de género, el tráfico de personas, el tráfico de órganos o la migración continúan siendo una especie de tabú para las entidades estatales, quienes brillan por su negligencia.

Ya sea en Argentina, Chile o Ecuador, sea en “democracia” o bajo una repugnante dictadura militar, se trate de una desaparición “voluntaria” o “involuntaria”, en el continente americano sigue ausente el derecho a la verdad y a la justicia, y el silencio del Estado nos recuerda que siguen faltando miles de personas.