Minería por la razón o por la fuerza: Persecución y criminalización de los defensores del agua
El 11 de febrero de 2025, el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda dictó una sentencia que condena a cuatro años de prisión a tres líderes campesinos: Fausto Arechua, Wilfrido Escobar y Gilberto Talahua Paucar, ex presidente de la Ecuarunari. Estos defensores del agua y la naturaleza fueron acusados de "violación de propiedad privada", un delito que según el tribunal integrado por Luis Eduardo Guanan Paucar, Mayra Dolores Chango Pumalema y Luis Alberto Alfonso de la Cruz, habrían cometido al arremeter contral el campamento minero Curimining en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar.
Sin embargo, con un proceso judicial plagado de irregularidades, la sentencia se convierte en una muestra más de la criminalización a la resistencia legítima de las comunidades frente a la explotación minera.
Justicia a la medida de las mineras
Este caso no es aislado; es parte de una estrategia sistemática de persecución y criminalización de los defensores del agua y la tierra en Ecuador, especialmente en zonas donde la minería amenaza con destruir ecosistemas vitales y desplazar a comunidades enteras. Solo en el cantón Las Naves más de 20 defensores han sido criminalizados, ya sea con sentencias de prisión, procesos abiertos o amenazas legales impulsadas por la empresa minera y sus aliados.
Durante la audiencia contra Fausto, Wilfrido y Gilberto, los peritos de reconocimiento del lugar, de los hechos y los expertos en audio y video declararon que las personas que supuestamente invadieron la propiedad privada estaban con el rostro cubierto, admitiendo que se imposibilitaba su identificación. Además, los acusados presentaron pruebas que demostraban su inocencia, incluyendo fotografías y testimonios que los ubicaban en otro lugar al momento de los hechos. Sin embargo, el juez hizo caso omiso de estas evidencias y dictó una condena basada en testimonios contradictorios de una testigo cuyo hijo trabaja para la empresa Curimining S.A., la misma compañía que presiona por la criminalización de los defensores.
Cabe añadir que los abogados que representaron a los acusadores particulares en este caso son los mismos que defienden a Curimining S.A. en otros procesos judiciales. Esta coincidencia no es menor, ya que revela una clara conexión entre la empresa minera y las acusaciones presentadas contra los líderes campesinos. De hecho, existen al menos tres procesos judiciales adicionales en contra de defensores del agua y la naturaleza en la misma zona, todos patrocinados por los mismos abogados que representan a la internacional canadiense.
En una entrevista con Revista Crisis, Fausto Arechua, uno de los líderes condenados, expresó su indignación por la sentencia y denunció las irregularidades del proceso. "Algo indignante lo que pasó en Guaranda en el Tribunal, donde el juez dicta una sentencia sin prueba", afirmó Arechua. "Nos sentencia a pesar que el mismo demandante supo manifestar que a mi persona no me había visto ni me había conocido, que nunca me ha visto, pero sin embargo el señor juez dictó sentencia hacia mí para 4 años de prisión".
Arechua también señaló que la sentencia tiene un trasfondo político, ya que los líderes campesinos han sido criminalizados por su oposición a las concesiones mineras en la zona. "Exactamente, porque no hay otra visión que se pueda ver, porque si hubiera culpabilidad hubiera algo, tuvieran las pruebas, pero no hay pruebas, no hay evidencias, no hay nada", dijo. "Atrás de todo esto, tratando de criminalizar a la gente que está luchando y lo peor que son, nos criminalizan sin tener pruebas, sin tener evidencia, demandando en sitio que nosotros no hemos estado".
El 18 de febrero de 2025 se realizará la audiencia de apelación, en la que los defensores esperan revertir el fallo. Pero la maquinaria judicial, alineada con los intereses mineros, hace que el camino esté cuesta arriba.
La conexión Noboa - Curimining: Extractivismo y poder
El proyecto minero en el cantón Las Naves es gestionado por la empresa Curimining S.A., una subsidiaria de Adventus Mining y Luminex Resources, ambas compañías canadienses. Adventus Mining, a su vez, cuenta con la participación accionaria de Nobis Holdings de Inversiones, una corporación propiedad de la familia del presidente Daniel Noboa. Desde 2019, el Grupo Nobis ha sido un socio estratégico de Adventus Mining, participando en su junta directiva y financiando proyectos de desarrollo en las áreas donde se llevan a cabo las operaciones mineras.
La conexión entre la familia Noboa y la minería no es nueva. A través de Nobis Holdings, la familia ha invertido en varios proyectos mineros en Ecuador, incluyendo el proyecto Cóndor en Zamora Chinchipe, que cubre más de 135,000 hectáreas. El respaldo político del presidente bananero a los proyectos extractivos de su propia familia evidencia un conflicto de intereses que convierte la resistencia comunitaria en una amenaza para su modelo económico. Para asegurar la explotación de los recursos, la estrategia es clara: represión judicial, militarización y criminalización de los dirigentes comunitarios.
En medio de este conflicto, otro actor clave ha entrado en escena: Silvercorp Metals Inc., una empresa minera canadiense con una larga trayectoria en la extracción de metales preciosos, especialmente plata, plomo y zinc. El 31 de julio de 2024, adquirió Adventus Mining Corporation, la llegada de Silvercorp no solo intensifica los conflictos con las comunidades, sino que también evidencia cómo el capital extranjero, respaldado por élites locales como la familia Noboa, prioriza el lucro sobre la vida del pueblo y la sostenibilidad ambiental.
El agua y la vida en peligro
Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es la falta de consulta previa ambiental a las comunidades afectadas por el proyecto minero. Según el Código Orgánico del Ambiente, cualquier proyecto que pueda afectar el medio ambiente o los derechos de las comunidades debe ser sometido a un proceso de consulta previa. Sin embargo, en el caso de Las Naves, más del 60% de las comunidades afectadas aseguran que nunca fueron consultadas adecuadamente.
Fausto Arechua, en su entrevista con Revista Crisis, denunció esta falta de consulta y señaló que las comunidades más afectadas no fueron tomadas en cuenta. "Mire, yo soy presidente de la comunidad de Buenos Aires, aquí en mi recinto somos más de 600 habitantes, más arriba lindera con el recinto Jerusalém y al otro costado con el recinto Bellavista, estas 3 comunidades principalmente tenemos las aguas adjudicadas para el consumo humano de la parte del Domo, y es indignante la actitud del Ministerio de Medio Ambiente", dijo Arechua. "Nunca llegaron a hacer la consulta al sitio que tenían que hacer".
El dirigente campesino también denunció que la consulta ambiental que se llevó a cabo fue manipulada y se realizó en un estadio cerrado, con la presencia de 500 agentes represivos, entre policías y militares, que impedían el acceso a quienes no eran aliados de la empresa minera. "La consulta se hizo solamente con las comunidades pequeñas, como decir Panecillo que tiene alrededor de 3 o cuatro casas que viven, que no pasan de unos más de 100 habitantes", afirmó Arechua. "¿Entonces dónde se está viendo que en las 5 comunidades que ellos tomaron en cuenta que supuestamente hicieron la consulta no llegan ni a 200 personas, entonces cómo es esa consulta que se hace si todas las fuentes hídricas para el cantón Las Naves salen de la parte del Domo?".
El proyecto minero en Las Naves no solo representa una amenaza para los derechos de las comunidades, sino también para el medio ambiente y la economía local. La zona es altamente sensible debido a sus reservas hídricas, que abastecen a varias provincias, incluyendo Bolívar, Guayas y Los Ríos. La extracción de minerales en esta área podría tener graves impactos ambientales, incluyendo la contaminación del agua, la fragmentación de hábitats y la generación de residuos tóxicos.
Según el Estudio de Impacto Ambiental realizado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el proyecto minero consumiría aproximadamente 28,800 metros cúbicos de agua mensuales, lo que reduciría el caudal de los ríos cercanos (como el río Babahoyo) en un 15%. Además, se proyecta la pérdida de 235 hectáreas de vegetación primaria y secundaria, lo que afectaría a 12 especies de flora en riesgo. La generación de residuos mineros también es un problema grave, ya que se estima que se producirán 1.2 millones de toneladas de relaves anuales, que serán almacenados en depósitos tóxicos con un 20% de probabilidad de filtraciones hacia fuentes de agua subterránea.
El impacto social del proyecto minero es igualmente preocupante. Se prevé un aumento del 30% en la población debido a la llegada de trabajadores migrantes, pero solo el 20% de los empleos generados por el proyecto serán para habitantes locales, lo que generaría presión sobre los recursos y servicios básicos. La agricultura, que representa el 65% de la actividad económica en la zona, podría reducirse hasta un 25% debido a la contaminación y el acceso limitado a los recursos hídricos. Además, el 55% de los impactos ambientales identificados son considerados severos o irreversible, principalmente en desplazamiento y pérdida de actividades económicas tradicionales, como la agricultura, ganadería y pesca.
En la lucha del pueblo nadie se cansa
La sentencia contra Fausto Arechua, Wilfrido Escobar y Gilberto Talahua Paucar es un claro ejemplo de cómo el Estado y las empresas mineras están dispuestos a usar la fuerza y la ley para silenciar a quienes defienden sus territorios y recursos naturales. Este caso no es aislado; es parte de una estrategia sistemática de persecución y criminalización de los defensores del agua y la tierra en Ecuador.
Sin embargo, la resistencia de las comunidades no cesará. Como bien lo expresó Fausto Arechua: "Nosotros defendemos nuestro territorio, defendemos el agua, la fuente hídrica que es para el consumo de todo ser humano, de todo ser vivo, para las plantas, para tener una producción para así poder llevar los alimentos a nuestras mesas, no solamente a la nuestra, del país, y como decir hasta del mundo entero".
La lucha por el agua y la vida continúa, y mientras haya comunidades dispuestas a defender sus derechos y su territorio, la esperanza de un futuro más justo y sostenible seguirá viva. En las ciudades también tenemos que estar a la altura de la contienda histórica, porque la lucha por el agua, es la lucha por la vida misma.
