Colombia: la corrupción y cambio institucional

“El presidencialismo como un sistema político con

variedad de actores que abarca el presidente, ministros, senadores,

jueces, líderes de opinión, la interacción entre estos actores

está influenciada por las instituciones y las prácticas políticas, ya que

estas afectan a los roles e incentivos de cada uno” (Scartascini, 2011, p. 107) 

Por estos días hay dos asuntos que están en el ojo del huracán, es decir en boca de todos y todas, por un lado, la reciente elección del contralor Carlos Córdoba y la Consulta contra la corrupción que tuvo lugar el domingo 26 de agosto. Si bien ambos son sucesos coyunturales, estos permiten hacer una reflexión crítica sobre las imbricaciones entre: cultura, estructural social, cambio institucional y conflicto en el presidencialismo colombiano. El hecho de que el contralor designado no haya sido el candidato de la bancada del Centro Democrático y sectores del Partido Conservador, es algo que permite entrever, primero, la efectiva colación entre los partidos Cambio Radical y Partido de la U, y segundo, el brillante lobby del electo presidente, Iván Duque, y sus padrinos.

El primero, no es un signo de independencia por parte de estos partidos respecto a la agenda del ejecutivo, es un llamado de atención a que se les tenga en cuenta en la repartición de la “mermelada” en el gobierno Duque (asignación de contratos, puestos, etc). El segundo es un ejemplo claro de lo que plantea Scartascini (2011) “el comportamiento de los actores políticos dependerá, a la vez, del funcionamiento de las instituciones políticas y de las reglas institucionales básicas” (p.100). Aunque los aspirantes a Contralor deben presentar y pasar una prueba de conocimientos, después de este proceso la elección a esta función, depende de los votos en el Congreso, Senado y Cámara, para lo cual es necesario tener padrinos políticos en los partidos con fuerte representación en el Congreso que permitan hacer un lobby efectivo y así asegurar el puesto de Contralor.

Cabe recordar que la Contraloría hace parte del Ministerio Público y es la entidad de ejercer vigilancia y control de los erarios y bienes públicos, a su vez responsable de darle continuidad a investigaciones de casos renombrados como el desfalco de la refinería de Cartagena (Reficar), en donde los recursos perdidos superan los 20 billones de pesos, el polémico Programa de Alimentación Escolar (PAE), que involucra un detrimento de 84.000 millones de pesos, el caso del “cartel de la Hemofilia” con detrimento de 76.000 millones de pesos, entre otros. En todos estos casos hay varios exalcaldes, gobernadores, exgobernadores, actuales alcaldes y ministros que están involucrados. No obstante, los favores políticos se deben pagar y que mejor que tener un amigo en una de las 63 contralorías regionales y locales (la elección de estos contralores regionales y locales no es de manera meritocrática), es una suerte de don y contra don, “ayúdame que yo te ayudaré”. La labor de las contralorías es vital para combatir la corrupción y defender los recursos públicos que financian las y los ciudadanos, sin embargo, estás instituciones formales no escapan a lo que Granovetter (2003) denomina como “encaje social”, el hecho de que los intercambios humanos que las instituciones tratan de guiar afectan, a su vez, a estas instituciones.

Por su parte la Consulta Anticorrupción, aunque podía ser instrumentalizada para que López, Fajardo y Robledo (Angélica) acumulen capital político, está tenía fines prácticos que para algunos juristas son problemáticos, ya que las preguntas modificarían la constitución, y fines simbólicos que buscan impactar la dimensión cultural que hace parte ese encaje social de las instituciones; en esta dimensión me detendré.

Considero que la Consulta buscaba un cambio institucional, ya que es una modificación de los planos legales y normativos bajo los que operan los actores. Por tal motivo, enfrenta la oposición potencial de lo que Portes (2012) identificó como un conjunto doble de fuerzas arraigadas en la estructura profunda de la sociedad colombiana: las que se basan en los valores y las que se basan en el poder. En la dimensión cultural las normas se originan en valores que tienden a oponerse al cambio, y las estructuras sociales cambian lentamente porque quienes detentan el poder prefieren no renunciar a sus privilegios. Este conflicto se pudo observar en la campaña de desinformación por parte del Centro Democrático y otros sectores hacía la Consulta, quienes ocupan un lugar privilegiado en la estructura social y saben usar los códigos culturales del universo simbólico de quienes representan, para convencerles de que la Consulta era una treta.

“La estructura de clases existente y las elites pueden ser legitimadas por el sistema de valores de modo que no sólo se oponen al cambio los que ocupan posiciones de privilegio sino también la masa de la población. Como reconocieron Weber y la línea de teorías marxistas inspiradas por Gramsci, es muy difícil desalojar poder legítimo porque las masas no sólo aceptan su propia subordinación sino que están prontas a defender el orden existente” (Portes, 2011, p. 52)

Al lograr el número de votos necesarios la Consulta generaría un efecto simbólico, ya que sería el rechazo por parte de la ciudadanía a una práctica socialmente legitimada como es la corrupción. Lo cual es significativo para los procesos de cambio en la dimensión cultural y las instituciones informales, ya que es allí donde deben tener resonancia los cambios institucionales formales. Ya que los cambios potenciales en las reglas políticas e institucionales formales deben considerarse cuidadosamente, como un entendimiento de cómo estas reglas se ajustan dentro de las configuraciones institucionales informales más amplias. En este orden de ideas, considero que el punto 6, sobre presupuestos públicos con participación ciudadana en la Consulta Anticorrupción, se asemeja a algo que Sen (1999) considera clave para el buen funcionamiento de las instituciones y el desarrollo, la deliberación y participación. La práctica deliberativa como esencia de las instituciones, aportan al cambio y al desarrollo en tanto esta tenga alcances reales y prácticos que incentiven la participación ciudadana en procesos de veeduría. De esta forma, los presupuestos participativos podrían impedir que el presupuesto de inversión se distribuya por debajo de la mesa y a los congresistas, es decir, que podría llegar a controlar “la mermelada”, esa que el nuevo Contralor debe vigilar de sus padrinos políticos.

Bibliografía.

Granovetter, Mark (2003). “Acción económica y estructura social: el problema de la incrustación”, en F. Requena, Análisis de Redes Sociales. Orígenes, teorías y aplicaciones, MADRID: CIS, pp. 231-269.

Portes, Alejandro y Smith, Lori (2012). Institutions Count, Berkeley: University California Press

Sen, Amartya (1999). “The Possibility of Social Choice”, en American Economic Review, Vol.89.

Scartascini, Carlos (2011). El juego político en América Latina: ¿Cómo se deciden las políticas públicas?, Colombia: BID-DRCLAS.