Correlación de fuerzas y democratización de los medios públicos
En la actualidad la democratización de los “medios públicos” en Ecuador no depende de la implementación de políticas públicas oportunas que garanticen la participación de la ciudadanía en espacios comunicacionales, que por derecho le corresponden. El carácter público y la integración de actores sociales heterogéneos en este tipo de espacios, está fuertemente condicionado por la correlación de fuerzas, tanto a nivel micro - a lo interno de los medios públicos -, como aquellas interacciones ente grupos políticos, económicos y culturales (Gramsci, 2007) que se disputan el poder mediático como mecanismo para legitimar su discurso y prácticas de dominación.
En este contexto, las organizaciones sociales, colectivos, movimientos, entre otras expresiones de la sociedad civil que se disputan un espacio de participación en los medios públicos, dependen - cual juego de ajedrez - de la forma en cómo se mueven las “fichas”. En la actualidad, el manejo de los medios de comunicación de carácter público no está determinado por una política de gobierno que, a su vez, responda a la importancia de aplicar de manera acertada la Ley de Comunicación, que estipula el 33% para medios públicos y otro 34% para medios comunitarios. Las empresas públicas de comunicación están subordinadas a los intereses de grupos de poder mediáticos, que mantienen una estrecha relación con sectores políticos y económicos, pretendiendo así silenciar la voz de los sectores subalternos en complicidad con el Estado. Las parrillas de programación están sujetas al cambio constante de directores y funcionarios, cada uno con una línea editorial distinta, por lo cual las escasas propuestas y programas surgidos desde la sociedad civil pierden continuidad, así como la capacidad de consolidar audiencias que experimenten nuevos contenidos. Dicha inestabilidad intencionada, incide además en que los medios públicos reproduzcan el mismo tipo de contenidos que los medios privados comerciales y, por ende, legitimen el discurso de los sectores dominantes de la sociedad, consolidando su capacidad de coacción tanto simbólica como material, ante los sectores subalternos.
A pesar de las condiciones desfavorables para la democratización de los medios públicos en el momento actual, las diversas expresiones de acción colectiva desde la sociedad civil, construyen e implementan dinámicas de negociación y resistencia (Tilly, 2004), que le permiten ejercer su derecho ciudadano a participar en los espacios públicos de comunicación. Responder a la línea editorial del medio no es necesariamente - no debe ser, de hecho - la alternativa para continuar en el mismo; aunque esta especie de “estrategia” sea aplicada por ciertos actores sociales que pretenden mantener sus espacios en los medios públicos o por aquellos que son afines a la agenda política estatal. La producción libre y autónoma debe ser una de las consignas a defender por parte de los actores colectivos, que exigen la incorporación de otras voces, temáticas y problemáticas en la discusión pública sobre el rol de los medios públicos respecto a la sociedad. Es decir, los contenidos deben ser producidos y reproducidos acorde a las experiencias, perspectivas y narrativas de los actores colectivos, mas no a conveniencia de lo que los medios públicos en contubernio con el Estado pretenden imponer.
Hay que ser cuidadosos al hablar en términos generales de “los medios públicos”, ya que es pertinente tomar en cuenta la heterogeneidad - no muy diversa - de los mismos, con el fin de analizar la forma o formas que exijan la apertura de estos a las expresiones organizativas de la sociedad civil. Los medios públicos no son solamente aquellos de cobertura nacional, sino también otros espacios de carácter local, a los cuales no se les ha dado la relevancia del caso. Es así que la disputa por los espacios comunicacionales para otras voces y realidades, debe contemplar la posibilidad de integrarse y fortalecer alternativas comunicacionales públicas a nivel local, conjuntamente con los medios comunitarios.
La democratización de los medios públicos no radica en otorgar un espacio de 10 minutos en promedio para las “noticias de la comunidad”, ya que resulta insuficiente para visibilizar las problemáticas que cotidianamente aquejan a los sectores populares. En estos espacios quien tiene y maneja la “verdad” es el periodista, quien reproduce los argumentos de la línea editorial, los cuales tergiversan, menosprecian y desacreditan las demandas colectivas. La disputa por la democratización de la comunicación implica asumir la construcción de nuevas estrategias comunicacionales, la formación y visibilización de los sectores populares como actores protagónicos en este proceso, y la disputa del sentido común el cual se establece como un mecanismo de dominación.
Bibliografía.
Gramsci, Antonio. (2007). “Análisis de las situaciones. Correlaciones de fuerza”, en Antología, Siglo XXI, México, pp. 409-419.
Tilly, Charles. (2004). “¿De dónde vienen los derechos?”, en Sociológica, Año 19, No. 55, pp. 273-300
