El poder de las élites o “matar al mensajero”
Es casi un secreto a voces la salida del Director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Reinaldo Cervantes, después de mostrar un aumento de la pobreza, desigualdad y precarización.[1] Dicho resultado devela el verdadero poder de las élites (tanto económicas como políticas) -y su articulación- para situar como eje del problema no al accionar del aparato empresarial, ni del gobierno central, ni del Ministerio del Trabajo, sino en quién expone la complicada situación que atraviesa el Ecuador.[2] Eso implica que se “mata al mensajero” de la reducción de las condiciones de vida de la población y deja impune a los autores del mismo.
Este acontecimiento se da en el contexto del debate de Ley de Fomento Productivo, denominada “Trole 3”; misma que tiene una posición pro-oligárquica que con cada veto presidencial se profundiza todavía más. Desde esta perspectiva, es pertinente aclarar que la disminución del bienestar social del pueblo es el efecto de las decisiones o, mejor dicho de las no-decisiones en materia de política económica del actual gobierno. De igual manera, es el resultado de un periodo en que el actual ministro de finanzas era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. En ese mismo sentido pueden indicarse las políticas del Ministerio del Trabajo, cuya acción principal fue implementar la flexibilización de contratos laborales.
Por tanto, el cuestionamiento que debería direccionarse al empresariado y en las políticas del gobierno en sus niveles, recae sobre el INEC; era indispensable separar al Director de sus funciones por mostrar el resultado de las políticas neoliberales en curso, en un contexto en el que quieren sellar este proceso con una ley todavía más acorde a los intereses de los grupos de poder económico (ley Trole 3).
En otras palabras, este proceso puede resumirse de la siguiente forma: i) se cuestiona el accionar del empresariado y se pide la salida del presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez. No, se le nombra ministro de economía; ii) se cuestiona al ministro del trabajo y se pide su salida. No; iii) se cuestiona a quién notifica los resultados que develan la insuficiencia del aparato productivo y medidas de política laboral adecuadas y se le separa del cargo. Sí.
El país se encuentra ante un embate de la oligarquía que no aceptan su responsabilidad en el actual retroceso económico que vive el país, ni tampoco que sus decisiones en materia de política pública, realizadas a través de sus representantes, también juegan un papel fundamental en los efectos desastrosos para la mayoría de los ecuatorianos y las ecuatorianas. En lugar de ello, depositan toda la carga en la institución encargada de dar a conocer estos resultados, eximiéndose completamente. Y aún más, muestran que las posibilidades de destitución hacia ellos son impensables, no así de quiénes no sirven a sus intereses
A su vez, eso puede significar que no importan las decisiones que tomen los grupos de poder y sus representantes en el gobierno, siempre existirá a quién culpar; todavía más preocupante es que se desincentiva a otras instituciones encargadas de proporcionar información a que develen las cifras reales sobre la situación económica del país, lo que puede entorpecer las posibilidades de resistencia y disputa.
En conclusión, el proceso de separación del director del INEC muestra el poder de las élites económicas. Es necesario considerarlo como una muestra de lo que se está ocurriendo en el país, con un gobierno de y para los grupos de poder económico, mientras el pueblo está experimentando un deterioro cada vez más preocupante de sus condiciones de vida. No obstante, lo peor aún está por venir, se empiezan a escuchar desde hace algunos días la focalización de subsidios, un conocido nombre con el que se encubre el denominado “paquetazo”. La cuestión es ¿a quién más se va a desplazar, para que no dé cuenta de sus efectos? Tal como ocurrió con las cifras del empleo.
[1] La pobreza a nivel nacional pasa de 23.1% en junio 2017 a 24.5% en junio 2018, variación que se mantiene constante estadísticamente. En el mismo periodo la pobreza aumenta en Quito de 7.8% a 12.8%, variación estadísticamente significativa y el índice de precariedad aumenta en dos periodos seguidos a pesar del crecimiento económico.
[2]A su vez, ciertas centrales sindicales se alinean a estas críticas en lugar de situar el verdadero eje del conflicto.
