España: la moción de censura que tumbó a Rajoy
La última semana ha representado un auténtico torbellino en la vida parlamentaria española. A escasos 8 días de que el gobierno conservador del Partido Popular, dirigido por Mariano Rajoy, consiguiera aprobar unos presupuestos neoliberales adaptados a la política de austeridad y recortes impuesta por la Unión Europea con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), este mismo gobierno ha sido depuesto y enviado de cabeza al basurero de la historia por una moción de censura del principal partido de la oposición (el Partido Socialista Obrero Español, PSOE) votada por una contradictoria amalgama de fuerzas políticas que incluía, como elemento decisivo, al mismo PNV.
El disparador de este sorprendente cambio de escenario, que ha llevado a la presidencia a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha sido la sentencia judicial relativa al llamado “caso Gürtel”, una red de corrupción política ubicua, nacida al calor de la gigantesca burbuja inmobiliaria de las últimas décadas, e íntimamente ligada con el Partido Popular (PP).
La sentencia de Gürtel ha significado la condena penal de una gran cantidad de antiguos altos cargos del PP, además de la declaración judicial de que este partido se habría beneficiado directamente de la trama delictiva organizada por su tesorero (Luis Bárcenas) y otros lúgubres personajes. Esta declaración es importante, ya que en los tiempos en que se produjeron los hechos juzgados, el Código Penal español aún no admitía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que nos indica que, para evitar una aplicación retroactiva de la ley penal, el tribunal ha condenado al PP de la única manera que se podía en ese momento (como “partícipe a título lucrativo”), pero su participación fue realmente mucho mayor. Además, en el cuerpo de la sentencia se calificaba expresamente de inverosímil la declaración realizada ante el tribunal, en calidad de testigo, del ya expresidente Mariano Rajoy.
La sentencia representaba la confirmación judicial de algo ya sabido: los gobiernos del PP, al hilo del desarrollo de la gran burbuja inmobiliaria que estalló en el año 2007, han ido acompañados del despliegue de enormes tramas de corrupción política, mediante las que los cargos públicos se enriquecían personalmente y financiaban a su partido, en una vorágine de relaciones delictivas con empresarios, “conseguidores ” y toda suerte de personajes turbios.
La sentencia, además, llegaba en un momento de crisis de legitimidad del conjunto del llamado Régimen del 78, en el que se sucedían los escándalos políticos, las condenas y detenciones contra el uso de la libertad de expresión y las tensiones derivadas del conflicto abierto con Cataluña, que llevaba aparejada una fuerte contestación a la monarquía, la existencia de presos políticos y exiliados y un reciente desfile de varapalos jurídicos en Europa a la hora de pedir la extradición de los políticos catalanes huidos.
Mientras tanto, el PP había podido salvar su posición de gobierno y aprobar sus presupuestos con el apoyo de dos organizaciones : Ciudadanos, el llamado “Podemos de derechas”, un partido de reciente despliegue en el escenario estatal, que, en base a una agresiva retórica nacionalista y anticatalana, raya en ocasiones con las posiciones de la ultraderecha, había conseguido colocarse a la cabeza de las encuestas electorales y estaba hurtando una importante parte de la base de voto del PP, y el PNV que, pese a sus posiciones de crítica a la política seguida con Cataluña (imposición del mecanismo de excepción contemplado en el artículo 155 de la Constitución, es decir, la disolución del gobierno catalán y la puesta de los organismos autónomicos catalanes bajo las órdenes directas del gobierno) se había dejado dominar por su alma conservadora en lo social, para acabar votando a favor de los presupuestos del PP.
Al calor de la sentencia, y en un golpe de audacia inesperado, el PSOE presenta una moción de censura contra el gobierno de Rajoy. Había enormes dudas de si podía prosperar, pero los tiempos estaban maduros para ello. Pedro Sánchez consigue, en menos de una semana, el voto favorable de Podemos (que había sido muy castigado en las encuestas por no favorecer un posible gobierno de Sánchez con Ciudadanos al inicio de la legislatura, y que sentía una enorme presión desde sus bases con la idea de “echar al PP como sea”); los nacionalistas catalanes (que buscan la apertura de un proceso de diálogo con el Estado, imposible con Rajoy, que pueda dar una salida a sus presos y a la situación de tensión en Cataluña); y, finalmente y tras una escenificación cuasi-cinematográfica de suspense, del propio PNV (tras la promesa de Sánchez de respetar los presupuestos recién aprobados por el PP y de no convocar de inmediato nuevas elecciones).
El resultado final es un inesperado gobierno socialista, con una difícil aritmética parlamentaria, que intentará mantener el poder hasta el final de la legislatura (dos años) y con múltiples hipotecas para llevar a cabo sus propias políticas (los presupuestos del PP, la tensión catalana, etc). En este escenario habría que tener en cuenta una serie de elementos esenciales:
En primer lugar, qué es el PSOE : se trata de uno de los pilares fundamentales del llamado Régimen del 78, del bipartidismo tradicional de la política española. Un partido social-liberal muy vinculado a los poderes fundantes del proyecto europeo y a amplios sectores de la oligarquía. El PSOE ha tenido, también, sus propios casos de corrupción.
En segundo lugar, quienes son los ganadores y perdedores de esta jugada política: entre los primeros, sin duda, está el PSOE, que consigue “tocar poder”, con todo lo que ello representa a efectos de conseguir desplegar sus propias redes clientelares, y que puede regenerar su imagen haciendo una política que se centre en pequeñas concesiones a las protestas populares en los asuntos de derechos civiles e igualdad (derogación de parte de la ley mordaza, medidas contra la violencia de género, etc.), mientras mantiene la política económica neoliberal de Rajoy y busca iniciar un diálogo político con el gobierno catalán y gestiona el levantamiento de las medidas del artículo 155, para desactivar la crisis territorial. Este proceso, bien gestionado, podría recomponer el “ala izquierda” del bipartidismo del Régimen del 78, haciendo renacer al PSOE como única alternativa real a la derecha .
El gran perdedor, sin embargo, es Ciudadanos. El partido que se anunciaba como el posible ganador de las próximas elecciones, un partido ultraliberal y agresivamente patriotero que le estaba comiendo el terreno al PP en la derecha. El PP, en la oposición y con las manos libres, podrá comandar ahora una agresiva retórica contra el PSOE y la izquierda, que le presente, también, como el único voto útil contra la desintegración de España, para lo que además cuenta con su hegemonía en el mundo rural de gran parte del país, decisiva en términos electorales, y que Ciudadanos no puede amenazar.
Y, finalmente, ¿qué representa todo esto para los movimientos populares?
En primer lugar una nueva confirmación del fracaso del llamado “asalto institucional” representado por Podemos, un partido que parece destinado a cumplir el mismo papel que tuviera Izquierda Unida antes del 2011, de bisagra de gobiernos socialistas y de muleta de la izquierda social-liberal con un techo electoral claro y una alarmante tendencia a la guerra interna.
En segundo lugar, una pequeña oportunidad para la autoorganización y para el empoderamiento autónomo la clase trabajadora y los movimientos sociales, si efectivamente se produce una suavización de la represión. Oportunidad que habrá que aprovechar ante la cada vez más probable emergencia de una nueva crisis sistémica en Europa caracterizada por el fin de los estímulos del Banco Central Europeo, el aumento de los precios del petróleo y la imposible operatividad de las medidas de austeridad para resolver las contradicciones fundamentales del capitalismo. Una pequeña oportunidad para la lucha y la creatividad.
