Revocatoria de mandato al "Chato" Castillo
Uno de los acontecimientos mas importantes en la trayectoria democrática del Ecuador dentro de los últimos 5 años, es el proceso electoral suscitado el pasado 24 de junio en la ciudad de Loja: la revocatoria del mandato al exalcalde José Bolívar “El Chato” Castillo.
Este acontecimiento dejó satisfacciones y desazón entre varios sectores de la política local en la sureña ciudad. Colateralmente, implica cálculos políticos dentro de los procesos de democracia directa en curso en otras ciudades del país, Quito por ejemplo. Es por esta razón que, el suceso merece especial análisis, para ello empezaremos describiendo parte del problema.
El “Chato” Castillo, como se le conoce al ex alcalde de Loja, ha mantenido una amplia trayectoria en espacios de representación política, acompañada de una multitud de tensiones sociales y políticas, característica de todos sus periodos como alcalde de la ciudad. En sus cuatro oportunidades en el “sillón de mercadillo”, esta última vez fue una de las más conflictivas, no solo por las contradicciones con diversos sectores de la sociedad, sino por las alianzas políticas que demostraban una dicotomía ideológica en sus coaliciones. Su comportamiento con la sociedad distó mucho de ser un gobierno local incluyente con perspectivas de diálogo.
Cuando ganó su cuarto periodo en el 2014, Castillo llegó con la consigna “Chato vuelve”, y la propuesta política de reconstruir y reordenar la zona urbana y rural de la ciudad. Estas propuestas se ejecutaron de forma inmediata. El arreglo de las calles céntricas de la ciudad fue una de sus primeras acciones, hecho que agradó a la ciudadanía y le otorgó cierta legitimidad a su gestión.
Sin embargo, este proceso de reordenar la ciudad implicó también la eliminación de un proyecto social conocido como “al pasito sabrocito” ejecutado por el exalcalde Jorge Bailón, que consistía en la ubicación de puestos de comida ambulante en diferentes sectores de la ciudad, como una alternativa a la dinamización de la economía y el fomento de fuentes de trabajo para la colectividad. Pero, a decir de Castillo, estos puestos de comida ambulante le daban “mal aspecto” a la ciudad.
Este fue uno de los primeros encuentros de discrepancia entre la ciudadanía y la autoridad, a ello se sumó una serie de enfrentamientos entre vendedores ambulantes y policías municipales, la confiscación de sus mercancías, la toma arbitraria del Teatro Universitario Bolívar, uno de uno de los íconos de la Universidad Nacional de Loja, la implementación del sistema de fotomultas, que causó malestar en la ciudadanía por las elevadas sanciones económicas, enfrentamientos con el sector del taxismo, con los animalistas de la ciudad cuando propuso la eliminación de los perros callejeros y las palomas de los parques, el enfrentamiento con el sector de los recicladores, con los concejales, la demolición de viviendas a familias de escasos recursos económicos para construir senderos ecológicos, la compra de dos jirafas, la implementación de una serie de ordenanzas y pronunciamientos que afectaron la convivencia ciudadana, y que constituyen un punto de quiebre y desconcierto que provocó la disputa del poder local.
Estos malestares ciudadanos con el Alcalde, alteraron la estabilidad del contexto político social de la ciudad. Es así que, esta sucesión de insatisfacciones colectivas llevó a varios ciudadanos en junio del 2015 a pedir, por primera vez, la revocatoria del mandato a Castillo, pedido negado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, en septiembre de 2017 el gremio de taxistas de Loja reactivó el pedido de revocatoria de mandato aduciendo que el burgomaestre habría violentado sus derechos de participación ciudadana a quienes propusieron la Iniciativa Popular Normativa por el tema de las fotomultas en el 2016, trámite que fue archivado por el Alcalde lojano alegando que no existía la necesidad de una propuesta ciudadana para el control de la velocidad. Este hecho fue el punto de quiebre para solicitar nuevamente revocar el mandato al Alcalde Castillo, proceso que sorprendentemente se niega por segunda vez en el CNE sin una base legal que lo justifique, a no ser presumiblemente por la alianza política entre el Castillo y el gobierno.
Ante esa respuesta negativa, los proponentes acuden al Tribunal Contencioso Electoral a denunciar el hecho, organismo que después de su análisis en diciembre de 2017, dispuso al CNE entregue los formularios para iniciar la revocatoria de mandato del alcalde de Loja por haberse determinado violación a los derechos de participación ciudadana.
Bajo este contexto, el proceso de revocatoria del mandato no solo significa la caída de un cacique político en el sur del Ecuador, representa también el empoderamiento de la sociedad civil y el rechazo al autoritarismo, la arbitrariedad y al abuso del poder institucional, que, a través de la solicitud y aplicación de este mecanismo de democracia directa, se castiga a las autoridades por su mal proceder con la ciudadanía.
El resultado del proceso revocatorio en Loja fue de un 70 % de rechazo ciudadano a Castillo, instaura un precedente para todos los políticos que ocupan un cargo de dignidad popular en todos los niveles. Este mensaje se codifica bajo la premisa “tenemos una ciudadanía vigilante y participativa que está pendiente del cumplimiento de los ofrecimientos en campaña y que las autoridades electas procedan éticamente en todas sus decisiones, así también, que no se aprovechen del poder delegado por parte de la sociedad civil”.
Como se menciona, este hecho es histórico, no solo por la activación ciudadana en la vigilancia de sus autoridades, sino también por el hecho de que la democracia participativa se fortalece ampliamente en la sociedad. Sin embargo, hay varios factores que preocupan dentro de estos procesos, y es precisamente la “objetividad” con la que presuntamente actúa el CNE. Frente a este hecho, cabe preguntarse entonces ¿qué originó que este organismo se incline por la no aceptación a los primeros pedidos de revocatoria? ¿Por qué el Tribunal Contencioso Electoral en cambio sí detecta inconsistencias en las decisiones del CNE? Cuestionamos esto porque la ciudadanía se vio obligada a acudir a instancias superiores para que se disponga al CNE la activación de los mecanismos de democracia directa, caso contrario no se habría dado.
Esto nos invita a meditar en que el poder de participación ciudadana es eminentemente fuerte si se organiza, lo cual también nos lleva a reflexionar sobre la vigilancia de nuestras autoridades, sino también a las decisiones de los organismos institucionales que deben garantizar al pueblo ecuatoriano autonomía y objetividad en sus decisiones.
