Agonía ecuatoriana con disfraz de “recuperación” (II)
¿Deuda para la “recuperación?
Y si hablamos de urgencias fiscales que tiran por la borda cualquier planificación, no puede olvidarse a la deuda. En efecto, los problemas estructurales de la economía ecuatoriana (entre los que puede incluirse a los propios límites creados por la dolarización) han generado una grave dependencia del país en un endeudamiento externo creciente. Tal dependencia ha sido más que evidente en 2020: entre enero y agosto, el saldo de deuda externa se ha mantenido estancado en casi 42 mil millones de dólares (máximo histórico). Ese estancamiento de la deuda, junto con la caída de ingresos petroleros y de recaudación tributaria en tiempos de pandemia, han generado problemas de liquidez como la interrupción en la cadena de pagos sobre todo del sector público. En concreto, la sequía de dólares ha llevado a que el gobierno de Moreno acumule retrasos que, hasta agosto, se estimaban en más de 4 mil millones de dólares.
Tan crítica se volvió la situación que a inicios de octubre de 2020 el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al país un crédito excepcional de 6.500 millones de dólares a una tasa de 2,9% de interés a 10 años plazo más cuatro años de gracia, de los cuales 2 mil millones fueron desembolsados de inmediato. De hecho, entre la deuda adquirida con el FMI más los recursos provenientes de otros multilaterales (e incluso desde China), el gobierno de Lenín Moreno espera recibir hasta diciembre de 2020 unos 7.150 millones de dólares. A su vez, con “bombos y platillos” el gobierno morenista anunció que los primeros recursos obtenidos de ese nuevo endeudamiento externo se usarían precisamente para “recuperar” la cadena de pagos que ha quedado interrumpida a causa de la pandemia y la crisis: se igualaría el pago de sueldos públicos; se pagaría a 17 mil pequeños proveedores con los que se mantienen deudas menores a 500 mil dólares; se cumpliría con parte de la deuda a gobiernos seccionales; se pagarían las liquidaciones a más de 3 mil extrabajadores de las empresas públicas; entre otros pagos pendientes.
Paradójicamente el anuncio del gobierno de Moreno sobre el destino de los primeros desembolsos de la nueva deuda externa denota un manejo muy similar al criticado manejo correísta que sería investigado en su momento: el uso de endeudamiento público para financiar gasto corriente, cuando la Constitución establece en su artículo 290, numeral 3, que “con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera de pago”. Es decir, con endeudamiento público solo debería financiarse proyectos de inversión pública (los cuales debían formar parte de una planificación económica), pero tanto el correísmo como el morenismo terminaron rebasados por la realidad de un país sin planificación y que se asfixia si le quitan el respirador artificial de la deuda.
Un ajuste para largo
A más de anunciar una “recuperación” sostenida desde la deuda, el gobierno Morenista ha anunciado que hasta el primer trimestre de 2021 esperaría que 500 mil familias se sumen al millón de hogares que acceden a programas de bonos y asistencia social. Aunque el gobierno intentó presentar ese dato como un logro, la realidad es que semejante cifra muestra que la crisis económica del Ecuador se vuelve crónica, con familias que no llegan a cubrir ni su subsistencia mínima. Si a ese dato se suma la estimación oficial de que en junio de 2020 solo 16,7% de trabajadores alcanzaron un “empleo adecuado” (básicamente un empleo con un ingreso laboral mayor al salario básico), que en el segundo trimestre de 2020 la economía ecuatoriana sufrió una caída interanual de 12,4%, y que la pandemia del coronavirus ha puesto al Ecuador entre los países con los niveles más altos de excesos de fallecimientos por tamaño de población, puede intuirse que el futuro del pueblo ecuatoriano es dantesco y que la supuesta “recuperación” económica más parece el disfraz de una cruel agonía.
Pese a tan duro momento, el morenismo no duda en consolidar su drástico ajuste económico. Prueba de ello es el anuncio gubernamental de alcanzar como meta un superávit global para todo el sector público no financiero de 0,6% del Producto interno Bruto (PIB) para 2022. Considerando que en 2020 el propio gobierno estima un déficit de 8,3% del PIB, ¿cuán drástico será el ajuste de 2021 para intentar alcanzar una meta que, por cierto, sin duda forma parte del acuerdo alcanzado con el FMI? La combinación de un ajuste severo, un colapso de la economía y del empleo y una pandemia que no cede, hacen pensar que las incertidumbres seguirán en el ambiente por muchos años más. Para colmo, recién en 2025 se espera que el peso de la deuda pública respecto al PIB sea menor al 57% (hace años quedó hecho trizas el techo legal del 40%), de modo que el ajuste y la deuda van para largo.
¿Cómo cambiar de raíz un futuro tan complejo y desolador? Ojalá quien escribe supiera la respuesta, pero sinceramente no la tiene. De hecho, quizá nadie tenga una auténtica respuesta, al menos si seguimos entrampados en los límites de la economía: una seudociencia cargada de pretensión de conocimiento, pero ignorante (¿a propósito?) de las necesidades reales de los excluidos del mundo que sufren entre el hambre y la pandemia (con muy pocas excepciones). Ante tiempos cada vez más extremos, estamos llamados a repensarlo todo, incluyendo nuestra forma de comprender y de hacer economía. Es eso, o esperar a que la tragedia permanente sea nuestra “nueva normalidad”.
