El Ecuador del encuentro atenta contra las mujeres y disidencias
Dentro de las lógicas del Narcoestado y la democracia burguesa, se evidencia la tergiversación y relativización absoluta de la realidad material. Según la burguesía en el poder, el Ecuador se convirtió en un paraíso de oportunidades, una meca de la paz y la justicia social, incluida la de género. Así, el Gobierno Nacional crea un relato paralelo y contrario al día a día del pueblo. La realidad es un pueblo violentado, maltratado y precarizado, obligado a la migración y a la informalidad, maniatado bajo las recetas del FMI, el Banco Mundial y la clase banquera que maneja el Estado. En este sentido y momento histórico, el 8M en el Ecuador necesita convertirse en un hito de articulación de las diferentes luchas y caminares en torno a una división de clase constitutiva del capitalismo: la división sexual del trabajo y la constitución del patriarcado.
El poder burgués intente negar la realidad en torno a crímenes de Estado y feminicidios que se cometen por sus propios agentes represivos. Estos son tolerados por las instituciones que deberían judicializar a feminicidas, y refuerzan al patriarcado como instrumento de dominación social. Tan solo en 2022, se reportaron al menos 332 feminicidios, entre los cuales constan 9 transfeminicidios, un récord histórico de crímenes en contra de mujeres y disidencias en el país. A María Belén Bernal la asesinó un teniente, dentro de la Escuela Superior de Policía.
Del total de los 332 feminicidios de 2022, 59 podrían haber sido prevenidos con un accionar efectivo de las instituciones que suponen proteger la vida de mujeres y disidencias, por la existencia de antecedentes penales y boletas de auxilio previas. Estos actos de negligencia demuestran que el Estado ecuatoriano no protege de forma efectiva la vida de las mujeres y disidencias, además de no existir ningún mecanismo desde el Estado que cumpla con este objetivo. En este sentido, resulta irrelevante que el Estado articule el Registro Único de Violencia -RUV-, uno de sus supuestos hitos que anunciaba en son de celebración el 7 de marzo, ya que este registro no cambiará en lo más mínimo la realidad de inacción, facilitación y simple permisividad hacia los feminicidios y transfeminicidios en el Ecuador. Este panorama se completa con las más de 4.500 muertes violentas que se produjeron en el 2022 en Ecuador, convirtiéndolo en el año más violento para el pueblo -y particularmente para las mujeres y disidencias- en la historia.
Un factor particularmente alarmante referente a las cifras de la Fundación Aldea se refiere a que alrededor de 200 feminicidios se dieron a causa del crimen organizado, sumando un total de 1.378 feminicidios desde 2014. El Narcoestado como institución reguladora de la vida, paralela al Estado, aplica la necropolítica contra la clase trabajadora de forma sistemática e indiscriminada para perpetuar sus lógicas de dominación y exterminio. El dictado de clase burguesa y el imperio del libre mercado, se materializan sobre todo en los cuerpos, y de forma específica sobre los cuerpos de las mujeres y disidencias.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, en América Latina se registraron un total de 4.473 feminicidios en 2022. Según estas cifras y considerando que América Latina cuenta con una población de alrededor de 660 millones de personas, un país tan pequeño como el Ecuador, representaría casi el 10% del total de feminicidios. Una situación francamente alarmante.
Como una de las características prebendas del gobierno de la banca, Guillermo Lasso anunciaba una inversión paupérrima de USD 24 millones hasta el 2025 en el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos. Con un presupuesto de USD 8 millones anuales, este sería el ministerio más desfinanciado de la historia contemporánea del Estado ecuatoriano. Ante la violencia estructural, que la burguesía a cargo del Narcoestado intensifica de la manera más explosiva por medio del Gobierno del Encuentro, las palabras de un primer mandatario sumido en el más burdo dictado de clase, resultan insignificantes e incluso aberrantes. Las migajas que promete la clase parasitaria, más allá de sostener e intensificar los instrumentos de exterminio capitalista patriarcal, resultan en una burla franca a las muertas, mutiladas, perseguidas y violentadas, y la totalidad de la clase trabajadora.
En definitiva, la violencia que practica la burguesía en contra de mujeres y disidencias, representan vidas que directamente se lleva el Narcoestado. Mientras el capitalismo patriarcal, colonial y especista prime sobre la vida, la organización popular resulta el único mecanismo de enfrentar a la burguesía y sus múltiples violencias.
Es necesario retomar los orígenes comunistas y revolucionarios del 8M como día de lucha de las mujeres y disidencias trabajadoras del mundo. El 8 de marzo de 1917 las mujeres trabajadoras de la entonces Rusia imperial, se levantaban contra el envío de tropas a la 1ra Guerra Mundial y se levantaban también contra el Zar. Ese 8 de marzo -llamado también la Revolución de Febrero-, marcó el inicio de la Revolución de Octubre, que constituyó la URSS en el primer gran proceso revolucionario de la clase trabajadora a nivel mundial. Tan significativo es el 8M en la memoria colectiva de la clase trabajadora mundial, que sus orígenes revolucionarios marcan un hito en nuestra historia compartida de luchas. Y fue una mujer comunista, Clara Zetkin quien mocionó la necesidad de una fecha como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en 1910, para “cuidadosamente organizar a las mujeres de la clase trabajadora.
En un contexto de proyecto histórico, sin la superación definitiva del patriarcado, jamás habrá revolución. En las palabras de lxs compañerxs del Kurdistán Libre, una revolución que no piense abolir la primera división de clase, la división sexual, no será revolución. En las luchas por los mundos mejores posibles, el patriarcado tiene que caer con el capitalismo. Por un 8M clasista, combativo y revolucionario.
