Gatillo fácil contra el pueblo
De forma paralela a la radicalización ideológica emprendida por la burguesía como gobierno, y correspondiente al momento histórico de la profundización del capitalismo por medio de su instrumento neoliberal, también se fascistiza el tejido social en términos generales. Ante la ola de violencia desencadenada por la imposición del libre mercado, la ultraderecha local se aferra al discurso de la criminalización de la pobreza y el pueblo, legitimando su eliminación sistemática en las calles. Al mismo tiempo se deposita sobre estos cuerpos, toda la responsabilidad de la catástrofe social que vive el Ecuador, bajo el continuo mandato e imposición de la burguesía parasitaria, comandada por el presidente Guillermo Lasso. En los términos actuales, se avecinaría una limpieza social a gran escala, además de la probable vuelta de bases militares imperialistas yanquis en territorio nacional. En este escenario, Lasso se prepara para empaquetar todas las reformas que no puede introducir a la asamblea, para presentarlas en el marco de la consulta popular anunciada para el año 2023.
No cabe duda que la violencia del capitalismo se recrudece bajo gobiernos neoliberales en sus dimensiones sociales, económicas y políticas. Con la excusa de esta radicalización de las condiciones materiales, ahora la burguesía despliega la eliminación física y simbólica como máximo instrumento de dominación y subyugación capitalista. El 25 de enero de 2022, el Gobierno Nacional presentó el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, ante una clara declaración de “guerra a la delincuencia” -sinónimo de pueblo precarizado-, además del anuncio de apoyo incondicional e irresoluble a las fuerzas represivas del Estado. En conjunto con las naciones imperialistas con mayor récord en violaciones a los DD.HH., el Estado burgués planifica la sistematización del uso de la fuerza letal, como nuevo mecanismo de represión, eliminación física y atentado simbólico en contra del pueblo y la clase trabajadora. El plan maestro de securitización continua.
La mal llamada Ley de “Seguridad”, además de facultar a policías y militares a hacer uso impune de armamento letal, establece la acción coordinada de la institucionalidad represiva por medio del Plan de Política Criminal, como ya lo define su nombre. Adicionalmente, amplía el estado de excepción a 90 días. Cuando hasta la actualidad el estado de excepción se limita a 60 con una renovación única de 30 días adicionales. Con esta ley, además de prolongarse el estado de excepción por 30 días adicionales, se establece que esta medida se puede renovar en dos ocasiones por igual periodo. Así, ante cualquier escenario futuro de organización popular anticapitalista, el gobierno neoliberal podrá suspender derechos fundamentales por un total de 9 meses continuos.
La propuesta de normativa también facultaría a miembros de las fuerzas represivas a utilizar fuerza letal fuera del horario de trabajo -y por ende fuera de servicio-, catalogándolo como un acto de servicio constitucional. Policías y militares se convierten en represores a tiempo completo, con la facultad de imponer la muerte cuando así lo consideren. Es precisamente esto a lo que nos referimos y lo que alertamos cuando hablamos de una ley de gatillo fácil, los ejemplos en la región son desgarradores.
Un aspecto adicional que genera incertidumbre y preocupación por la futura multiplicación de atentados en contra de la vida del pueblo, es la ampliación de las facultades internas de las Fuerzas Armadas. Cuando bajo la normativa actual, las FF.AA. únicamente se encuentran facultadas a control fronterizo y soberano, posibilitando su actuación interna solo bajo el estado de excepción, con la ley propuesta por el gobierno, las FF.AA. se facultan a coordinar acciones conjuntas de forma permanente y por fuera del estado de excepción. La militarización total se perpetuaría con la excusa del “enemigo interno”, desplegando fuerzas preparadas para la guerra en contra del pueblo organizado.
Los mecanismos de imposición capitalista: represión, explotación y eliminación, adquieren dinámicas que representan un atentado frontal en contra de la vida del pueblo y la clase trabajadora. El odio indiscriminado que destila la burguesía en contra de la pobreza y el pueblo en general, se traduce en el intento de legitimación de ejecuciones extrajudiciales a gran escala. Carlos Jijón, vocero de la Presidencia, declaraba el 26 de enero que “todos los asesinados en las calles son narcotraficantes”, en consonancia con gobiernos como el de Rodrigo Duterte en Filipinas, el cual legalizó las ejecuciones extrajudiciales al iniciar su mandato en 2016 y a lo largo de su primer año de mandato, se ejecutaron más de 11 mil personas a manos de las fuerzas represivas.
Nos enfrentamos a la legalización y legitimación de mecanismos de terrorismo de Estado en su marco más amplio y permisivo. Las vidas que no importan -sea dentro o fuera de las cárceles- estarán ahora en manos del instrumento represivo de clase por excelencia de la burguesía: la policía y las FF.AA. La normalización de la violencia y la amenaza a la eliminación física del pueblo, viene acompañada de una campaña de deshumanización gradual de “delincuentes” por parte de personas “de bien”. Estas facultan a sus instrumentos de clase -aquellas fuerzas que protegen la propiedad privada por sobre todo lo demás- a dictar y ejecutar sentencias y penas de muerte a mano y criterio propio, según lo consideren necesario.
La fascistización de la sociedad viene de arriba y se aplica abajo, quienes pagaremos con nuestras vidas seremos siempre lxs mismxs: pueblo precarizado y pueblo organizado. De esta manera, se repotencia el exterminio popular a cargo de la burguesía como ejecutora indirecta. Para esta última, la seguridad se equipara al derramamiento de sangre en nombre del libre mercado. Una vez más, el pueblo pone las muertes, mientras la burguesía acumula, se apropia de lo público y justifica las lógicas de precarización con mecanismos de exterminio como el gatillo fácil. Para las fuerzas represivas en servicio de la burguesía, con la Ley de Seguridad, iniciará la cacería y carnicería fetichizada contra el pueblo. La eliminación física a manos de la burguesía, pasa a ser una de las más perversas dimensiones de la imposición capitalista.
