La Transición en la agenda reaccionaria de Moreno
Cada vez que una autoridad es cesada por el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social Transitorio, los medios de comunicación - como si de la defensa de la “libertad de expresión” se tratara - saltan al amparo de las inconstitucionalidades de Trujillo y su combo. Y no son los únicos que validan este accionar dictatorial. La lista de influyentes es larga: la academia, la iglesia, los sindicatos, el movimiento indígena, las cámaras y políticos, todos van fluctuando desde el silencio cómplice hasta la justificación pasional.
Si observamos con cuidado, en el 2018, la institucionalidad de Participación Ciudadana pasó de ser un ente utilitario e inútil, a representar los intereses de las élites elevándose sobre la Constitución y las leyes. Y si antes la consolidación de las organizaciones sociales en torno a este espacio de proyección consagrado en la Carta Magna fue golpeada sistemáticamente por la burocracia correísta, ahora caracterizan lo reaccionario, con accionar fructífero para las clases dominantes y estéril para el pueblo.
El conjunto de decisiones orientadas por las élites políticas y económicas, son ejecutadas por una junta de notables, que, con posturas clasistas y patriarcales celebran apoltronados su decadencia reaccionaria sobre una estructura constitucional que se quedó en las intenciones; mientras ahora se revela un poder absoluto como nunca se ha visto en el Ecuador bajo la figura de lo transitorio.
Transiciones y tensiones
El “quinto poder” del Estado evalúa, nombra y nombrará autoridades que de manera transitoria generan las condiciones de gobernabilidad para los que vendrán, una inconstitucionalidad, que de una forma u otra, reintegra a los poderes tradicionales al control del Estado. Así, los grupos hegemónicos - con sus acuerdos y reparticiones - asumen una tarea fundamental: ganar el dominio institucional de los espacios, evaluando a las autoridades acorde a la Resolución 3 del 13 de marzo del 2018 1
Con la Resolución 08 del 21 de marzo del 2018 2, el CPCCS-T deja claro el carácter subjetivo de las evaluaciones, cuando se atribuye el ejercicio de observar la legitimidad, transparencia y participación ciudadana con la que se han realizado los procesos y toma de decisiones en cuanto a la designación de autoridades y servidores públicos.
A partir de esta pretensión de evaluar la legitimidad, entendemos lo transitorio como un momento altamente subjetivo, en donde el rol de la interpretación obedece a un ejercicio machista del poder, direccionado por un patriarca octogenario, blanco, infalible, quien toma decisiones antojadizas a dedo, respondiendo a una agenda particular, específica a los intereses de los grupos de poder y que se preocupa de dar las migajas a las organizaciones sociales que están articuladas a la oligarquía.
La transición es un momento táctico de retorno oligárquico que funciona a través de la imposición reaccionaria y que obliga a asumir posturas políticas en lo concreto, más allá de la fraseología vacía del populismo post moderno de cuarto nivel. Puede ser que las organizaciones estén muy preocupadas por el asunto de género, de temas campesinos, de pueblos y nacionalidades, o de los y las trabajadoras del sector obrero, pero al estar anexas a estas plataformas validando el ejercicio del patriarca del CPCCS-T se quedan en eso, en el discurso elevado a militancia cómplice con el proyecto oligárquico de la dictadura oligárquica.
Democracia como fachada y la oligarquía como realidad
Ya lo hemos sostenido antes: el Estado es una herramienta de dominación, de poder, en donde una clase social impone su proyecto político basado en las garantías que necesita para la reproducción de su vida material, proceso de acumulación del capital y el desarrollo de sus fuerzas productivas. Hoy, quienes tienen el control del Estado, son nuevamente, las oligarquías exportadoras e importadoras que antes estaban en contradicción con el ascenso de la burocracia.
La burguesía burocrática que se empezó a formar como facción independiente de los intereses de la oligarquía exportadora e importadora, durante el correísmo, ya empezó a mostrar esta tendencia dictatorial en varios espacios de decisión, de forma análoga a los gobiernos oligarcas, develando al progresismo como un mecanismo de modernización de las relaciones de acumulación de capital, en dónde la corrupción cumple con el mismo rol que en el sector privado, al sostener sus tasas de ganancia través de la apropiación del plus valor del trabajador y la trabajadora.
Sin embargo, la reacción oligárquica encabezada por Moreno en esta fase de transición, ha revertido en este último año el poder que tenía la burocracia, utilizando al Consejo de Participación transitorio como instrumento para el fusilamiento mediático y político de las autoridades que son leídas como correístas - sin compasión ni procesos justos - pero todas entendidas por la prensa y los formadores de opinión pública como “procesos democráticos”.
En esta disputa, el pueblo sufre el desempleo y el incremento de la pobreza, mientras transita hacia el pasado neoliberal. En este camino, la oligarquía destruye y construye a su gusto, ya que por cada autoridad cesada hay una nueva que se articula a su agenda de transición, escogida a dedo, descaradamente y con impunidad ante los mecanismos constitucionales de control social y popular, dando una dimensión dictatorial a la gestión de Trujillo.
El aniquilamiento mediático, jurídico y político
En la compilación de textos anti-correístas “La restauración conservadora”, editado por Juan Cuvi dentro de la iniciativa Montecristi Vive, se problematiza la restauración conservadora, sin observar que ellos estaban representando la adelantada narrativa e ideología que sostiene al CPCCS-T y el proceso reaccionario. Entre los textos recopilados está el trabajo de Arcos Cabrera, en donde analiza el fusilamiento mediático como un arma en el ejercicio del poder político, sosteniendo que es una forma de “matar” al contradictor político. 3
El texto reseñado no tendría tanta importancia de no ser por la caracterización que hace del fusilamiento mediático, presentándolo como una nueva forma de matar como acto de poder. Superando la crítica burguesa que Arcos hace a Correa, entendemos que la lista de personajes que fueron acribillados por el ex presidente, no implicó su destrucción pública per se, ya que muchos de ellos sigue actuando políticamente, verbigracia Bonil, el MPD o Balda, a diferencia de quienes son acribillados por la trinidad CPCCS-T, medios de comunicación y ONGs, que con acciones dignas del catálogo de Sueiro son fulminantes ante el enemigo.
Arcos Cabrera sostiene que el fusilamiento mediático parte al poner en escena el problema, identificando a tal o cual como corrupto, procurando la destrucción moral de los opositores y fortaleciendo un sentido de incondicionalidad entre quienes sirven al Poder, desatando en última instancia acciones institucionales cuyos efectos se prolongan sobre la vida de la víctima y la sociedad.
Y esto es exactamente lo que pasa ahora, pero con mucha más violencia, porque hay consenso entre todos los actores hegemónicos: el Estado, las empresas privadas, la banca y los medios de comunicación. De esta manera, no es un simple fusilamiento, sino un aniquilamiento mediático, político y jurídico, el que garantiza el no retorno del opositor al Poder, así como su destrucción moral y psíquica.
Esta es la democracia del empresario, del rico, del burgués. No sé si es por lo que votó el Ecuador. Lo que si queda claro que vivimos cada vez más en una dictadura de las élites u oligocracia. ¿Quieren un argumento simple? Es este: en nuestro país las decisiones las toma una junta de notables en contra de lo que dice la constitución y la voluntad popular. No las tomas tú.
Referencias
1- http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/resolucion.pdf
2- http://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2018/03/resolucion-8.pdf
3- Arcos Cabrera Carlos, El fusilamiento mediático: nuevas armas en el ejercicio del poder en Ecuador, en La restauración conservadora, Juan Cuvi, editor, Monte Cristi Vive, Quito, 2014
