Lasso y el poder de la iglesia contra la Ley de Aborto por Violación
La restauración neoliberal representa la ventana de oportunidad perfecta para la burguesía, no solo para lucrar de un Estado en descomposición autoinducida, sino también para someter a la sociedad a la hegemonía de las lógicas ultraconservadoras. Grupos y sectas antiderechos han invadido las instituciones públicas, los podios, las redes sociales, los barrios y la sociedad civil en su conjunto.
En medio del debate que la Asamblea Nacional lleva a cabo frente al proyecto de Ley de Aborto por Violación, las tergiversaciones y distorsiones no se hicieron esperar. El pasado 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional dio sentencia para declarar la inconstitucionalidad de la penalización del aborto por violación, la que incluye un plazo de 6 meses para la aprobación de una ley de aborto por violación que garantice el acceso adecuado y justo a este derecho para mujeres, niñas y personas en capacidad de gestar. Recordemos que las violaciones domesticadoras han sido una práctica frecuente en contra de lesbianas, varones trans y personas no binarias; por esto es tan importante reconocer en el cuerpo de la ley a las disidencias sexo-genéricas.
La demanda por una ley justa, reparadora y disidente ha sido el trabajo y consigna del movimiento feminista y transfeminista durante décadas. Conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, se logró articular un proyecto de ley que responde a las necesidades y realidades de quienes van a acceder a este derecho. Ninguna de las propuestas en el proyecto de ley presentado a la asamblea es arbitraria, ni tiene otra intención que no sea la garantía legal al mejor acceso posible al derecho al aborto por violación. Este proyecto de ley contempla tres aspectos fundamentales que la ultraderecha intenta bloquear.
1. El proyecto de ley limita el acceso al aborto por violación hasta las 28 semanas para mayores de 18 años y sin límites para menores de edad. Sin embargo, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado estableció el pasado sábado otros límites con 20 semanas para mayores de 18 años, 22 semanas para menores y conservó la legislatura anterior para personas con discapacidad intelectual y mental. Esta recomendación desconoce la realidad: dos tercios de las personas que deciden ejercer su derecho al aborto por violación, lo hacen en el segundo trimestre de embarazo, por múltiples razones. Al mismo tiempo, los límites propuestos por la comisión legislativa desconocen el difícil proceso emocional, material y psicológico que implica para una persona víctima de violación, acudir a demandar asistencia médica y legal.
¿Qué está reamente detrás de limitar con semanas determinadas el aborto por violación? En el Ecuador, el aborto por violación sin límite de semanas ha sido legal para personas con discapacidad desde 1938. De una forma perversa, limitar por semanas diferenciadas el acceso a un derecho, jerarquiza ciertos cuerpos por encima de otros. Dentro de la lógica perversa de la ultraderecha, existen cuerpos que importan y otros que no. Sin embargo, estas élites pretenden dar lecciones morales desde podios hipócritas y antiderechos. La misoginia y la defensa del patriarcado como sustento de las jerarquías sexuales, es la vocación fundamental del movimiento “pro-vida”.
2. La anulación de la objeción de conciencia institucional y las limitaciones a la objeción de conciencia profesional. La ley justa, reparadora y disidente, intenta establecer límites a la objeción de conciencia con el fin de garantizar el acceso al derecho de aborto por violación. El sector público está en la obligación primordial de garantizar el acceso a derechos, por encima de la aprensión del personal de salud a temas políticos o religiosos.
3. La necesidad de que el proceso de denuncia contra el perpetrador sea responsabilidad de la institución de salud que atienda a la víctima de violación, y no de ella misma. Esto responde a la realidad de que gran parte de perpetradores se encuentran en el núcleo familiar o en el círculo cercano de la víctima. Por lo tanto, este requerimiento garantiza no solo el acceso a derechos, sino que también evita la revictimización de la persona sobreviviente y protege a menores de edad. Las niñas son niñas, las niñas no son madres.
El presidente Lasso, reconocido miembro de la secta ultraconservadora del Opus Dei, anunció el pasado viernes 14 de enero, que vetará la Ley de Aborto por Violación: “Pero ¿qué está sucediendo ahora? que están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte Constitucional, y téngalo por seguro que ya no solo en el campo personal sino ahora como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo constitucional”.
Para el neoliberalismo, la regresión en acceso a derechos es uno de los mantras fundamentales. En el Ecuador, nunca existió una separación efectiva del poder de las iglesias católica y cristina del Estado. En el escenario actual, ese poder se evidencia repotenciado y amplificado desde el mismo seno del Ejecutivo. La misoginia disciplinadora se acciona desde el Estado burgués en el impedimento de acceso al derecho constitucional al aborto por violación, mediante el bloqueo político y social a una ley justa, reparadora y disidente.
Fotografía: efeminista.com
