Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación: triunfo de los medios corporativos
El viernes 14 de Junio de 2013, se aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación (LOC), con 108 votos a favor entre 137 asambleístas presentes, con una importante mayoría oficialista para aquel entonces. La polémica y el desacuerdo con la nueva normativa no tardaron en aparecer, sectores de oposición al gobierno – de ese entonces –, en especial los medios privados, calificaron al cuerpo legal como autoritario, y lo presentaron en sus discursos como un grave atentado a la libertad de expresión.
Si bien varios de los elementos existentes en la LOC deben ser cuestionados y analizados, la presencia de una normativa resulta fundamental a la hora de realizar un adecuado ejercicio de la comunicación, democratizar el acceso a la misma y regular los contenidos que serán difundidos a las audiencias. Su largo articulado, pretende configurar un modelo de comunicación con importantes y positivas características, como lo dejan ver los títulos de principios, así como los aspectos deontológicos y el artículo 71 que define las responsabilidades comunes de los medios de comunicación social (respetar los DDHH y desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos así como su participación en los asuntos de interés general). Además se estipula la redistribución de frecuencias para democratizar el acceso a los medios por sectores que no responden al interés privado.
Tiempo después de consentida la ley, en el 2015, el paquete de enmiendas constitucionales, aprobado en la Asamblea Nacional, colocaba a la comunicación social ya no solo como un derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas, sino como un servicio público. Al ser la comunicación un servicio público, esto implicaba que la persona, colectivo, empresa, o institución que mediatice la información, tenía la obligación de reconocer que estaba prestando un servicio a la población. Con esto, la actividad informativa pasaba a tener un mayor control estatal, al nivel del que se cumple con el agua, la salud y otros servicios públicos. Tal control (queda a discreción del lector juzgar de nocivo o beneficioso el control estatal sobre la actividad comunicativa) obligaba a las grandes cadenas informativas a trabajar con mayor responsabilidad y profesionalismo. Esto pretendía romper con la lógica corporativa y empresarial que existe dentro de los monopolios de la información en el país, los cuales conocemos como grandes medios de comunicación. Estos espacios privilegiados funcionan como una especie de megáfono, amplificando en el tiempo y el espacio la información que responda a sus intereses, y de la forma que crean pertinente.
Controlar que decir, como decirlo y cuando decirlo, sin duda genera un espacio de poder; espacio que pretendió ser disputado sin éxito por el proyecto de la Revolución Ciudadana. La lucha por el sentido de la comunicación en el país se daba entonces, entre la fuerte regulación estatal, y la servil actitud de los medios financiados por grandes empresas. Las élites que operan detrás de las corporaciones de la comunicación hallaban , por decir lo menos, incómoda esta situación y emprendieron una feroz campaña de desprestigio contra LOC. Sin embargo, los "mass media" no parecen comprender que la lógica de mercado resulta contrapuesta a la lógica de la comunicación como derecho.
Cuando se trata de manejar un asunto tan importante como la producción y reproducción de la información, la lógica de los medios de comunicación no tiene que ser la misma de la empresa privada, pues los objetivos de estas dos difieren. Ya sea cómo derecho o como servicio público, el fin último de la actividad informativa debe ser colocar a disposición de la ciudadanía todos los elementos informativos, sin ocultar ni manipular, para que diferentes sectores de la población en base a la información recibida , pueda tomar decisiones sobre los asuntos de interés público desde la responsabilidad y la conciencia. Si bien los medios no deberían constituirse en empresas, esta suerte de "capitalismo mediático" convierte a la comunicación de actividad filantrópica en negocio, tal como se muestra todos los días en la gran mayoría de medios informativos a nivel nacional.
Desde el cambio de mando hace ya un año y algo más, las élites de la comunicación han vuelto a monopolizar los medios y por ende el discurso. El gobierno bajo la excusa del diálogo ha cedido este espacio, entregando los medios púbicos a quienes ven en ellos un negocio; estamos viviendo la re corporativización de la comunicación. Para muestra habrá que señalar el caso de los canales incautados ( TC televisión & Gama TV) , que serán vendidos nuevamente, "por operar a pérdida y no generar las ganancias esperadas".
La designación de Andrés Michelena como Secretario Nacional de Comunicación, fue una de las jugadas claves a la hora de entregar la comunicación a la empresa privada; el clímax de la cesión del poder comunicacional está por consumarse. El lunes 21 de mayo del año en curso, fue presentado en la Asamblea Nacional el Proyecto Reformatorio a la LOC, cuyo objetivo es la eliminación de todo el esquema administrativo de sanción y control, la desaparición definitiva de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), la eliminación de la figura de "linchamiento mediático", poniendo serias trabas a la distribución de las frecuencias radioeléctricas para los medios comunitarios.
Las argucias en cuanto a este Proyecto de Reforma son grandes, pues a través de la complejización del lenguaje de redacción y la sustitución de palabras y conceptos que parecerían inicuos, se modifica el fondo del cuerpo legal; por ejemplo, el Artículo 17 del proyecto pretende modificar el artículo 22 de la ley vigente al substituir al inicio del mismo lo siguiente: " Derecho de recibir información de relevancia pública veraz…" por "Derecho a recibir información de calidad".
Sumado a este panorama hace poco la Corte Constitucional aprobó un proyecto de sentencia mediante el cual se declara la inconstitucionalidad de las enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador, aprobadas por la Asamblea Nacional del Ecuador el 3 de diciembre del 2015, anulando de esta manera el establecimiento de la comunicación como un servicio público.
Las cartas están jugadas, la disputa en el terreno de la comunicación, que es el campo donde se genera, produce y reproduce el sentido común de las grandes mayorías, se ve de nuevo favorable hacía el poder. De aprobarse el proyecto reformartorio a la LOC, nos hallaríamos indefensos ante la gran maquinaría mediática del poder, hallando como única arma de defensa y posibilidad de contraofensivas, los espacios alternativos y populares de comunicación.
