Se viene la privatización del sector salud
El Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social, Jorge Wated, declaró la mañana de ayer 8 de junio, que titular del IESS estaría dispuesto a concesionar la administración de centros de salud y hospitales públicos. El mecanismo para encontrar los nuevos administradores privados para el sector salud, sería el mismo utilizado para la concesión de Corporación Nacional de Telecomunicaciones: una firma de consultoría internacional, que evidentemente genera un mejor negocio para el capital. Deloitte y Ernst & Young, figuran entre los nombres de estas consultoras.
De materializarse esta intención, el Gobierno Nacional habría logrado conseguir el cumplimiento de una de las consecuencias de la crisis autoinducida a la que se entregó desde el día uno: la privatización de todo lo público. Esto corresponde a una lógica político económica impuesta por las grandes corporaciones y el imperialismo yanqui, representantes del neoliberalismo. Todo esto por medio de los organismos crediticios internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, que imponen presiones a los gobierno para cumplir una agenda estricta de austeridad y reducción del Estado, con el fin de dejarlo en una inoperancia que justifique privatizaciones masivas.
Desde el inicio del mandato de Moreno en el año 2017, movimientos sociales y observatorios de los derechos humanos advertían su preocupación por la intención de someter al pueblo ecuatoriano a una serie de medidas antipopulares, combinadas con la imposición simultánea de una regresión sistemática en materia de derechos, correspondiente a la doctrina del choque que en estos momentos de pandemia por Covid-19 se encuentra en un estado entre el auge y el colapso en los gobiernos de la derecha neoliberal latinoamericana como Chile, Brasil, Colombia y Ecuador.
La privatización de lo público materializa la precarización general de la vida, exacerbada por una radicalización de los instrumentos y las medidas para imponerla. Al mismo tiempo, el gobierno se legitima a sí mismo, en su “autoridad política”, por el evidentemente ficticio manejo “ejemplar” de las crisis múltiples, en las que desembocaron 3 años de aplicación agresiva de medidas neoliberales. Si acaso se les pasa por alto, cabría recordarle al Gobierno Nacional que, gracias a su actuar en medio de la emergencia sanitaria, el Ecuador cuenta con la tasa de mortalidad más alta por Covid-19 en el mundo en relación a su población. Si de matar al pueblo se tratase, el gobierno sin duda habría cumplido con su papel autoimpuesto.
De la larga lista de gobiernos lacayos que hemos tenido en la historia de la república, sin duda el actual se lleva el premio mayor al “esquirol” de la región andina.
