Un amargo primero de mayo
El que acaba de pasar fue un primero de mayo muy amargo para la mayoría de los trabajadores del mundo: en primer lugar por la llegada del COVID a nuestras vidas, ya sea como presencia directa que ha enfermado a cientos de miles de personas, ya sea como amenaza de contagio. Pero tal vez la mayor de las afectaciones para el grueso de la población mundial no tenga que ver con el virus en sí mismo, sino con las catastróficas consecuencias socioeconómicas de la gestión capitalista de la crisis. Una gestión que, en mayor o menor medida, intenta pasar los costos de aquella a las espaldas de los pueblos: con despidos, reducción de salarios, limitaciones al ejercicio del trabajo informal sin claras compensaciones para los afectados o, como sucede en nuestro país, además de lo anterior, estamos padeciendo diversos intentos gubernamentales de aprobar reformas neoliberales que ya fueron rechazadas por los ecuatorianos a finales del año pasado, tan sólo para complacer al FMI y garantizar el puntual pago de la deuda, aún a costa del bienestar de las mayorías.
En el caso de los trabajadores de la educación, este primero de mayo fue doblemente amargo pues, además de lo ya anotado, amanecimos con lo que parecería una cruel broma que el gobierno nos gasta en el día que se celebran las luchas históricas del pueblo trabajador. Pero lo anunciado dista mucho de ser una broma de mal gusto: es más bien una decisión que pone contra las cuerdas a varios miles de docentes, a sus familias y, no en menor medida, a la educación pública como tal. ¿A qué nos referimos?
Al recorte de cerca de 100 millones de dólares; sí, leyeron bien, 100 millones de dólares que el Ministerio de Finanzas ha dispuesto para las 32 Universidades Públicas del país, siendo las más afectadas la Universidad de Guayaquil (-12,9 millones); la Central (-11 millones) y la Universidad de Cuenca (-5,6 millones). El recorte va dirigido exclusivamente a los salarios de los docentes; hasta donde se sabe, principalmente de los docentes a contrato o de aquellos que estaban en espera de que su nombramiento provisional se convirtiera en definitivo; un paso que, de concretarse el recorte, nunca llegará.
La medida no sólo dejará sin empleo a miles de profesores universitarios a lo largo del país, sino que también haría prácticamente inviable que las universidades sigan funcionando con normalidad, pues la única posible "salida" sería que los docentes de planta asumieran la totalidad de la carga de trabajo que hoy realizan los temporales. Pero, en realidad, esa es una no-salida pues, ni con una sobrecarga brutal de trabajo (que además nadie desea, salvo el gobierno) podrán ser sustituidas las múltiples tareas que, además de la docencia, desempeñan los compañeros contratados: investigación, gestión académica, vinculación con la sociedad, etc. En breve: la decisión gubernamental simplemente hace inviable el funcionamiento de la universidad.
Más grave aún resulta la dura posición que el Ministerio de Finanzas ha mostrado en las conversaciones con las máximas autoridades universitarias, a quienes les ha dejado muy claro que no está dispuesto, bajo ninguna circunstancia, a autorizar las renovaciones de contratos de los docentes. ¿El argumento? La cantaleta neoliberal por todos conocida: "no hay dinero"; "hay que atender las prioridades", etc. Pero, ¿acaso no somos prioritarias las universidades cuando, al mismos tiempo que se nos pretende desfinanciar, formamos parte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que está en la primera línea de atención de la pandemia? ¿Es más prioritario pagar la deuda que fortalecer a la universidades que en estos mismos momentos están proponiendo alternativas médicas, económicas y sociales para enfrentar la crisis? ¿Qué tipo de educación universitaria espera el gobierno que pueda desarrollarse sin el talento humano que se requiere? ¿Creen que es posible sostener una educación de calidad llevando hasta el agotamiento a los profesores que logren conservar sus puestos de trabajo? ¿Quién nos garantiza que, una vez purgados los docentes a contrato, no sigan con el recorte de sueldos a los titulares? En fin ¿quién, en su sano juicio, cree que la educación pública de todo un país es sacrificable?
Estas y otras muchas preguntas se nos imponen como ciudadanos y como universitarios; también como trabajadores que hemos pasado un amargo primero de mayo con esos nefastos anuncios. No obstante el negro panorama, hay una cosa que sí es segura: no nos quedaremos callados. Pelearemos al lado de nuestros estudiantes; de los otros estamentos universitarios; y de los trabajadores de la educación de otros niveles que también están siendo despedidos. Pelearemos para que los derechos al trabajo y a la educación pública, gratuita y de calidad, no sean pisoteados por un gobierno al que poco parece importarle el destino de todo un pueblo.
