Acuerdo con el gobierno: pierden los jubilados
La tarde del 7 de agosto del año en curso, representantes de los maestros jubilados y el gobierno nacional, llegaron a un acuerdo en cuanto a los pagos de incentivos jubilares, esto tras 16 días de huelga de hambre llevada a cabo por ex docentes en las ciudades de Quito y Guayaquil.
Lo que parece ser una buena noticia, de hecho, solo refleja la incapacidad del Estado en hacer frente a sus compromisos administrativos, y nos da muestra nuevamente, de la incompetencia de quienes manejan la república a la hora de administrar los asuntos prioritarios.
Los antiguos maestros, quienes consagraron sus vida y esfuerzos a educar e instruir, en medida de las capacidades y limitaciones del sistema educativo ecuatoriano, a decenas de generaciones, ahora tienen que hacer frente al hambre y la decepción de ver cómo se vulnera su derecho a una pensión y una vida digna.
Son más de 22 mil docentes jubilados que han visto impagos los incentivos y bonos gubernamentales desde 2011. En mayo de este año, tomaron acción nuevamente, y se declararon en huelga de hambre, el gobierno prometió cancelar los valores en efectivo e incumplió, lo cual derivó en la recientemente levantada huelga.
El monto que adeuda el Gobierno a este grupo se acerca a los $900 millones, de ese valor $350 millones se debían pagar este año, $240 millones en bonos y $110 millones en efectivo.
A beneficio de los maestros, la tarde del 7 de agosto, se firmó un documento en el que se aceptan varios mecanismos para el pago de la deuda por concepto de compensación jubilar voluntaria. Los jubilados aceptaron -entre varios puntos- que el Gobierno realice el pago de su deuda con Bonos del Estado. Por ejemplo, quienes se jubilaron antes de los 70 años podrán recibir un bono con plazos de entre 1 y 10 años.
Mientras que, el segundo grupo por jubilación obligatoria es conformado por personas vulnerables mayores de 70 años, con discapacidades o enfermedades catastróficas recibirán el pago en efectivo en cuatro cuotas a partir del mes de agosto de 2019.
El BIESS ha dado luz verde a la compra en efectivo de 240 millones de en bonos “canjeables” a partir del 7 de agosto, lo que no se aclara es que el bono es proporcional a la diferencia entre los 70 años. “Si el jubilado cumplió 62 años, el bono tiene un período de duración de 8 años”. Así mismo la venta de estos papeles en el mercado de valores, se la realiza con un descuento en base al número de años el bono de mayor plazo tendrá un descuento más alto, (el precio será más bajo). El de menos plazo recibirá un descuento bajo, (su precio será más alto). El porcentaje es de acuerdo al año, por ejemplo, el plazo de 1 año al 98,93% y el de 10 años al 93,75%.
Cómo vemos, el Estado se compra su propia deuda, y nos preguntamos entonces, ¿Dónde está el dinero de los desembolsos internacionales? Con una deuda pública 49,17% y con nuestros futuros hipotecados, de aquí a 30 años con el Fondo Monetario Internacional, podemos argüir, que no es tanta falta de efectivo, sino falta de voluntad de pago.
O también, para simplificar y no causar incomodidad con las perspicacias, podemos abrazar el discurso de los mass media y decir que: “obviamente la culpa es de Correa”, ya que de algún modo tras casi 3 años de su salida, los responsables de turno del país no encuentran otra excusa mejor.
