Consulta Popular: la austeridad concentra el poder y facilita la corrupción
Una de las temáticas centrales que plantea reformar la Consulta Popular del próximo 5 de febrero, pretende concentrar todavía más el poder político en la figura del Ejecutivo. La eliminación de facultades de designación y elección popular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -CPCCS-, la “independencia” de la fiscalía, la reducción del número de asambleístas y un mínimo para la inscripción de movimientos políticos, pretenden blindar al oficialismo en términos de legitimidad democrática, además de facilitar la sucesiva concentración de poder, una falta de organismos de control y el hiperpresidencialismo. La consulta popular persigue únicamente un solo objetivo: otorgarle todavía más poder a la burguesía banquero-industrial.
Como buen representante del libertarismo latinoamericano, Guillermo Lasso utiliza una retórica que insistentemente hace referencia a los valores y bondades del capitalismo. El banquero presidente teatraliza la libertad e independencia, omitiendo intencionalmente, que se refiere a la libertad de competencia entre capitalistas a expensas de los derechos y libertades de la clase trabajadora; e independencia de los sistemas de justicia y control social. La burguesía en el poder, está acostumbrada a mentir compulsivamente al pueblo y la clase trabajadora. Uno de los compromisos de campaña fue la generación de empleo, mismo que se cumplió bajo el signo de la autoexplotación. Lo que no especificó, es que sería autoempleo bajo la figura del emprendedurismo, caracterizado por la inestabilidad salarial, largas horas de trabajo que normalmente superan una jornada laboral en relación de dependencia, imposibilidad de afiliación a la seguridad social, informalidad y una precarización generalizada de la vida.
En la misma lógica y utilizando los mismos recursos discursivos, ahora el Ejecutivo propone una Consulta Popular engañosa y deshonesta. Todas las preguntas planteadas, apelan maniqueamente a la situación desesperada en la que se encuentra la clase trabajadora, generada y agudizada por la misma clase dominante en el poder. En este sentido, la extradición apela a la inseguridad que ha generado la institucionalización del Narcoestado en el país a manos de la burguesía bancaria. Las preguntas sobre el “fortalecimiento institucional” apelan al descontento y desconfianza que existe frente a las instituciones estatales, que han empeorado considerablemente su gestión y transparencia en el proceso de austeridad impuesto por las políticas neoliberales de Guillermo Lasso. Por su parte, las preguntas relacionadas al medio ambiente, además de ser redundantes con principios que constan en la Constitución, hacen una suerte de filtro embellecedor -beauty filter- para la imagen del conjunto de la Consulta Popular.
Es así que las preguntas atentan de forma grave en contra de los principios de control social y rendición de cuentas de un Estado de derecho -que en Ecuador es cada vez más agredido por el poder Ejecutivo-. El discurso de la independencia de la Fiscalía General del Estado, enfocada en la pregunta 2, plantea que fiscalía tenga la única la facultad de seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a sus propios servidores. Esta facultad colocaría a un aparato de extrema relevancia como el que tiene la FGE para un manejo adecuado y transparente de la justicia y la legalidad, en una posición de ser su propio juez y verdugo, limitando procesos de auditoria, veeduría y control por parte de otras instituciones rectoras, y por supuesto representando con más intensidad a los intereses de la clase burguesa, históricamente terrateniente, blanca, masculinista, explotadora y sumisa a los intereses de la burguesía transnacional. Cuando Lasso plantea la independencia de la fiscalía, en realidad se refiere a la independencia de cualquier examen.
En la misma lógica de austeridad estatal y desinstitucionalización, se plantea la pregunta 3, dirigida a la reducción del número de asambleístas de 137 a 120, el Ejecutivo utiliza mañosamente la precariedad de la vida del pueblo, creando una fantasía de ahorro de recursos “para el combate del hambre y la pobreza”. En primer lugar, la reducción de 17 asambleístas no soluciona la precarización de la vida. Esta problemática solo se soluciona con voluntad política, y Lasso evidentemente no la tiene. Sin embargo, el problema más alarmante radica en la supuesta proporcionalidad entre población y representantes planteada en la modificación, disminuyendo significativamente la representación política legislativa para las provincias de la Amazonía ecuatoriana, agravando la concentración de poder en los centros económicos y políticos del país, y reproduciendo el sometimiento de los pueblos más empobrecidos, a costa de los intereses neocoloniales de la burguesía y las transnacionales extractivistas.
No resulta ser coincidencia que se plantee la reducción de la representación de la Amazonía, dándole menor poder de decisión y presión política a una región asolada por el extractivismo, la militarización de zonas petroleras y mineras, el ecocidio, el despoblamiento forzado y un pacto colonial agudo sobre sus poblaciones. La profundización del modelo neoextractivista primario-exportador, es una de las premisas del Estado neoliberal impuesto por Lasso, a costa de la vida humana y de la naturaleza, perpetuando el pacto colonial, el racismo institucional y la explotación. El primer mandatario expresó su intención de concesionar y privatizar los sectores estratégicos, comenzando por la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, al imperialismo chino.
En el mismo sentido de facilitar la híper concentración de poder, la pregunta 4 plantea la obligatoriedad del 1.5% del registro electoral de su jurisdicción como mínimo para inscribir a un movimiento político, como intento de reconcentración de poder en los movimientos representativos hegemónicos, ultraconservadores, conservadores y de derecha. Esta condicionalidad representaría una profundización del desequilibrio que evade los derechos y necesidades de poblaciones históricamente excluidas, y su derecho democrático a la representación política. La defensa de la democracia se revela como otra falacia más, orquestada brillantemente desde el centro del poder político de Estado.
Uno de los supuestos pilares de la democracia burguesa ecuatoriana, la existencia de cinco poderes políticos, se encuentran anclados a la Constitución. Estos son los tres poderes genéricos -Ejecutivo, Legislativo y Judicativo- además del poder Electoral y el Ciudadano. Este último se materializa en el CPCCS. Actualmente, este órgano designa a un total de 77 autoridades, entre CNE, Contraloría, Procuraduría, Superintendencia de Bancos, Defensoría Pública y del Pueblo, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. La pregunta 5 eliminaría por completo la facultad de designación del CPCCS, inhabilitándolo en su totalidad en ostentar función significativa alguna. El CPCCS pasaría a ser una institución estatal con puras funciones simbólicas.
De manera adicional, la pregunta 6 eliminaría también el carácter de elección popular de lxs miembros del CPCCS, llevándolo a la insignificancia política. Tanto la designación de autoridades como la elección del CPCCS pasarían a ser facultades de la Asamblea Nacional, y la mayoría de los casos bajo recomendación de una terna del presidente. Además del mecanismo tradicional de la AN de la venta de votos legislativos, voto por voto, esta pasaría a concentrar en su poder la designación, control y deposición de prácticamente la totalidad de las autoridades del Estado burgués que no son elegidas en elecciones generales. Bajo este supuesto, Guillermo Lasso tendría la primera palabra en las designaciones de autoridades, al imponer más que proponer las ternas respectivas.
El oficialismo y la clase burguesa se encuentran plagadas de forma orgánica por su propio mecanismo de concentración de poder y cooptación de voluntades en la democracia liberal, la corrupción. Por más que el gobierno se esmere en deslindarse de los casos de corrupción generalizada que dinamitan su ya demacrada aprobación, la corrupción es sistémica y además tiene nombres y apellidos, y uno de aquellos presuntos sería el propio cuñado, mentor banquero y acólito vital de Lasso.
8 veces NO y las veces que sean necesarias para rechazar a un modelo caduco que únicamente reparte explotación, precariedad y violencia. La Consulta Popular es una farsa burguesa.
