El asesinato de líderes sociales en Colombia: un baile rojo 2.0
En el año de 1984, el gobierno colombiano a la cabeza del Presidente Belisario Betancur, intentó realizar un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). En los diálogos que se llevaron a cabo en la región de La Uribe, surgió la Unión Patriótica (UP) como parte de las negociaciones , una organización política de izquierda, conformada por intelectuales, docentes universitarios y militantes del Partido Comunista Colombiano, pero no necesariamente con guerrilleros. La finalidad de la Unión Patriótica era que la izquierda colombiana, pudiese tener un partido político para la reinserción política de los militantes de las FARC-EP, luego de la firma del acuerdo de paz.
Una de las condiciones del acuerdo de paz, consistió en que el Estado colombiano debía garantizar a la UP los derechos políticos para sus militantes, realizando una serie de reformas democráticas para un legítimo ejercicio de las libertades civiles de los militantes del nuevo partido.
Mientras las negociaciones continuaban entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, se firmó el acuerdo de cese al fuego tanto de los militares como de las FARC y otros grupos guerrilleros, pero según declaraciones del gobierno colombiano, las FARC-EP incumplieron el acuerdo de alto al fuego y no cesaron con sus actividades ofensivas, realizando secuestros y extorsiones.
Esto llevó a que los diálogos por la paz se irrumpieran y los grupos armados siguieran operando, pero el partido político: Unión Patriótica, nacido del seno de esas conversaciones, continuó disputándose espacios de representación política en la vida “democrática” del país. Es así como en las elecciones del año 1986 la Unión Patriótica obtuvo un total de 329.000 votos, que correspondían a: 5 senadores; 9 diputados a la cámara de representantes; 14 diputados, 23 alcaldes y 351 concejales.
“Con estos resultados electorales, la UP amenazó el orden que el establecimiento colombiano impuso durante tantos años e hizo prever que prontamente iban a ostentar el poder político en todo el territorio nacional” (Mora 2016, 30).
Luego de que las elecciones de 1986 se celebraran y la UP obtuviera dichos puestos políticos, comenzó a perpetuarse un genocidio sistemático con móviles ideológicos en contra de los militantes de la UP. Grupos paramilitares financiados por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y por diferentes sectores de la oligarquía colombiana, en complicidad con el Estado colombiano (falta de garantías para protección de la vida de sus ciudadanos) perpetuaron dicha masacre, en donde se asesinaron alrededor de 2500 militantes de la UP y otrxs 500 militantes tuvieron que migrar del país. Fue así como se cometió uno de los crímenes políticos más atroces en la historia de las matanzas a un grupo ideológico en América Latina, conocido como: “el baile rojo”. Es en el año 2014, cuando la Fiscalía General de la Nación declaró el exterminio de lxs militantes de la UP como un delito de lesa humanidad.
“El Estado reconoció su responsabilidad internacional, por el incumplimiento del deber de garantía, en su componente de protección, por no haber prevenido los asesinatos y demás actos de violencia en contra de los miembros de la UP, pese a la evidencia de que la persecución en su contra estaba en marcha”. (CIDH 2015, No. 162/18)
Luego de la firma del Acuerdo de Paz, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, el 24 de noviembre de 2016 en la Habana, el Estado Colombiano ofreció “garantías jurídicas y políticas” para que los ex combatientes de las FARC pudiesen tener una reinserción a la vida democrática del país, paradójicamente en el año 2016 (año del acuerdo) fueron asesinados 80 líderes sociales y desde el año 2016 hasta el 2019 van alrededor de 850 defensores de los derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP asesinados.
Así como en 1984 el Estado no pudo garantizar la seguridad de los militantes de la Unión Patriótica, en la actualidad el Estado no brinda las garantías para que la vida de los líderes sociales sea respetada. Cuándo se firmó el acuerdo de paz con las FARC-EP, no se eliminó la violencia sistémica con la que han venido actuando grupos paramilitares, en complicidad con la inoperancia del Estado en dar protección a los líderes sociales y el silencio de los medios de comunicación, alientan a que la muerte de estos líderes sociales pase inadvertida.
Cuándo se firmó el acuerdo de paz, se llegó a pensar que podía haber una esperanza en la construcción de una Colombia democrática, en donde se respete la diversidad y la pluralidad de pensamientos políticos e ideológicos. Pero lo que comenzó con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán allá por 1948 y se extendió con la violencia en el resto del siglo XX en Colombia, aún no se extingue por completo en el siglo XXI.
Bibliografía.
Hernández, Mora, Y. (2016), La Unión Patriótica: memorias para la paz y la democracia. Panorama, 10(18) pp. 27-38
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Comunicado de Prensa: Caso sobre la Unión Patriótica en Colombia
