Masacres en Colombia

En Colombia, en medio de un contexto en el cual continúan las muertes relacionadas a la pandemia y la polarización política vinculadas a las últimas noticias de orden nacional,  renace con fuerza aquel cruento y execrable hecho de violencia, cuya intensidad  parecía haber quedado atrás. Hablamos de las masacres u “homicidos colectivos” como las prefiere llamar el Gobierno Nacional, seguramente a fin de atenuar los diferentes impactos negativos (en la inversión extranjera, en la prensa nacional e internacional, en indicadores de DD.HH, etc.,) que generaría admitir el resurgimiento de las masacres.

En lo corrido del presente año han sucedido 43 –y sumando- masacres en el país, dando un saldo de 181 víctimas mortales. El 72% de ellas sucedieron en los 5 departamentos que tienen los mayores números de asesinatos a líderes sociales, entre los que se encuentran: Antioquia, Cauca y Nariño[1]. En este último departamento, situado al extremo sur-occidental colombiano y región fronteriza con Ecuador, destacan entre otros hechos de violencia, la masacre de 8 jovenes (1 mujer y 7 hombres) en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego, la masacre de 3 comuneros indígenas (todos hombres) en el resguardo Pialapi del municipio de Ricaurte y la masacre de 6 personas (todos hombres) en el corregimiento de La Guayacana, municipio de Tumaco. Hechos sucedidos todos en el presente mes de agosto.

La re-emergencia de las masacres en el país, y particularmente las ocurridas en esta última región, suceden en términos generales, en sectores rurales o periurbanos, de alta incidencia de economías ilegales, con una presencia estatal históricamente débil, lugares que han sufrido fuertemente las consecuencias del conflicto armado y cuyas víctimas principales han resultando ser hombres jóvenes, incluyendo afrocolombianos e indígenas. De esta manera podría asegurarse que las actuales masacres en Colombia se desarrollan generalmente en geografías que cumplen con determinados patrones históricos de marginación social, económica y estatal. Son masacres que connotan una dinámica de género determinada e incluyen asimismo un factor etnico-racial en su morfología.

¿Por qué suceden estos hechos de violencia? Es muy poco lo que puede responderse al respecto. Posterior al Acuerdo Final para la la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en 2016, prevalecieron diferentes grupos de ex–combatientes que no se acogieron a lo acordado y continuaron actividades delictivas en sus zonas de presencia e influencia, estos grupos se conocen como disidencias de las FARC-EP o Grupos Armados Organizados Residuales.

Ahora, dentro del mapa de actores armados ilegales no solo se encuentran las disidencias de las FARC-EP, sino también la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y también grupos neoparamilitares, particularmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, “Clan del Golfo” o “Clán Úsuga”; quienes a su vez han mantenido relación con determinadas disidencias de las FARC-EP, e incluso relaciones con carteles mexicanos presentes en el territorio[2]. Por otra parte pero en paralelo a estos grupos, se encuentran las fuerzas militares colombianas, las cuales han contribuido de diferentes maneras al desarrollo del conflicto armado. Queda claro que con este panorama crítico de actores armados en el territorio ya no resulta muy extraña la idea de masacrar personas.

Actores armados -legales e ilegales- que se encuentran liderados e integrados en su mayoría por sujetos hombres, permite argüir hasta aquí de manera provisional y sin ánimos de desconocer o aminorar las graves afectaciones e impactos que ha tenido el conflicto armado colombiano en las mujeres, que los hombres, los socialmente hombres, se hallan en esta renovada y fortalecida expresión de guerra del tipo masacres de agosto de 2020. Estos se encuentran especialmente asociados a la ejecución y recepción de violencia, y son hasta el momento, quienes más asesinan y a quienes más asesinan.  

Mateo Gómez, director de la oficina de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, asegura que casarse con una hipótesis explicativa de las recientes masacres “es equivocado, es muy apresurado”. Lo sucedido responde preferentemente –como el mismo argumenta– a factores multicausales[3]. Entre estos últimos factores podriamos ubicar uno por demás fundamental: el afán de los diferentes actores armados ilegales de controlar, entre otras cosas, la economía criminal del narcotráfico. Esta economía se encuentra muy presente, por ejemplo, en los municipios nariñenses de Samaniego, Tumaco y Ricaurte que son algunos de los contextos colombianos  donde se han sucedido las más recientes masacres. Es decir, hasta este momento también resulta previsible una muy probable relación entre grupos armados ilegales, control del narcotráfico y masacres.

Hárold Montufar, coordinador del Pacto Local de Paz de Samaniego aseguró que “si hay estas masacres es porque el territorio está en disputa”[4], ello nos puede llevar a decir que: los grupos armados ilegales en su pretensión de definir quién controla a quién y particularmente quién controla la economía de las drogas, estarían desencadenando la configuración de lo que yo llamaría un patrón de poder-terror. Una suerte de necropoder criminal masculino que halla en la masacre su más clara expresión de comunicación. Siendo –seguramente– unas de sus más importantes aspiraciones, el amedrentamiento social general, la sumisión de las poblaciones rurales o periurbanas en donde se gestan estos crímenes, y especialmete la intimidación y doblegación de aquellas otras organizaciones criminales con las cuales se encuentran en disputa territorial-económica.   

En ese orden de ideas, las lamentables masacres sucedidas en Colombia podrían situarse entonces como expresiones de violencia concretas que hacen parte de un (re)emergente modelo o patrón criminal de poder. El cual ha encontrado en la hegemonía territorial y de economías ilícitas, una de sus principales fuentes de energía y cuyas más cruciales aspiraciones redundan en el terror-dominación. Patrón criminal de poder que aunque reciente, constituye un capítulo más, una expresión más, de la estructural e histórica violencia asociada al conflicto armado interno colombiano.

Finalmente permitame decir que este recrudecimiento de la violencia, antes de justificar a la guerra como medio hacia la paz, como lo han venido haciendo algunos mandatarios de turno. Esto debería convencernos del fracaso histórico de esta “solución”,  y de la necesidad preminente de fortalecer y fomentar  acciones, estrategias e instituciones locales y nacionales que continuen trabajando por una salida pacífica y social del conflicto armado colombiano.

Referencias

[1] https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/volvio-el-horror-43-masacres-en-colombia-en-lo-que-va-de-2020/?fbclid=IwAR3ZFBCcv4_MovYNwXkWu-kijeGN6KDLRczfUKl2k30xoH1aroszcBrigQc

[2] https://www.semana.com/nacion/articulo/la-macabra-alianza-de-los-carteles-de-colombia-mexico/456871-3

[3] https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/samaniego-estaba-en-alerta/695021?fbclid=iwar17gfcuhcejhgypalzlvam7sid6oqjoxnbxsla9o-1_hotbyvbs0uxemrg

[4] https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/masacre-en-samaniego-hipotesis-de-asesinato-de-ocho-jovenes-en-narino-530188