De la explotación minera a la explotación de derechos
El concepto “zona de sacrificio ambiental” fue usado por primera vez en contextos de minería de carbón en Estados Unidos en la década de los 70s para describir áreas del territorio estatal que fueron sometidas de manera perpetua a los impactos ambientales a largo plazo que generaba esta actividad, ocasionando afectaciones y alteraciones irremediables tanto en los ecosistemas como en las poblaciones. Es así como se empezó a usar esta categoría para describir a espacios geográficos prescindibles para el gobierno en donde poder mantener actividades, generalmente, de carácter industrial y/o extractivo.
En Latinoamérica, uno de los casos más significativos es Chile, altamente reconocido por su sector productivo minero, en el que han llegado a determinar por lo menos 6 de estas zonas a lo largo del país. Casos como el de Mejillones, en la región norte de Antofagasta, son preocupantes porque los impactos que recibe la zona vienen no solo de la actividad minera, sino de las actividades complementarias a esta, como la industrial, portuaria y servicios energéticos. Así, existen cinco zonas más en este país.
Por supuesto, esa es la lógica que buscan aplicar en Ecuador. En el año 2016, las alertas fueron dadas por las organizaciones ecologistas y comunidades, pues con la reactivación del Catastro Minero, se planificó la concesión del 11% del territorio estatal para minería; sumado a lo ya existente, alcanzábamos un total aproximado al 15%; hasta febrero de 2018, momento en el que el catastro entró a revisión, sin embargo, la cantidad de concesiones inscritas alcanzaba el 7,3% del territorio continental, es decir, 1´867.515 hectáreas (ARCOM, 2018).
A pesar de que las concesiones se encuentran regadas por todo el país con la existencia de grandes proyectos como “Cascabel” o “Llurimagua”, el gran invadido, sin duda alguna, fue el austro ecuatoriano, en especial las provincias de Zamora Chinchipe, Azuay y Morona Santiago. Prueba de esto es el haber establecido a los cinco proyectos de carácter estratégico en estas provincias. Dos en Azuay: Río Blanco y Loma larga; dos en Zamora Chinchipe: Mirador y Fruta del Norte; y el quinto en Morona Santiago: el proyecto San Carlos-Panantza. Alrededor de estos se expande una gran hemorragia de concesiones de manera indiscriminada. Basta dar una mirada al geoportal minero del Ecuador en internet para evidenciarlo.
La preocupación que empieza por la cantidad de concesiones se incrementa exponencialmente al saber la ubicación de estas. Los proyectos estratégicos en Azuay se encuentran en zonas de páramos, ecosistemas cuya característica es la regulación hídrica, ahí “nace” el agua que luego se distribuye por las distintas cuencas hidrográficas. A pesar de lo anterior, se ha formado un cordón de concesiones mineras, que parte desde el proyecto Lomalarga, pasando por proyectos como Peñas Coloradas, Ruta del Cobre, Río Blanco hasta llegar a la provincia de Cañar; esta rodea la parte occidental del Parque Nacional El Cajas, zona núcleo de la Reserva Mundial de la Biósfera del Macizo de El Cajas, declarada por la UNESCO, y humedal RAMSAR, dos categorías internacionales otorgadas debido a su trascendencia ecológica y sus funciones ecosistémicas.
Por otro lado, los proyectos estratégicos ubicados en las provincias amazónicas se asientan en zonas con un índice muy alto de biodiversidad, una característica propia de la Cordillera del Condor, incluyendo zonas de conservación como el Bosque Protector “Cordillera del Condor” o el Refugio de Vida Silvestre “El Zarza”, y en territorios de los pueblos ancestrales, entre ellos, el del Pueblo Shuar Arutam.
El ingreso efectivo de los proyectos en estos territorios indígenas y campesinos no es casual y responde a condiciones, algunas históricas, de empobrecimiento y vulneraciones que se manifiestan de manera general en cada uno de ellos.
Entre algunas de estas condiciones podemos resaltar la poca o nula presencia del Estado para garantizar servicios básicos y derechos fundamentales como agua o electricidad, incluso salud, por lo que las empresas pueden jugar un rol suplente y condicionar su estadía en el territorio a cambio de brindar o gestionar temporalmente estos servicios. De igual manera, la situación de empobrecimiento de las poblaciones ha permitido un ejercicio de poder desde la empresa hacia las comunidades usando de manera estratégica las plazas de trabajo para lograr aceptación, sin la mínima intención de resolver el problema de fondo, de tal forma que, por poner un ejemplo, las parroquias en las que están ubicados los proyectos Río Blanco y Lomalarga en Azuay son las 3 más empobrecidas de todo el cantón, incluso con 20 años de desarrollo de estos proyectos (PDOT cantón Cuenca, 2017). El empobrecimiento siempre será una condición necesaria para el extractivismo.
Alrededor de todos estos proyectos existen fuertes procesos de resistencia, algunos con más logros que otros hasta el momento, como es el caso del proyecto Río Blanco en Azuay, el cual se encuentra suspendido de manera indefinida por una sentencia que favorece a las comunidades aceptando la existencia de la vulneración de un derecho fundamental de los pueblos indígenas: la consulta previa, libre e informada; otro derecho que necesariamente tuvo que vulnerarse para permitir tal arremetida minera.
Las poblaciones humanas, la biodiversidad y, en general, los ecosistemas del austro son “sacrificables” en función de un beneficiario mayor, que por más que los discursos de este y el anterior gobierno apunten al pueblo, no es difícil entrever que a la final resultan ser las transnacionales y las necesidades del mercado global.
El concepto “zona de sacrificio ambiental” fue usado por primera vez en contextos de minería de carbón en Estados Unidos en la década de los 70s para describir áreas del territorio estatal que fueron sometidas de manera perpetua a los impactos ambientales a largo plazo que generaba esta actividad, ocasionando afectaciones y alteraciones irremediables tanto en los ecosistemas como en las poblaciones. Es así como se empezó a usar esta categoría para describir a espacios geográficos prescindibles para el gobierno en donde poder mantener actividades, generalmente, de carácter industrial y/o extractivo.
En Latinoamérica, uno de los casos más significativos es Chile, altamente reconocido por su sector productivo minero, en el que han llegado a determinar por lo menos 6 de estas zonas a lo largo del país. Casos como el de Mejillones, en la región norte de Antofagasta, son preocupantes porque los impactos que recibe la zona vienen no solo de la actividad minera, sino de las actividades complementarias a esta, como la industrial, portuaria y servicios energéticos. Así, existen cinco zonas más en este país.
Por supuesto, esa es la lógica que buscan aplicar en Ecuador. En el año 2016, las alertas fueron dadas por las organizaciones ecologistas y comunidades, pues con la reactivación del Catastro Minero, se planificó la concesión del 11% del territorio estatal para minería; sumado a lo ya existente, alcanzábamos un total aproximado al 15%; hasta febrero de 2018, momento en el que el catastro entró a revisión, sin embargo, la cantidad de concesiones inscritas alcanzaba el 7,3% del territorio continental, es decir, 1´867.515 hectáreas (ARCOM, 2018).
A pesar de que las concesiones se encuentran regadas por todo el país con la existencia de grandes proyectos como “Cascabel” o “Llurimagua”, el gran invadido, sin duda alguna, fue el austro ecuatoriano, en especial las provincias de Zamora Chinchipe, Azuay y Morona Santiago. Prueba de esto es el haber establecido a los cinco proyectos de carácter estratégico en estas provincias. Dos en Azuay: Río Blanco y Loma larga; dos en Zamora Chinchipe: Mirador y Fruta del Norte; y el quinto en Morona Santiago: el proyecto San Carlos-Panantza. Alrededor de estos se expande una gran hemorragia de concesiones de manera indiscriminada. Basta dar una mirada al geoportal minero del Ecuador en internet para evidenciarlo.
La preocupación que empieza por la cantidad de concesiones se incrementa exponencialmente al saber la ubicación de estas. Los proyectos estratégicos en Azuay se encuentran en zonas de páramos, ecosistemas cuya característica es la regulación hídrica, ahí “nace” el agua que luego se distribuye por las distintas cuencas hidrográficas. A pesar de lo anterior, se ha formado un cordón de concesiones mineras, que parte desde el proyecto Lomalarga, pasando por proyectos como Peñas Coloradas, Ruta del Cobre, Río Blanco hasta llegar a la provincia de Cañar; esta rodea la parte occidental del Parque Nacional El Cajas, zona núcleo de la Reserva Mundial de la Biósfera del Macizo de El Cajas, declarada por la UNESCO, y humedal RAMSAR, dos categorías internacionales otorgadas debido a su trascendencia ecológica y sus funciones ecosistémicas.
Por otro lado, los proyectos estratégicos ubicados en las provincias amazónicas se asientan en zonas con un índice muy alto de biodiversidad, una característica propia de la Cordillera del Condor, incluyendo zonas de conservación como el Bosque Protector “Cordillera del Condor” o el Refugio de Vida Silvestre “El Zarza”, y en territorios de los pueblos ancestrales, entre ellos, el del Pueblo Shuar Arutam.
El ingreso efectivo de los proyectos en estos territorios indígenas y campesinos no es casual y responde a condiciones, algunas históricas, de empobrecimiento y vulneraciones que se manifiestan de manera general en cada uno de ellos.
Entre algunas de estas condiciones podemos resaltar la poca o nula presencia del Estado para garantizar servicios básicos y derechos fundamentales como agua o electricidad, incluso salud, por lo que las empresas pueden jugar un rol suplente y condicionar su estadía en el territorio a cambio de brindar o gestionar temporalmente estos servicios. De igual manera, la situación de empobrecimiento de las poblaciones ha permitido un ejercicio de poder desde la empresa hacia las comunidades usando de manera estratégica las plazas de trabajo para lograr aceptación, sin la mínima intención de resolver el problema de fondo, de tal forma que, por poner un ejemplo, las parroquias en las que están ubicados los proyectos Río Blanco y Lomalarga en Azuay son las 3 más empobrecidas de todo el cantón, incluso con 20 años de desarrollo de estos proyectos (PDOT cantón Cuenca, 2017). El empobrecimiento siempre será una condición necesaria para el extractivismo.
Alrededor de todos estos proyectos existen fuertes procesos de resistencia, algunos con más logros que otros hasta el momento, como es el caso del proyecto Río Blanco en Azuay, el cual se encuentra suspendido de manera indefinida por una sentencia que favorece a las comunidades aceptando la existencia de la vulneración de un derecho fundamental de los pueblos indígenas: la consulta previa, libre e informada; otro derecho que necesariamente tuvo que vulnerarse para permitir tal arremetida minera.
Las poblaciones humanas, la biodiversidad y, en general, los ecosistemas del austro son “sacrificables” en función de un beneficiario mayor, que por más que los discursos de este y el anterior gobierno apunten al pueblo, no es difícil entrever que a la final resultan ser las transnacionales y las necesidades del mercado global.
