Las cifras de las privatizaciones: Un balance de las cuentas del Estado
Desde el punto de vista económico, una privatización o ahora llamada por el gobierno “concesión” de una empresa pública, es hacer que una industria o actividad deje de formar parte del ámbito público siendo transferida su administración a una empresa u organización privada.
Desde la teoría económica neoclásica, se plantea que el Estado es un mal administrador, debido a la burocracia, a fallos de mercado, a la provisión de bienes públicos necesarios y a la falta de incentivo de competitividad de sus empleados, hace que los costos de administración sean más altos en comparación a una administración privada. Sin embargo en Ecuador tenemos algunas empresas estatales que rompen con esa lógica.
Ya en enero de este año se dio a conocer el listado de las empresas estatales que el estado piensa concesionar, entre las cuales están la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), las hidroeléctricas Sopladora y Coca Codo Sinclair, el Banco del Pacífico, la Refinería de Esmeraldas, y 20 empresas distribuidoras eléctricas, las cuales entrarán en un proceso de fusión antes de ser concesionadas como una sola empresa. Las empresas que mayor avance tienen en el proceso de concesión son CNT, la empresa de producción energética CELEC y la de distribución CNEL, con las que el fisco espera generar una liquidez de 24 mil millones obtenidos a la firma de los contratos de concesión.
Lo curioso es que estas privatizaciones en el gobierno de Lenin Moreno no responden a una lógica económica, ya que sería absurdo el siquiera considerar privatizar una empresa pública que sí genera ganancias al Estado y hacer que estas en lugar de formar parte de los ingresos fiscales se conviertan en ingresos privados.
En el caso de CNT, es una empresa que anual mente tiene ingresos de 200 millones de dólares para el Estado. Con la concesión, se espera obtener 1000 millones en 20 años es decir 50 millones anualmente. Esto se traduce en que el Estado dejará de recibir 150 millones anuales, es decir 3000 millones en 20 años, los cuales pasarán a ser ganancias de los privados. Cabe recalcar que CNT es una empresa bastante competitiva en sus servicios, como son la telefonía fija en la que tiene el 84% de participación en el mercado y es la número uno, con el 51% de participación en el servicio de internet fijo, así como la tercera en cuanto telefonía móvil.
En el caso de la empresa de distribución de energía CNEL, aun no se conoce las cifras de la concesión pero cabe mencionar que a 2018 generó utilidades cercanas a los 600 millones de dólares, así que ya nos imaginaremos las inmensas pérdidas que tendrá el Estado en sus cuentas si concesiona la mayor parte de estos ingresos.
La principal escusa de concesión de CNT dada por el gobierno, es que existe demasiados empleados: 7114 empleados al 2018. Lo cual es alarmante, ya que Santiago Cuesta, ex consejero del presidente Moreno declaró que el administrador privado que se haga cargo de CNT podrá bajar gastos innecesarios con el fin de recuperar su inversión lo cual se traduce en que podrán despedir todos los trabajadores que crea conveniente con el fin de reducir sus costos. Claramente podemos avistar que estas escusas son solo un apresurado intento del Estado en cumplir con la agenda de privatizaciones del Fondo Monetario Internacional, seguir beneficiando al sector privado y la oportunidad de convertir en líquidos (dinero físico) los activos de Estado. Si realmente a CNT le está siendo muy costoso mantener a todos sus empleados, desde el Estado mismo se podría realizar una homologación de salarios y reducir la nómina. Existen alternativas menos castigadoras al empleo y a los ingresos del Estado.
Entonces ¿Qué lógica económica tienen estas concesiones? La respuesta es que ninguna. Para que el Estado considere privatizar una de sus empresas, debe ser por razones económicamente justificadas, por ejemplo si la empresa es deficitaria por lo que el Estado tiene que intervenir con subsidios para cubrir su déficit. Otra razón es si existiera un rezago tecnológico que el Estado no puede solucionar, la falta de inversión. Pero la razón que salta a la vista es política y de interés privado, ya que el Estado está urgido por obtener dinero inmediato a toda costa para usarlos al servicio de la deuda con el FMI y hacer que las ganancias públicas pasen a cuentas privadas. Esto corroboran que si no existe una lógica económica que justifique este la privatización, pues la lógica del interés individual es la que sobresale. Pensemos en que si el estado no beneficia con esta medida a sus ingresos. Entonces ¿a quién están beneficiando los políticos de turno con estas medidas económicas atroces? La respuesta debe ser clara y contundente: A SUS BOLSILLOS y a los intereses privados, porque no hay otra explicación razonable a esto. Están hipotecando los ingreso del país a precio de gallina robada por 20 años.
Además, lo que están haciendo es una jugada peligrosa para la liquidez del país, ya que si bien es cierto mediante las concesiones vendrán nuevas empresas a invertir y traerán nueva tecnología, hay que tomar en cuenta que las ganancias que estas generen no se quedan en el país, ya que los inversionistas extranjeros trasfieren sus ganancias a los bancos internacionales o a las casas matriz de sus empresas. Estamos haciéndonos autogol, en nuestra economía dolarizada, cada dólar que sale del país, pone en riesgo la liquidez y mucho más si son grandes capitales en fuga.
