6.402 Falsos Positivos de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez
El acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC- EP, crea la Justicia Especial para la PAZ (JEP), como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Este tribunal transicional se encarga de investigar -en macro casos- las violaciones de derechos humanos cometidas con ocasión del conflicto armado. El caso 03 corresponde al de “los falsos positivos”, y ha sido quizás uno de los mas controvertidos, por tocar directamente la responsabilidad del Estado Colombiano en la comisión de crímenes graves que involucran a las Fuerzas Armadas.
La semana pasada, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de hechos y conductas de la JEP, presentó un informe afirmando que entre 2002 y 2008 hubo 6.402 civiles a los que las fuerzas militares mataron y presentaron como bajas en combate a cambio de bonificaciones monetarias, permisos, vacaciones, ascensos o cualquier otro incentivo. Esta cifra es tres veces mayor a la presentada por la fiscalía, quienes reportaron ante el tribunal que había 2.248 víctimas de falsos positivos ocurridos entre 1988 y 2014.
En el informe se lee que el departamento de Antioquia, donde opera la IV Brigada del ejército, fue donde más casos se identificaron (1.603), seguido del Meta (394), Caquetá (344), Cesar (323), Norte de Santander (298), Tolima (284), Huila (274), Casanare (246), La Guajira (218) y Cauca (206). Lo abrumador es que la cifra supera las 3.200 victimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares durante la dictadura de Pinochet, pero en un periodo de tiempo mas corto, y durante una “democracia”. Esta es la consecuencia de la política de guerra y terror de Seguridad Democrática, que prometía acabar por medio de las armas con las guerrillas, desconociendo las causas históricas que dan origen a la confrontación, y con esto agudizando las contradicciones sociales que perpetúan su continuidad.
La organización de las Madres de los falsos positivos, sostiene que son más los casos ocurridos, y señala que los crímenes fueron motivados por el gobierno de Albaro Uribe Vélez -durante el cual se registró el 78% del total de la victimización histórica-. Por ello piden como medida de reparación, que Uribe acuda a la JEP junto a sus entonces Ministros de Defensa, Juan Manuel Santos y Camilo Alfonso de Jesús Ospina Bernal. La responsabilidad del Estado en estos crímenes se evidencia en la directiva secreta 29 de 2005: “política ministerial que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combale de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”. En esta se establecen pagos ilimitados de hasta 3,8 millones de pesos por cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o rasos, que serian cubiertos del presupuesto nacional y de cooperación económica nacional e internacional.
La labor emprendida por la JEP es histórica, pues permitirá debelar si estas ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por militares que se desviaron de su deber, como lo ha sostenido el gobierno, o si, por el contrario hubo políticas que incentivaron estos crímenes. En última instancia, determinar: ¿quién dio la orden? y ¿cómo se ejecutó? Por esto las descalificaciones del uribismo sobre el tribunal son recurrentes. El expresidente Uribe no tardó en calificar de sesgado el comunicado presentado por la JEP. Su cinismo trata de contradecir la evidente sistematicidad de los hechos y la plausible impunidad sobre los mismos.
Según la JEP, cerca de 1.500 militares podrían tener responsabilidad frente a los falsos positivos, sin embargo, muy pocos de ellos han sido juzgados o investigados. La justicia penal militar les ha encubierto, y la fiscalía no ha sido diligente frente a las investigaciones, superando los plazos razonables para adelantar estos procesos. Solamente iniciada la labor de la JEP algunos militares, amparados en el compromiso de aportar verdad sobre lo ocurrido en el conflicto, han hecho masivas e importantes declaraciones al respecto. El nivel de masividad de este crimen no tiene antecedentes en el mundo, y las investigaciones podrían arrojar otras atrocidades inimaginadas.
La discusión sobre un número mayor o menor de casos no es una frivolidad, se trata de dimensionar que al menos 6.402 familias vieron arrebatada la vida de sus hijos, para acrecentar el orgullo de una institución corrupta, y validar una política de muerte. Política de muerte que perpetua, aun en la actualidad, el conflicto social, político y armado que vive el país.
Imagen: Insurgente Gráfico - Enfoncando
