Disolver (Constitucionalmente)
El 30s será recordado en el Perú como un momento histórico en el que un presidente pronunció por segunda vez la palabra disolver. Mientras los rancios constitucionalistas siguen debatiendo la constitucionalidad de la disolución, lo que tenemos de facto es la inversión de un largo proceso de crisis en el Perú. Todo lo que hizo el Congreso ya disuelto fue intentar vacar, luego suspender a Martín Vizcarra, y, finalmente, ungir como presidenta a Mercedes Araoz por algunas horas (para que luego renuncie al cargo). Esto quedará como ilegítimo y como una broma que los profesores de historia usarán en el futuro.
Para quienes vemos la política como una dialéctica conflictiva de lucha de intereses, el cierre del Congreso no es una tragedia; pero, tampoco es una solución a la crisis social. La falta de trabajo, la inestabilidad y la precarización, la sistemática destrucción de los sindicatos y el crecimiento significativo de la pobreza de los dos últimos años, etc., no se solucionarán porque se haya cerrado el Congreso. Sin ser la solución, este colofón de un conflicto entre los poderes del Estado, en el que uno termina aplastando al otro, es el revés de un grupo económico y social que se impuso en los noventa y que, con el tiempo, se ha convertido en una joroba para los intereses económicos de una burguesía que apuesta por un Estado más moderno y menos burocrático. ¿Tendrá patria esta burguesía que hoy se hace con el poder político?
A diferencia de 1992, donde Fujimori da un autogolpe para acabar con la izquierda y con el orden constitucional, esta vez el cierre del Congreso se ha hecho siguiendo estrictamente lo dictado por la Constitución impuesta en el 93, además con el respaldo de la izquierda reformista encabezada por el Frente Amplio y el Nuevo Perú. Usar un recurso creado por el fujimorismo para luchar contra el fujimorismo demuestra cuánto ha cambiado el equilibro de poder en las últimas dos décadas y cómo, en el devenir de la historia, el fujimorismo ha envejecido como un dinosaurio que, a estas alturas, avizora su extinción.
El fujimorismo jamás aceptó su derrota en las urnas en el 2016. En vez de ello, se propuso gobernar desde el Congreso, con los 73 miembros de su partido (Fuerza Popular) y sus aliados. El camino que eligieron fue la guerra. Petardearon todo lo que propuso el Ejecutivo, incluso el proyecto de adelanto de elecciones, ya que lo archivaron sin discutirlo en el pleno. Sin embargo, sus conexiones con el lavado de activos, el narcotráfico y la corrupción los puso en vitrina. Sus torpes maniobras por llevar la guerra hasta el final devino en una abierta defensa de las mafias enquistada en el Poder Judicial y en una lucha contra el tiempo para copar espacios como el Tribunal Constitucional (TC), después de que los principales representantes de Fuerza Popular terminaran presos, acusados de ser una banda criminal al frente de un partido.
Copar el TC no solo era fundamental para liberar a Keiko Fujimori, sino para deshacerse de Vizcarra y evitar la disolución del Congreso. Pero también para dirimir sobre casos relacionados con la violación de derechos humanos cómo la esterilización forzosa de mujeres, juicios contra mineras, deudas tributarias y financieras, que suman más de mil millones de dólares, etc. Por ello, en vez de aceptar la cuestión de confianza, precisamente para cambiar las reglas de juego para el nombramiento de los nuevos miembros del TC, el Congreso procedió a elegir. Esa negativa ha sido aprovechada por Vizcarra como una causal fáctica para disolver el Congreso y un recurso para aplastar a sus enemigos políticos, con un TC favorable al Ejecutivo, el mismo Vizcarra se verá favorecido en el futuro en los juicios que hoy pesan en su contra y los que vendrán.
Perú no llegará al bicentenario de su independencia con un Fujimori sentado en la silla presidencial. Eso es un gran paso como nación. ¿Si es que me alegra? Por su puesto. Más de lo que imaginé. Tal vez porque estuve en medio de ese mar de gente que, en la avenida Abancay, rompió el cerco policial para llegar al Congreso de la República y gritar que desalojen de una buena vez a quienes se resistían a irse. O tal vez porque formé mi convicción política en abierta oposición a mi padre, quien transitaba entre el fujimorismo y el aprismo. Nuestras discusiones sobre política siempre terminaban en peleas que se profundizaron con el tiempo. No podría ser de otra manera. El fujiaprismo es la perversión de todo lo que podemos imaginar como política.
Pero aquí vale la aclaración: no solo el fujiaprismo. La clase dominante peruana, y sus representantes políticos, se han pervertido por completo. Nunca antes hemos tenido en la historia del Perú un Congreso tan nefasto. Un grupo decadente de personas. Partidos sin ideología ni militantes. Su única ambición fue usar los poderes del Estado para beneficios personales y empresariales. No tenían ningún horizonte trazado para la nación. Por eso, el cierre del Congreso ayuda a dinamizar la vida política del país. Sin embargo, no es un avance en términos sociales.
Si el pueblo peruano quiere un bienestar real, debe ir más allá de saludar el cierre del Congreso. Debe impulsar la lucha por un cambio de la Constitución, esa que ha quitado tantos derechos y ha impuesto la dictadura de las empresas sobre sus hombros. La Constitución actual le brinda ese marco normativo. Mientras el pueblo peruano no luche contra ella, seguirá viviendo bajo su dictadura.
