Proyecto Río Blanco: complicidad y metida de mano a la justicia
El pasado mes de junio, los movimientos sociales anti-mineros del Azuay, consiguieron una victoria judicial en la larga lucha por la defensa de las fuentes de agua y los páramos de la provincia. Cuando el juez Paúl Serrano ordenó la suspensión del proyecto minero denominado “Río Blanco” – en las parroquias de Molleturo y Chaucha – a cargo de la compañía china Junefield Ecuagoldmining South America S.A. La sentencia, ratificada en agosto por un Tribunal de la Corte Provincial, se motivó en la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas tal como establece la Constitución e instrumentos internacionales.
La historia de dicha sentencia se ha convertido en un periplo judicial y social; desde su dictamen en primera instancia, fue apelada ni más ni menos que por el Ministerio del Ambiente, posteriormente, nunca se cumplió por parte del Ministerio del Interior y la Gobernación, el retiro de policías que ocupaban la zona del proyecto, quienes en lugar de vigilar la suspensión de las actividades mineras se enfrentaron constantemente a las comunidades y sus dirigencias, como es el caso de Yumate, una pequeña comuna continuamente asediada por pro-mineros y elementos policiales.
La sentencia ha sido tan vulnerada e ignorada por parte del Estado y las autoridades competentes, que el campamento minero de la compañía china no ha sido todavía levantado y existen serias sospechas de que han continuado con las actividades en una zona de alta incidencia e influencia en el parque nacional “El Cajas” y sus fuentes de agua.
Además, el gobierno ha sido y es cómplice de Ecuagoldmining, ya que ambos desde un inicio, apelaron la sentencia argumentando una interpretación errónea del juez de la Constitución y la consulta previa, una tesis totalmente falaz y contraria al espíritu del texto constitucional que prima la defensa de los derechos colectivos antes que de las compañías. Otra prueba de esta perversa complicidad se evidencia en las últimas semanas con los intentos de dejar sin validez a la sentencia, ya que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales ha presionado al Consejo de la Judicatura para revertir la decisión del Juez de primera instancia, Paúl Serrano, a través del seguimiento de un proceso disciplinario en su contra, situación que increíblemente tuvo ecos en la Judicatura provincial.
Este evidente irrespeto a las instancias y decisiones judiciales configura una clara “metida de mano” a la justicia, una práctica que supuestamente se criticaba del anterior gobierno, y que el actual no duda en utilizar para defender los intereses de las grandes transnacionales. Basta revisar el accionar gubernamental en el caso Chevron donde las comunidades indígenas afectadas han quedado en total indefensión.
La descarada actuación en temas relacionados a la minería por parte del gobierno es tal, que no le ha pesado en lo más mínimo irrespetar la voluntad del pueblo azuayo que votó mayoritariamente en la Consulta de febrero 2018 en contra de la minería metálica en zonas protegidas y fuentes de agua, más aún si vemos como sin ningún empacho el Ministerio de Energía publicitó hace pocos días (29 de noviembre) el supuesto estudio de factibilidad del proyecto mega-minero ubicado en Quimsacocha – llamado Loma Larga por la oficialidad – con una proyección extractiva de 2,6 millones de onzas de oro por 12 años con una inversión de 310 millones.
En este caso se trata de la minera canadiense INV Metals Inc, que ha apresurado los estudios y las actividades pre-extracción a consecuencia de la aprobación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de una consulta popular sobre dicho proyecto minero en el cantón Girón, iniciativa que ahora aguarda al dictamen de la Corte Constitucional (instancia que se encuentra en vacancia). Por ello, tanto el gobierno como la minera han prendido luces rojas para acelerar el inicio de la explotación que podría ser en 2021 mientras se espera que la consulta pueda realizarse en las elecciones secciones de 2019, para frenar otro megaproyecto en Azuay.
La consigna de varias organizaciones y colectivos en la provincia es no dar el brazo a torcer frente a la metida de mano a la justicia y la complicidad minera del gobierno a cambio de unos pocos millones y la masiva afectación de fuentes de agua y páramos. La lucha anti-minera en el Azuay es un ejemplo para el país sobre la organización para defender los derechos de las comunidades y de las ciudadanas y ciudadanos, quienes en muchas ocasiones hemos “hecho oídos sordos” ante esta problemática; es así que vale la oportunidad para llamar la atención de la ciudad y manifestar nuestro apoyo a las comunidades, organizaciones y al Juez Serrano en la defensa del agua.
