Proyecto hidroeléctrico San Jacinto: impacto ambiental y social en el Río Saloya
El Proyecto Hidroeléctrico San Jacinto, con una capacidad planificada de 49 MW, se encuentra actualmente concesionado por el gobierno ecuatoriano a la empresa COVALVO CIA. LTDA. El 21 de noviembre de 2023, el gobierno firmó contratos para ocho nuevos proyectos eléctricos, entre los cuales se incluye este proyecto, que busca extraer 10.010,00 litros de agua por segundo del río Saloya. Esta extracción masiva de agua durante 10 años, con posibilidad de renovación, podría alterar gravemente el ecosistema del río, especialmente durante el verano, cuando el caudal del Saloya disminuye hasta los 8 m³ por segundo, dado que el proyecto exige 10 m³ por segundo. Bajo estas condiciones impuestas más que propuestas, el río podría secarse completamente.
El extractivismo imperialista, proyecto estrella de la República Bananera, plantea imponerse por todos los medios, incluyendo incluso el establecimiento de bases militares extranjeras -proyecto de ley introducido en la Asamblea Nacional por Noboa la semana pasada, con el visto bueno de la Corte Constitucional-.
El Estado burgués, responsable de haber aprobado la licencia ambiental para la explotación del Saloya, al igual que en otros casos, se ha encargado solo de allanar el camino para las empresas extractivistas, sin cumplir rigurosamente con los procesos de socialización. Los intereses económicos del Narcoestado y las empresas extractivas ignoran que el Saloya es uno de los ríos más importantes del Chocó Andino. Este río juega un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y en el sustento de las comunidades locales, sobre todo de la comunidad de Saloya. Sin embargo, las parroquias de Mindo y San Miguel de los Bancos, directamente dependientes de este río, no fueron incluidas en el área de influencia del proyecto.
El proyecto consiste en desviar el caudal del Saloya a través de un túnel para alimentar la central hidroeléctrica, lo que afectaría 20 km del curso natural del río. Expertos señalan que las afectaciones podrían extenderse más allá de esa distancia, comprometiendo el equilibrio ecológico y las actividades agrícolas y ganaderas de las comunidades.
La falta de socialización adecuada del proyecto y la omisión de estas posibles consecuencias dejan en claro el lado que toma el Estado ecuatoriano, y este se encuentra del lado de los intereses de los grupos económicos de poder correspondientes al capitalismo extractivista. Un informe gubernamental de 2023 afirmó que la zona afectada carece de elementos socio-culturales singulares, minimizando el impacto sobre las comunidades locales. Sin embargo, aproximadamente 40 familias que viven en la cuenca del Saloya, dependen de la agricultura y ganadería para su sustento, y la alteración del río podría provocar su desplazamiento.
Los planes extractivistas del Estado ecuatoriano avanzan de forma agresiva, extremando la lógica de exterminio inherente al sistema capitalista. Como regla absoluta en el capitalismo periférico y dependiente, se prioriza la renta extractiva por sobre la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.
Este proyecto hidroeléctrico representa un ejemplo más de la política de sacrificio de territorios en beneficio de intereses económicos, generando una necesidad urgente de fortalecer la organización y resistencia comunitaria para proteger los recursos naturales del país.
¡Vivan los pueblos que luchan y defienden los territorios en contra de las lógicas del capital!
