España y el régimen del 78: del consenso a la deslegitimación
El Régimen del 78, nombre con el que se conoce el escenario político del Estado Español , es el resultado de la llamada “transición” del año 1978, un proceso de reforma que llevó desde el franquismo a una democracia fuertemente bipartidista, limitada en términos de derechos civiles y sociales y constituida sobre las ideas del “consenso” (es decir, sobre la ausencia en el espacio público de discursos que pretendieran la ruptura con el ordenamiento jurídico implementado por la dictadura) y de la “reconciliación nacional” (es decir, de olvido y marginación de la legitimidad republicana, así como de los efectos de la brutal represión franquista).
De 1978 a 2008, este régimen político, sustentado por la entrada del país en la Unión Europea y en el euro, y por una economía basada en la generación de burbujas inmobiliarias y el cuasi-monocultivo del turismo (agravado por los procesos de reconversión industrial realizados como condicionalidad para la entrada en el mercado europeo, que significaron la destrucción de todo tejido productivo propio), funcionó de manera extremadamente virtuosa para las élites, produciendo una progresiva flexibilización del mercado de trabajo y, al tiempo, y gracias a la entrada de enormes montos de financiación europea, un aumento de los niveles de vida populares, así como la conformación de un Estado del Bienestar, limitado en términos europeos, pero efectivo en ámbitos como la salud, la enseñanza o las pensiones.
La estabilidad política del régimen estaba garantizada por una ley electoral que construía un fuerte bipartidismo sobre la base de la aplicación de la llamada Ley D´Hondt y la preeminencia de los territorios rurales, más conservadores y menos poblados. Así, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), socialdemócrata en sus inicios y social-liberal después, y Partido Popular (PP), de tendencia fuertemente conservadora y neoliberal, se fueron turnando en el poder durante 30 años, sin mayores anomalías. Hay que destacar que el sistema constitucional funcionó también sobre la base de que, para gobernar, el ganador necesitaba, normalmente, pactar con las fuerzas nacionalistas periféricas (organizaciones nacionalistas vascas o catalanas) evitando con ello toda posible quiebra territorial en un Estado con una fuerte impronta plurinacional que, en otros contextos históricos, se había convertido en un factor decisivo de inestabilidad.
Este funcionamiento tremendamente estable y virtuoso para las élites del régimen político español empieza a dar fuertes muestras de agotamiento desde el año 2010, cuando, ante la presión de los mercados globales, el gobierno del socialista Zapatero inicia las fuertes reformas antisociales y neoliberales que serán continuadas por el actual presidente Rajoy, del PP, poco tiempo después.
La crisis del 2007 impacta brutalmente en la economía española, produciendo la explosión descontrolada de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia europea. Cientos de miles de personas pierden sus viviendas, el desempleo alcanza a millones de trabajadores, las entidades financieras más grandes del país están a punto de caer, y la prima de riesgo (diferencial entre el interés de la deuda pública española y el de la alemana) se dispara, poniendo al país ante la tesitura de ser rescatado por las instituciones europeas, a cambio de una fuerte condicionalidad.
El rescate, finalmente, se produce mediante un crédito europeo destinado al salvataje de los bancos en peor estado, por la vía de la socialización de las pérdidas de la banca privada, y a cambio de un “Memorandum de Entendimiento” que, junto al protocolo de déficit excesivo, según los criterios del Tratado de Maastricht, al que es sometida la economía española, garantiza una brutal sucesión de reformas neoliberales que impactan fuertemente sobre los servicios públicos y sobre las condiciones de trabajo de la clase obrera.
Sin embargo, este escenario de devastación social, lleva de manera casi inesperada, dada la enorme hegemonía discursiva del “consenso” entorno a los valores del régimen, a la aparición de fuertes movimientos de protesta, inaugurados por la aparición del llamado Movimiento 15M, y continuados por la emergencia de las “Mareas” (movilizaciones en defensa de los servicios públicos) y de movimientos sociales de base como las distintas plataformas en defensa del derecho a la vivienda.
Estos movimientos de resistencia operan la primera gran quiebra discursiva de la hegemonía del régimen ante la población española. El Régimen es identificado como tal, como reforma y no como ruptura del previo escenario franquista. Como teatro neoliberal donde dos grandes partidos, indiscernibles el uno del otro, y ligados a ubicuas redes de corrupción política, se turnan en el poder sin que nada cambie. Como límite y no como génesis de la democracia en un país sometido a un empobrecimiento brutal.
Este primer momento de quiebra se ve acompañado de la emergencia de nuevos partidos políticos que tratan de convertir la nueva energía social representada por la protesta en votos. Tras algunos éxitos locales y regionales, las nuevas fuerzas políticas han mostrado, en los últimos tiempos, también una fuerte tendencia al agotamiento o a la mímesis con el propio régimen, viéndose como incapaces (Podemos) de provocar un cambio dadas las limitaciones de su propuesta política verticalista y populista, o convirtiéndose en un pilar de recambio (Ciudadanos) para la continuidad futura de las políticas neoliberales así como en una estructura capaz de acoger corrientes ultraderechistas en crecimiento.
La segunda gran quiebra del escenario político español se produce desde septiembre de 2017 con la gran crisis generada en Cataluña. En un contexto de fuertes movilizaciones sociales por la independencia, la clase política catalana, en otros tiempos uno de los pilares fundamentales del Régimen, se ve abocada a lanzar un gran órdago al gobierno central en la forma de un referéndum de autodeterminación ilegalizado por el Tribunal Constitucional. La cerrazón del gobierno del PP, que procede a la aplicación de medidas de excepción constitucionales y a una fuerte represión, hace el resto, provocando una situación sin salida que alimenta al nacionalismo catalán y al más rancio y derechista patrioterismo español.
Al tiempo, dos grandes derivas empiezan a hacerse enormemente visibles para la población española: la absoluta ubicuidad de la corrupción política y empresarial de las élites, generadora de tramas delictivas en toda la geografía española; y la profundización del proceso de pérdida de libertades civiles y de derechos democráticos comenzado al hilo de la crisis. Corrupción y represión. Políticos que roban, hasta en los supermercados; y raperos que van a la cárcel por sus canciones de protesta.
Actualmente nos encontramos en el marco de una limitada recuperación económica con bases poco sólidas, sustentada en las medidas monetarias del Banco Central Europeo, la energía barata y el empujón al turismo producido por la inestabilidad en los países competidores del Norte de África, que ya va remitiendo. Con un régimen deslegitimado y con una contestación social creciente. Un régimen que camina de escándalo en escándalo , como la reciente sentencia sobre un caso de agresión sexual en grupo que ha puesto de manifiesto, ante la mayoría social, la absoluta desproporción entre las penas que enfrentan las resistencias al régimen y los delitos contra la igualdad.
Un régimen, sin embargo, sin sepultureros a la vista, ya que la única alternativa política que enfrenta al bipartidismo es, en estos momentos, Ciudadanos, un partido neoliberal que tiene al presidente francés Macron como su referencia fundamental.
La construcción popular, la confluencia de las protestas, la generación de una trama fuerte, plural y diversificada de los movimientos sociales de base, en su lento pero creciente desplegarse, parece la única alternativa real para darle la puntilla final a un régimen que está mostrando acusados signos de senilidad.
