¿También la dejarán ir?

En el cantón Cascales de la provincia de Sucumbíos, Gisela, una niña de 12 años embarazada está secuestrada por su violador; para dimensionar lo grave de la situación, el rapto se organizó por dos hombres armados que irrumpieron en la Escuela “Carlos Chávez”, donde estudia la víctima, amenazando a la profesora y a 28 estudiantes, testigos de como la niña pedía: “no dejen que me lleve”.

El Ministerio de Educación a través de su Distrito Educativo, desde el 30 de mayo (2 semanas antes del rapto) conoció y atendió el caso de violencia sexual de la menor de edad; según fuentes oficiales se tomaron medidas de protección y atención médico-psicológica con la víctima y su familia, pero a pesar de estas medidas, no se decidido trasladar a la niña a otra unidad educativa o suspender su asistencia debido a la inminente condición de vulnerabilidad.

Así mismo, llama la atención la tardanza de los ministerios competentes en informar sobre el plagio de la menor, ya que el Ministerio de Educación confirmó el hecho recién el 2 de julio – cuando ya se conocía públicamente del secuestro –, y a la mañana siguiente, el 3 de julio, las autoridades nacionales de seguridad brindaron una lamentable rueda de prensa para informar los pormenores del caso.

Fue en este espacio que el Ministro del Interior, Mauro Toscanini, demostró que el Estado para justificar una omisión o un error es capaz de invisibilizar la violencia de género y revictimizar a una menor de edad violada y secuestrada. En el intento de minimizar el hecho y de deslindar responsabilidades ante una posible acción de grupos irregulares, Toscanini indolentemente afirmó que el delito “fue de orden familiar” y perpetrado por su “pareja”, un hombre de 23 años.

Detrás de estas declaraciones del Ministro del Interior podemos identificar varios argumentos:

• La mujer, así sea menor de edad, puede ser violada y secuestrada por su “pareja” sin importar condición alguna, porque es de “orden familiar”.
• Si un violador obliga a su víctima a convivir con él, automáticamente se convierte en su pareja y no es “mayor cosa”.      
• El Estado no se preocupa por las víctimas de violencia sexual (así sea menor de edad) si el victimario es “familiar” o su “pareja”.
• Delitos como secuestro agravado, violación a menores de edad o embarazo forzado, pueden esperar frente a otras prioridades de “seguridad nacional”.

Por éstas y varias razones, la pregunta latente al ministro Toscanini y al presidente Moreno mismo, si a esta niña violada y secuestrada ¿también la dejarán ir? Como sabemos los cuerpos sin vida de Katty Velasco y Óscar Villacís fueron encontrados en Tumaco-Colombia, después de dos meses y 17 días de haber sido secuestrados por grupos irregulares en la frontera norte, abandonados a su suerte.

En este nefasto caso el Gobierno Nacional los “dejo ir” a Óscar y Katty, con la justificación de que “nada se podía hacer porque los secuestrados estaban en Colombia”; sin embargo, la inacción estatal, posiblemente, fue consecuencia de la escasa cobertura mediática que generaría una acción eficiente del Gobierno para recuperar a dos ciudadanos “comunes” de una provincia históricamente descuidada.       

Las muestras de la indiferencia del Gobierno son varias: Moreno nunca se reunió con las familias quienes no recibieron ayuda concreta desde instancias oficiales, los cuerpos se encontraron 2 meses después de su muerte (es decir durante ese tiempo se hizo nada), y tampoco hubo una declaratoria de luto nacional por Óscar y Katty.

Regresando al caso de la menor, se ha pretendido justificar desde el Gobierno, que las fuerzas de seguridad no han podido rescatar a la víctima debido a que podría encontrarse en Colombia con su violador, es decir, el mismo argumento utilizado con Óscar y Katty.

El Estado tiene la obligación constitución de brindar seguridad, especialmente, a sectores vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes, más aún si son víctimas de violencia sexual; por ello, no se puede permitir que las autoridades “dejen ir” a una menor de 12 años violada, embarazada y secuestrada por su victimario.

Es así que, el pasado viernes 6 de julio a partir de las 17h00 se convocaron varios colectivos sociales a un plantón en los exteriores del Ministerio del Interior en Quito para exigir respuestas y acciones efectivas en contra de delitos contra niñas y mujeres. Así mismo, se aprovechará el espacio para reclamar planes integrales para prevenir la violencia sexual contra menores, proyectos de educación sexual y planificación familiar, de sensibilización y visibilización de un problema estructural como es la violencia de género que, continuamente es normalizada en medios de comunicación privados y públicos, como sucedió con los reportajes de diario “El Telégrafo” que trataron el plagio y la violación como un problema dentro de una relación sentimental.

Exigimos el rescate de Gissela (¡que no la dejen ir!) y expresamos nuestra solidaridad con su familia.