La falacia de la democracia liberal
El panorama político en medio de una pandemia que no parece llegar a terminar, al menos a mediano plazo, bien podría anunciar un escenario incierto en cuanto a la celebración de las próximas elecciones. Resulta indudable que el Ecuador se encuentra atravesando por una crisis multidimensional sin precedentes de carácter social, sanitario, político y económico, catalizada pero no iniciada por el Covid-19. Es innegable que el mal gobierno, en estos últimos tres años ha profundizado y exacerbado los elementos clasistas del Estado burgués, el cual se inclina frontalmente en contra del sostener la vida y los derechos del pueblo. Estas condiciones han llevado a la explosividad del estado actual en el que nos encontramos, exacerbando las nefastas condiciones que atravesamos como sociedad.
La dictadura de la burguesía que se evidencia en el Ecuador, aupada por el imperialismo estadounidense, atenta de manera incesante en contra de la institucionalidad del Estado. En un escenario apocalíptico, bien podría suspenderse el derecho al sufragio de forma indefinida, bajo el manto y la excusa de la pandemia, terminando por consumarse una perpetuación en el poder de la administración actual, con la dictadura encubierta de la burguesía. Todo esto bajo el sostenimiento del actual estado de excepción, el cual rige desde el 16 de marzo de 2020, que ya se renovó en una ocasión y seguramente volverá a extenderse tras la terminación del plazo del mismo, este 16 de agosto.
Esta tendencia parece haberse confirmado ya en Bolivia -país sumido en una dictadura desde el 10 de noviembre de 2019, tras un golpe de Estado perpetrado por las élites empresariales, militares y clericales de extrema derecha en contra del gobierno de Evo Morales, con el apoyo directo del Departamento de Estado de EE.UU.-. Esta es la segunda ocasión en la que la dictadura pospone los comicios generales con la excusa de la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo, la extrema derecha gobernante, con Janine Áñez como dictadora, es responsable de permitir una explosión de contagios y muertes por Coronavirus en Bolivia, con más de 80.000 casos hasta el momento.
Casi de forma simultánea a ser pospuestas las elecciones en Bolivia, el presidente Donald Trump anunció el pasado 30 de julio, posponer las elecciones presidenciales previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos, hasta que “existiesen las condiciones” para que lxs ciudadanxs puedan votar de manera segura, ante la pandemia de Covid-19; el voto que se llevaría a cabo en gran parte por correo. En las encuestas, Trump se encuentra por detrás del demócrata Joe Biden, el cual bien podría derrotarlo en los comicios.
Tal parece que la extrema derecha continental explota e instrumentaliza la pandemia para impulsar y materializar sus proyectos políticos. Estos toman el carácter de una imposición de medidas antipopulares y una superposición del mercado, como en Ecuador, hasta la justificación de una posible suspensión de las condiciones democráticas y comicios generales, maquillada bajo el pretexto del cuidado de la vida, cuando bien sabemos que no les interesa en absoluto. Así es como se evidencia más y más la injerencia del Departamento de Estado de los E.E.U.U. en el escenario político nacional.
Este 2 de agosto, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, dejaba sin efecto la suspensión de cuatro partidos políticos entre los cuales constan Fuerza Compromiso Social –el partido de Rafael Correa-, Justicia Social, Juntos Podemos y Libertad es Pueblo. La suspensión se había dado el pasado 19 de julio por medio del Consejo Nacional Electoral (CNE) después de que el Contralor General del Estado, Pablo Celi, recomendara su eliminación, ante una clara autoadjudicación de funciones que no le corresponden en términos legales. El sector dominante desacata y maniobra por debajo de la mesa, en una pugna política interna, orquestada por la clase que parece impulsar su perpetuación en el poder con el fin de demorar una participación del correísmo, o cualquier fuerza política alternativa, en la contienda electoral del 2021.
La repartición del Estado en forma de privatizaciones, podría continuarse mediante el disfraz democrático, siempre y cuando tengan la seguridad de conquistar las próximas elecciones. Sin embargo, con el correísmo de vuelta en la contienda, esta estrategia se complica, no porque este represente en sí mismo una fuerza revolucionaria, pero sí se posiciona diametral y frontalmente en su contra bajo una amplitud anti neoliberal. Estas mismas élites podrían pretender dinamitar las bases de la democracia liberal, con los alcances brutales de la pandemia –evidentemente autoinducidos- hasta terminar con el desmembramiento y privatización de lo público. La oligarquía política y empresarial pretende no solo materializar las reformas y paquetazos más brutales de las últimas décadas, sino que utiliza al Estado burgués a su conveniencia, evidenciando una vez más el carácter clasista del mismo y la dictadura de la burguesía llamada democracia liberal.
En este escenario nacional e internacional, este mal gobierno nos podría mantener en un estado perpetuo de excepción ante la propagación implacable de la pandemia del Covid-19 y así consolidar su modelo de precarización y privatización. Los mecanismos electorales creados por la propia burguesía, parecen carecer de efectividad y materialidad en la actualidad, hasta para sí misma. Es evidente que la democracia liberal es desechable, cuando deja de funcionar para lxs que armaron las “reglas del juego”.
La falacia de la democracia queda al descubierto. Esta serie de atentados constituyen la espina dorsal del capitalismo salvaje, el cual se sirve de las crisis para reinventar, profundizar y fortalecer su lógica interna de depredación.
